Las consejerías de Vivienda y Agricultura del Gobierno Vasco han puesto en marcha un plan de vivienda rural con el objetivo de adecuar la oferta de vivienda protegida al entorno agrario y «minimizar» la despoblación de estos núcleos. El proyecto incluye la promoción de nuevos pisos, subvenciones de hasta 10.098 euros para la compra de inmuebles en desuso y ayudas para la rehabilitación de viviendas públicas inutilizadas.
Los responsables de estos departamentos, Javier Madrazo y Gonzalo Sáenz de Samaniego, respectivamente, creen que el plan contribuirá al «equilibrio» territorial del País Vasco, actualmente descompensado al concentrarse el 95% de la población en los núcleos urbanos, mientras que las zonas rurales, que suponen el 85% del territorio, están habitadas por apenas un 5% de los ciudadanos.
El proyecto se articula en torno a tres ejes. El primero de ellos es la promoción de la vivienda protegida en el entorno agrario a través de la creación de la figura de las viviendas de protección rural. La Ley del Suelo, en el capítulo dedicado a los pisos tasados, permite que sean los propios ayuntamientos los que definan las características de parte de las viviendas que se promuevan en sus propios municipios, con el fin de que estos inmuebles puedan adecuarse a las necesidades del mundo rural. Además, los ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes y algunos de menos de 3.000 están obligados mediante esta ley a dedicar parte de sus suelos residenciales a vivienda protegida.
Viviendas libres usadas
Por otra parte, el programa contempla la concesión de ayudas para la adquisición de pisos libres usados. La orden sobre estas subvenciones, que se emitirá el 25 de enero, prevé la posibilidad de acogerse a ayudas para la adquisición de viviendas libres usadas en los municipios rurales de menos de 3.000 habitantes.
Las subvenciones se destinarán a personas con ingresos mínimos de 3.000 euros y máximos de 33.000 euros al año. El precio máximo de compra de los pisos no podrá superar los 170.000 euros. La cuantía de la subvención será del 5% o hasta el 6% del precio del inmueble, en función de los ingresos de los solicitantes y de otras circunstancias, como que estos tengan menos de 35 años o sean familia numerosa. La cuantía máxima de las ayudas será de 10.098 euros.
El tercer eje consiste en un programa piloto para la rehabilitación y puesta en alquiler de viviendas públicas en desuso, como los pisos para maestros rurales actualmente desocupados. Tras la identificación de los pisos que pueden acogerse a estas aportaciones, el departamento de Vivienda firmará un convenio con el ayuntamiento correspondiente. A través de ese acuerdo, se cederán gratuitamente los pisos al Ejecutivo Vasco para que éste los rehabilite. Posteriormente, los inmuebles se alquilarán en régimen de alquiler social.
