Los propietarios de pisos vacíos deberán ocuparlos o alquilarlos. De lo contrario, sus viviendas podrían ser expropiadas por las administraciones competentes o se les aplicaría el régimen de venta forzosa, según recoge el borrador de la futura Ley del Suelo.
El diario El Mundo informa en su edición de hoy que el artículo 9 del borrador indica cuál es el compromiso que debe asumir el dueño de un bien edificado y desocupado y cuya finalidad última sea una residencia: «El deber de dedicarlo al uso previsto o autorizado incluye el de utilizarlo o ponerlo a disposición de terceros mediante cualquier negocio jurídico».
Trujillo afirma que el Gobierno «no expropia ni expropiará» los pisos vacíos
La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, afirmó que el Gobierno central «no expropia ni expropiará pisos» vacíos, sino que contempla otras opciones para incentivar el alquiler. Tanto la expropiación como la venta forzosa son dos de las medidas contempladas en el borrador.
Trujillo reiteraba así lo que poco antes había expresado el ministro de Economía, Pedro Solbes, quien admitió que el Gobierno trabaja con la idea de «incentivar la ocupación» de viviendas vacías, pero «nunca se ha hablado de medidas de ese tipo», en referencia a la expropiación.
Iniciativa catalana
Precisamente, para lograr que salgan al mercado pisos permanentemente vacíos, la Generalitat de Cataluña ha propuesto expropiarlos en casos extremos y en zonas muy concretas.
María Antonia Trujillo apoya esta medida ya que las «autonomías deben garantizar la función social de la vivienda», y tienen competencia exclusiva para lograr este objetivo, dijo ayer en el salón Barcelona Meeting Point.
Para Trujillo, la Generalitat, «en el ejercicio de sus competencias en la materia, tiene que establecer qué herramientas e instrumentos deben garantizar la función social de la vivienda».
La ministra añadió que la apuesta del Gobierno central para que afloren los pisos desocupados que hay en España ha sido crear la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), que facilitará el arrendamiento de estos inmuebles con la garantía del sector público para sus propietarios.
Accesibilidad universal
Según Trujillo, la futura legislación sobre el suelo recogerá que la vivienda debe cumplir una función social y está destinada preferentemente a que sea habitada. Esta futura ley del suelo, que todavía está en fase de trabajo, partirá directamente de la Constitución y considerará el suelo no sólo como un valor patrimonial y económico, «sino como un valor medioambiental, un recurso escaso que no se puede reponer» y como un recurso social unido directamente a la vivienda.
La ministra pronunció la lección inaugural de la quinta edición del Máster en Derecho Inmobiliario, Urbanística y de la Edificación que imparte el Instituto de Educación Continua (IDEC) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y dedicó gran parte de su intervención a abogar por la «mezcla de usos» en las ciudades y a la necesidad de potenciar un desarrollo urbanístico «sostenible».
En este sentido, instó a «repensar la ciudad en clave de género y de edad», asegurando que la futura Ley del Suelo consagrará el principio de accesibilidad universal a la vivienda y a los equipamientos. Para Trujillo, las políticas urbanísticas tendrían que tener como prioridad un «modelo de ciudad compacta, con mezcla de usos, buen transporte público, una red de equipamientos asequibles y viviendas de diferentes tipologías».
8 millones de m2
El Estado tiene comprometidos más de seis millones de metros cuadrados de su propiedad para la construcción de 30.000 viviendas protegidas y otros dos millones de metros cuadrados para equipamientos de tipo cultural, deportivo y educativo, informó Trujillo.
