El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer, con 331 votos a favor y una abstención, una moción consecuencia de interpelación urgente sobre el Plan de Vivienda 2009-2012, que contempla, entre otras medidas, la modificación de las condiciones de los préstamos hipotecarios sobre vivienda protegida. De esta forma, se ampliará del 80% al 95% la cobertura y su plazo de amortización de 25 a 30 años.
La interpelación al Ejecutivo central pretende «favorecer el acceso a la vivienda a todos los ciudadanos, pero en especial a quienes disponen de menos recursos». Por ello, el texto recoge que se realicen los cambios normativos necesarios para maximizar las medidas establecidas en el plan del Ministerio de Vivienda, señaló el Congreso.
El Pleno del Congreso de los Diputados propuso tres bloques de medidas para intentar alcanzar este objetivo. El primer grupo de medidas busca la mejora de la información y la eficiencia administrativa del Plan de Vivienda a través de distintas actuaciones como la evaluación continuada de la normativa, la realización de un informe sobre la ejecución de las líneas de crédito para evaluar la facilidad o dificultad de la aplicación de éstas y la realización de un estudio de las cargas administrativas del Ministerio de Vivienda con el fin de simplificar la gestión administrativa, aproximar las políticas a los ciudadanos y mejorar la eficiencia de sus actuaciones.
En segundo lugar, se pide al Gobierno facilitar el acceso a la vivienda protegida y fomentar su construcción. Para ello, sería necesario la aprobación de mejoras destinadas a las familias numerosas, la movilización del stock de vivienda en venta, la actualización del IPC en la regulación de precios de venta de las viviendas de alquiler a 10 años, la modificación de las condiciones de los préstamos para la adquisición de viviendas protegidas, la introducción de medidas para afrontar los desahucios por impago de las rentas hipotecarias o de alquiler y la valoración del coste real de la vivienda en cada uno de los territorios. Además, se contempla destinar el suelo y los bienes «infrautilizados» adscrito a los Ministerios de Defensa, Interior y Fomento, incluidos los entes empresariales, a la construcción de viviendas protegidas o espacios destinados a otros fines sociales.
El tercer bloque de medidas engloba la creación de un parque de viviendas de alquiler a precios asequibles a partir del desarrollo de un modelo de colaboración público-privada, que se debatirá en Comisión. Además, un elevado porcentaje del stock de viviendas existentes se destinará a alquiler.
