La Asociación de Promotores y Constructores de España (Apce) no ha tardado en cargar contra el proyecto de Ley del Suelo que el pasado viernes recibió el visto bueno del Consejo de Ministros para ser enviado a las Cortes. Apce aseguró ayer que la norma es intervencionista y que, lejos de frenar la especulación, encarecerá los pisos del mercado libre.
La patronal reiteró su total apoyo al objetivo de evitar la retención especulativa de terrenos que persigue la ley, porque «eleva de forma artificial el coste del suelo». Pero ese comportamiento, matizó, «sólo puede darse en relación con el suelo urbanizado o urbanizable limitado y no con el suelo rural o urbanizable no delimitado». Una de las novedades más importantes que presenta el proyecto de ley es la segmentación en sólo dos clases de suelo -rústico y urbano- a la hora de las valoraciones (en casos de expropiación, por ejemplo).
Los promotores afirman que «los caminos propuestos por el Ministerio de Vivienda no conducen al destino deseado, sino a uno diametralmente opuesto: a un encarecimiento del precio final de la vivienda». «Lo que es lógico en una economía de mercado es que las cosas valen lo que valen y que el precio lo fije el mercado, que para eso está», sentencian. Junto a la liberalización del suelo, reclaman la agilización de los trámites burocráticos del planeamiento urbanístico que, dicen, es otro de los problemas que presenta el mercado español.
Fiestas y toros
La norma sitúa la denominada cesión de aprovechamiento (de los promotores a los ayuntamientos) de terrenos en cada desarrollo entre un 5% y un 15% que, en casos excepcionales, podría elevarse al 20%. En esos suelos, los consistorios deben levantar pisos protegidos, espacios verdes o cualquier otro tipo de equipamiento social. Hasta ahora, la horquilla iba de cero al 10%. Pero los promotores aseguran que gran parte de las corporaciones locales no cumplen con ese deber y no lo harán tampoco en el futuro. «Los han vendido -los terrenos- en subasta pública para financiar gastos como las fiestas del pueblo o corridas de toros defendiendo que se trataba de acciones de interés social», apuntan.
Respecto a la obligatoriedad de que en cada nuevo desarrollo se destine un 25% (las autonomías pueden después elevar el porcentaje) de suelo a pisos protegidos, Apce dice que esto generará inseguridad jurídica para los empresarios que operan en las comunidades que manejan porcentajes menores como Murcia o La Rioja.
