El Gobierno permitirá acogerse a la dación en pago, la entrega de la vivienda para saldar la hipoteca, a las familias con todos sus miembros en paro y que no cuenten con ingresos adicionales para afrontar el pago de sus hipotecas, siempre que se trata de la primera vivienda, según ha anunciado el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.
«La dación en pago debe ser una excepción, pero la triste realidad es que algunas viviendas que entregan las familias es el único activo que tienen», aseguró el ministro en el Congreso de los Diputados como respuesta a una pregunta sobre la dación en pago y los abusos de las entidades financieras. Dentro de una serie de medidas recogidas en un «código de buena práctica» y reformas de carácter legal, el ministro ha adelantado que el Gobierno propondrá que al menos durante dos años estas familias puedan habitar en la vivienda antes de su desalojo. En concreto, este periodo «prudencial» podría ser también prorrogable si las familias acuerdan con la entidad financiera una cuota de pago que sea considerada «justa».
Para considerar a estas familias dentro de lo que De Guindos ha definido como «umbral de exclusión», la dación en pago se permitiría si se condiciona a que se trate de la primera vivienda y a que las familias no cuenten con rentas y patrimonio adicionales. El titular de Economía ha advertido de que habrá que actuar con «cautela» para evitar un acogimiento a esta cláusula de forma «abusiva y fraudulenta». De Guindos ha asegurado que estas medidas legislativas se estudiarán con el Ministerio de Justicia, para después promover el código de buenas prácticas entre el sector bancario. Aclaró además que las entidades se podrán acoger a este código de forma «voluntaria».
En este sentido, el ministro también ha propuesto reestructurar las deudas hipotecarias mediante la fijación del pago del capital que se adeuda de forma «proporcional» en el número de cuotas pagadas. También ha dejado abierta la «posibilidad» de que las entidades financieras asuman «parte» del riesgo de las garantías hipotecarias. «Parece razonable que por la deficiente tasación la entidad sea copartícipe», ha subrayado.
Para el colectivo considerado por el Gobierno en el «umbral de exclusión», el ministró también ha propuesto atenuar los intereses de demora, pues ha admitido que son «abusivos» y existe margen legal para flexibilizarlos. Pero el ministro ha avisado de que lejos de planteamientos «demagógicos», la dación en pago no es la «solución mágica», y ha puesto el acento en que puede mermar la concesión de crédito y reducir el plazo de amortización y la cuantía de los préstamos hipotecarios. «Hay que enmarcarlo en familias incluidas en el umbral de exclusión», ha reiterado.
