El precio de los pisos en España se estabilizará a corto plazo, porque la gran demanda ya está abastecida y no parece que los tipos de interés o el empleo vayan a sufrir «grandes turbulencias». Así lo pone de manifiesto el primer informe realizado por el Observatorio de Vivienda, que recoge las conclusiones de unas jornadas organizadas en el periodo 2004-2005 y en las que participaron más de 100 expertos.
El informe indica que el precio de la vivienda es el que condiciona el del suelo, ya que cualquier ayuda destinada a la adquisición ha sido absorbida por éste. Asimismo, apunta que determinar el encarecimiento de un piso a partir del suelo, de su precio y de la supuesta escasez que determina ese precio es una «falacia», dado que lo atribuye a la corrupción y especulación que hay en este ámbito.
En opinión del Observatorio, la política global de las administraciones públicas debería garantizar la suficiencia de suelo público bien localizado con destino a vivienda protegida a precio tasado, tanto pública como privada.
No obstante, advierte de que los aumentos de porcentajes de cesión de suelo si no se adoptan de forma transitoria provocarán un encarecimiento de la vivienda, ya que el promotor al tener que ceder a la Administración más suelo elevará el precio para obtener el mismo margen de beneficio que con la totalidad del terreno.
Esta recomendación hace referencia a la futura reforma de la Ley del Suelo, que obligará a los gobiernos regionales a reservar un mínimo del 25% del terreno a la construcción de viviendas de protección oficial, mientras que en la actualidad en algunas comunidades autónomas ese porcentaje es inferior o nulo.
Alquiler
Respecto al mercado de alquiler, el informe destaca la necesidad de introducir cambios cualitativos y cuantitativos en la política fiscal dedicada a este tipo de viviendas, de manera que el arrendamiento deje de estar fiscalmente «discriminado». Calcula que para reequilibrar este mercado con el de propiedad sería necesario introducir cinco millones de viviendas.
Además, cuestiona el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), ya que, a su juicio, es un tributo «ineficiente» y «anacrónico», que sólo permite a las haciendas locales ingresar más dinero, pero «infla» el precio de la vivienda de segunda mano en un momento de «boom» inmobiliario.
Ante este panorama, el informe considera que los grandes partidos políticos deben ser capaces de formalizar un Pacto de Estado en materia de urbanismo y vivienda, de manera que el problema del acceso a un piso se «extraiga» de las manipulaciones de carácter político.
