El Congreso de los Diputados aprobó ayer el texto definitivo del proyecto de la Ley del Suelo, que durante más de un año y medio ha sido objeto de críticas y controversias. Su entrada en vigor está prevista para el próximo 1 de julio, una vez se hayan constituido los ejecutivos autonómicos y locales tras los comicios del 27 de mayo.
Esta normativa viene a sustituir a la vigente desde 1998. Entre las novedades que recoge destaca el nuevo sistema de valoración de los suelos, que considerará sus rendimientos de explotación y excluirá de dicha valoración sus expectativas.
En relación a la vivienda de protección oficial (VPO), la ley busca fomentarla, para lo cual contempla la obligación de establecer una reserva de suelo del 30% de los proyectos urbanísticos para la construcción de este tipo de casas. Asimismo, fija un porcentaje de cesión de suelo a los ayuntamientos de entre el 5% y el 15%.
El Gobierno pretende además que la nueva norma sea un arma eficaz contra la especulación urbanística. En este sentido, establece la revisión de las actuaciones urbanizadoras cuando conlleven, por sí mismas o en unión a las aprobadas en los dos últimos años, un incremento superior al 20% de la población o de la superficie de suelo urbanizado del municipio o ámbito territorial.
El presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, quien decidió intervenir a petición propia en el debate, dijo que espera que la normativa aprobada ayude también a «frenar la espiral de precios desorbitados de la vivienda vivida en los últimos años, aún cuando empieza a ralentizarse su crecimiento».
Zapatero aseguró además que corregirá «una etapa de decrecimiento de la VPO, la anomalía de las viviendas desocupadas, conducirá el aumento del suelo urbanizado, preservará el patrimonio paisajístico y medioambiental, y plantará cara a la corrupción, cumpliendo con el sentido social del urbanismo y del suelo».
Reacciones dispares
La aprobación de la Ley del Suelo ha provocado reacciones de diversa índole. A favor se han pronunciado algunas asociaciones de consumidores, como CECU, y en contra, los promotores y constructores.
La Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU) se ha felicitado por la nueva norma y las medidas recogidas en ella, especialmente las que se refieren a la vivienda protegida y las encaminadas a frenar la especulación.
CECU ha recordado que la vivienda es aún el principal problema de los ciudadanos, especialmente en cuanto al acceso a la misma, debido a «un incremento excesivo de los precios», al que se une «una progresiva pérdida de poder adquisitivo» por parte de las familias constatada en la cada vez más baja tasa de ahorro.
Asimismo, ha señalado que los problemas en la vivienda no concluyen con su compra, sino que, en ocasiones, su adquisición es sólo el principio: retrasos en las entregas, desperfectos o incumplimientos en las memorias de calidades son algunos de los contratiempos más habituales, destacando también la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.
La visión negativa de la ley la aporta la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE). A su juicio, los efectos de la normativa serán todo lo contrario a lo que se persigue. La APCE augura el encarecimiento de las viviendas de segunda mano y un endurecimiento de los préstamos para la promoción de nuevas viviendas.
A los promotores y constructores les preocupa sobre todo el aumento del porcentaje de reserva de suelo para vivienda protegida y de las cesiones a los ayuntamientos. En este sentido, dicen que estos incrementos «conllevarán, inevitablemente, un aumento de los costes del suelo, el primero repercutiendo sobre toda clase de viviendas y el segundo sobre las libres».
El único efecto de la ley que ven a corto plazo es al abaratamiento del coste de las expropiaciones por razón de obras públicas, que perjudicará a todos los que hayan comprado suelo a precio de mercado.
