La propuesta del Gobierno canario de urbanizar suelo rústico para construir Viviendas de Protección Oficial (VPO) choca con las leyes de las Directrices de Ordenación General y del Turismo y con la del Territorio, según ha advertido el Consejo Económico y Social (CES). Esta consideración se recoge en el dictamen emitido sobre el anteproyecto de ley de modificación de la ley de Vivienda con el que se pretende hacer frente a la falta de suelo.
La medida del Ejecutivo regional será transitoria porque estará vigente hasta que finalice el proceso de adaptación de los planes generales de los ayuntamientos al texto refundido de las leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales, que termina en diciembre del año 2006. Las citadas directrices introdujeron una modificación importante en el texto refundido de la legislación que ordena el territorio al exigir que se reserve el 20% del suelo con destino residencial para la construcción de viviendas protegidas.
Los ayuntamientos se han visto obligados a adaptar sus planes generales y esta situación ha provocado, según el Gobierno, una escasez de suelo que dificulta el desarrollo del Plan de Vivienda 2002-2005. Para paliar este problema, la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda propone una modificación de la ley de Vivienda con la que se permite reclasificar suelo rústico en urbanizable para hacer promociones públicas.
El CES, en primer lugar, discrepa con la vía utilizada por el Ejecutivo regional ya que considera que se debería haber propuesto la modificación del texto refundido para evitar la dispersión y garantizar la seguridad jurídica. En segundo lugar afirma que es «discutible» el anteproyecto porque regula «la reserva de terrenos necesarios para implantar dotaciones educativas y socio sanitarias, cuestiones ajenas» a la vivienda. Para el Consejo Económico y Social es «especialmente controvertido» el que no se establezcan límites a la clasificación de suelo rústico al entender que podría «alterar la consideración del suelo como un recurso escaso y factor de cohesión social, que determina la política urbanística de la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo y la Ley del Territorio».
El CES propone limitar esta posibilidad introduciendo un concepto jurídico como es la «situación excepcional de claro interés general» con el que se ordenaría la urbanización de estos suelos. El Consejo Económico y Social entiende que la creación de bolsas de suelo para viviendas protección oficial debe realizarse «sin socavar la vocación agropecuaria o de mantenimiento de suelos estratégicos».
Hacerlo supondría, según expresa el dictamen, la creación de nuevas urbanizaciones que paralelamente necesitan costes mayores en redes de transporte y de energía, entre otros.
