Con un total de 120 votos a favor, 132 en contra y una abstención, el Pleno del Senado ha rechazado incluir una modificación en la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios para legislar y regular las cláusulas de «suelo» de las hipotecas. La proposición de ley se rechaza después de que el 23 de septiembre de 2009 el Pleno de la Cámara Alta aprobara por unanimidad una moción para reclamar al Gobierno medidas para evitar abusos de las entidades bancarias en las revisiones de los créditos hipotecarios.
El resultado de la votación supone que el Senado se decanta por acoger las conclusiones emitidas por el Banco de España en un informe que advirtió de que la eliminación de las cláusulas de «suelo» de las hipotecas tendría un impacto negativo en las cuentas de las entidades financieras. El Banco de España elaboró este informe en noviembre de 2009 a petición del Senado.
Este tipo de cláusulas consisten en establecer un «suelo» para el tipo de interés, que fija un mínimo del que no se puede bajar e impiden al usuario beneficiarse de las bajadas del Euribor. Las hipotecas también tienen cláusulas de «techo», pero mientras éste suele rondar entre el 10% y el 12% del interés, el suelo está en el 3% de media, aunque en algunos casos queda fijado en el 4% e incluso en el 5%.
Desde la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), su presidente, Manuel Pardos, lamentó que finalmente el Senado «se haya decantado por defender los intereses del sector bancario, en lugar de defender a los consumidores». Pardos recordó que el impacto de estas cláusulas en los consumidores es «abrumador», ya que de los 4,4 millones de usuarios que se han vinculado a una hipoteca en los últimos cuatro años, según datos del INE, entre 1,5 millones y 3,1 millones sufren las consecuencias de los «suelos», que suponen pérdidas anuales que puede llegar a los 6.000 euros.
Adicae indicó también que numerosos españoles se enfrentan a embargos de sus viviendas por problemas de impago y que, además, los juzgados españoles están repletos de demandas presentadas por los clientes de hipotecas contra las entidades bancarias por los presuntos abusos cometidos con estas cláusulas.
