El precio real de la vivienda ha caído un 20% desde sus máximos en el primer trimestre de 2008. No obstante, todavía podría descender un 10% adicional hasta finales de 2012 y principios de 2013, con lo que se completaría un ajuste del 30% desde el inicio de la crisis, según ha afirmado el director general del Servicio de Estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina. «Aún queda un recorrido en el ajuste de precios», ha afirmado durante en su intervención durante la Conferencia Inmobiliaria de Madrid 2011, antesala del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA).
Malo de Molina ha explicado que «podríamos llegar al final del ajuste de cantidades», ya que se ha pasado de ritmos de producción de 750.000 viviendas al año durante el «boom» a entre 90.000 y 100.000 inmuebles. Si se tiene en cuenta que históricamente los ajustes de la construcción en España se realizan en este ámbito, supondría que «el grueso del ajuste está hecho», ha dicho.
Con las cifras que las autoridades europeas han aplicado en los test de estrés, Malo de Molina ha asegurado que aún hay una horquilla de stock de viviendas sin vender que oscilaría entre las 800.000 y el 1,1 millones de inmuebles, lo que «ejerce presión» sobre los precios. El Banco de España sostiene así que «queda un recorrido en el ajuste de precios» que se prolongará hasta finales de 2012 o principios de 2013, hasta un ajuste total de hasta el 30%. Además, ha indicado que en el caso del suelo el descenso de los precios es ya del 30% en términos reales y que alcanzará el 45% o el 50%.
El director general del Servicio de Estudios del Banco de España ha señalado «que no basta con hacer la digestión» de estos excesos para asegurar el buen funcionamiento del sector inmobiliario, sino que «hay que sacar lecciones para que no se vuelvan a repetir». En su opinión, es necesario generar un mercado del alquiler «más fuerte y más potente» y ha afirmado que «hay mucho que hacer en los planos fiscal y regulatorio». Además, ha apostado por «mejorar sustancialmente la información estadística», así como por «repensar» los mecanismos de financiación de los ayuntamientos.
