El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia ya ha admitido a trámite la solicitud de concurso voluntario -antigua suspensión de pagos- presentada por Grupo Llanera este lunes. Esta celeridad responde al objetivo de evitar que la crisis de la promotora inmobiliaria genere un colapso en las decenas de obras que tiene en marcha en estos momentos, fundamentalmente en la Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y Madrid.
La suspensión de pagos afecta a seis de la empresas que conforman el grupo comandado por Fernando Gallego (Llanera SL, Llanera Construcciones, Obras y Proyectos SLU, Llanera Urbanismo e Inmobiliaria SLU, Aldalondo, SLU, Descans Les Marines SLU y Patrimonial Arenall SLU).
Así, tras la aceptación del concurso -comunicada oficialmente un día después de la solicitud- está previsto que la próxima semana los administradores nombrados por el juzgado se personen en la sede de la compañía. Los acreedores dispondrán de un mes para reclamar las deudas pendientes.
La suspensión de pagos traslada la crisis a cientos de proveedores
Los interventores judiciales deberán fijar el pasivo exigible al que ha de hacer frente la empresa, y coordinar con su consejo de administración el futuro de las obras en marcha, valoradas en unos 200 millones de euros y en las que habría implicados unos 3.000 trabajadores, así como edificaciones públicas tales como tres hospitales o siete colegios de la Generalitat Valenciana.
Algunas de las obras en marcha se han paralizado debido a la falta de suministros. A día de hoy, Llanera no puede contraer nuevas deudas, de ahí que resulte imperioso «normalizar» su situación en la media de lo posible y evitar el perjuicio a terceros.
Las primeras empresas en recibir sus pagos serían aquellas que suministren a la constructora durante el proceso. En esta línea, entidades financieras como el Banco de Valencia -que se encuentra en la lista de acreedores con unos 24 millones de euros- han mostrado su disposición a continuar financiando promociones puestas en marcha si durante el periodo en el que esté en vigor la suspensión de pagos continúa la actividad de la compañía.
Proveedores
Según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJV), con posterioridad a la presentación del concurso voluntario, un grupo de acreedores del grupo inmobiliario presentó la petición de concurso necesario, que el Decanato de los juzgados de Valencia ha trasladado al juzgado de lo Mercantil número 1. No obstante, ambas solicitudes deberán ser tramitadas en un juzgado, como establece la ley Concursal. En todo caso, Llanera ha cobrado cierta ventaja al anticiparse, según explicaron desde Iure Abogados, que representa los intereses de unos treinta acreedores.
Con el concurso voluntario, el administrador judicial compartirá decisiones con el consejo de administración. La empresa, además, no tendrá que atender el «privilegio» del que gozarían los acreedores que hubieran instado al concurso, cifrado en el 25% de la deuda. Se calcula que la empresa cuenta con cuatrocientos pequeños acreedores, muchos de ellos pymes cuya facturación depende, en gran medida, de su relación con la promotora. Por ejemplo, doscientos obreros que trabajan en la construcción del parque comercial Bahía Málaga, en la capital de la Costa del Sol, se ven afectados por el impago de la compañía constructora.
La crisis de Llanera ejemplifica la decadencia de un modelo de negocio basado en la compra de suelo rústico para esperar su recalificación y en un endeudamiento brutal a corto plazo, mientras el negocio se plantea en un horizonte temporal mucho más amplio.
La empresa atribuyó ayer a través de un comunicado la crisis al incremento continuado del euríbor, que ha provocado la «retracción del crédito a particulares para la compra de viviendas» y, al tiempo, «la reducción de la financiación para emprender nuevos proyectos inmobiliarios».
La onda expansiva de la caída del Grupo Llanera, la primera víctima de la desaceleración del mercado inmobiliario español, ha alcanzado a la Región de Murcia. La suspensión de pagos de la promotora valenciana deja en el aire el futuro de dos complejos urbanísticos en Murcia y Caravaca y la construcción 5.500 viviendas.
