El Gobierno no recuperará en el nuevo impuesto de la renta (IRPF) las deducciones por alquiler de vivienda para los inquilinos que desaparecieron con la reforma fiscal que el PP realizó en 1998, pese a que tanto desde el Ministerio de Vivienda como desde la propia ejecutiva del PSOE se había apuntado lo contrario en las últimas semanas. Así lo afirmó ayer el nuevo secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, quien lleva poco más de un mes en su cargo tras relevar a Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
El Ministerio de Economía parece por tanto haber optado por no «resucitar» las ayudas al alquiler de vivienda. «Esta opción ya existe, aunque queda a criterio de cada comunidad», explicó Ocaña, quien no obstante admitió que meses atrás se estudió como «una posibilidad seria» recuperar las exenciones fiscales que disfrutaban los inquilinos. Al final, y a pesar de que desde el PSOE se apuntó hace unos días que el asunto seguía «encima de la mesa» (se hablaba de una contribución de 600 euros anuales, que podría ofrecerse como ayuda directa), el secretario dijo que en el Ministerio lo han descartado al concluir que «estas ayudas a los inquilinos raramente son decisivas a la hora de determinar la decisión de alquilar o comprar una vivienda».
Ocaña también dijo que no se va a elevar el nuevo tope de aportaciones deducibles a los planes de pensiones, fijado en 8.000 euros (ampliable hasta 10.000 para los mayores de 50 años), en el nuevo IRPF que entrará en vigor el 1 de enero de 2007. En este sentido, aclaró que dicho máximo resulta «suficiente» para incentivar la contratación de un sistema de previsión alternativo, al situarse «muy por encima» de la aportación media anual, que cifró en unos 2.800 euros al año.
En su opinión, «este límite no crea problemas a la inmensa mayoría de los ciudadanos», si bien desde la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco) se insiste en que sería necesario introducir más incentivos, pues recuerdan que el nuevo tope anual deducible apenas representa la tercera parte que el vigente (que puede llegar a los 24.000 euros). Los responsables de esta organización sostienen que el Gobierno «ha mostrado su disposición» a revisar al alza ese máximo, que se situaría así entre los 9.000 y los 10.000 euros.
Billetes de 500
Por otro lado, el nuevo secretario de Estado de Hacienda adelantó que la Agencia Tributaria ha abierto una investigación para explicar el elevado número de billetes de 500 euros en circulación en España. En concreto, y según los últimos datos del Banco de España, del total de dinero en circulación, el 60% se mueve en billetes de 500, lo que supone una subida del 10% en relación con los datos del pasado año. Un nivel que es excesivamente elevado y llamativo en comparación con otros países de la UE.
Recientemente los técnicos de Hacienda hicieron pública su sospecha de que la elevada circulación de estos billetes tenía que ver con el blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas. También advirtieron de que en el sector de la construcción en el litoral mediterráneo se encuentra una de las mayores bolsas de uso de «dinero negro».
