La ministra de Vivienda, Carme Chacón, y representantes de las comunidades se reunieron ayer para acordar la forma en que tramitarán y entregarán las ayudas de 210 euros al alquiler, cuyos destinatarios serán jóvenes de 22 a 30 años. El dinero lo aportará la Administración central, pero las autonomías se encargarán de repartirlo y de verificar que los perceptores cumplen los requisitos exigidos. El objetivo de Chacón es que el dinero comience a entregarse a partir del 1 de enero, aunque las comunidades tendrán dos meses de plazo para realizar la tramitación.
Los jóvenes podrán solicitar esta paga bien accediendo a un formulario en la página web del Ministerio de Vivienda, o bien a través de las comunidades autónomas. No obstante, además de la solicitud, deberán presentar un contrato de arrendamiento, la referencia catastral del inmueble y el número de afiliación a la Seguridad Social.
Las ayudas por alquiler se solicitarán en las autonomías
La ministra Carme Chacón se aseguró de forma casi unánime el apoyo de las administraciones regionales. Tras el encuentro, al que no asistió la responsable madrileña, el Ministerio anunció que las comunidades podrán comprobar la información que de los beneficiarios manejan la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Así, podrán confirmar si el joven de entre 22 y 30 años que solicita la ayuda cumple con las condiciones de tener contrato de trabajo y cobrar menos de 22.000 euros brutos anuales.
Trámites
Los gobiernos autónomos podrán recabar los datos de los solicitantes a través de las delegaciones territoriales del catastro, de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social. A partir de ese momento, dispondrán de un plazo máximo de dos meses para resolver el expediente y trasladarlo al Ministerio, que autorizará formalmente el pago de los 210 euros al inquilino.
Los solicitantes deberán presentar un contrato de arrendamiento, la referencia catastral del inmueble y el número de afiliación a la Seguridad Social
Para agilizar la gestión del dinero, Vivienda elaborará una aplicación informática que facilitará el acceso a los archivos de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria. La ministra quiere, además, que el procedimiento para conceder las ayudas sea revisado todos los años con el propósito de evitar fraudes.
Chacón estima que 361.000 jóvenes se beneficiarán el próximo año de esta medida, lo que costará a las arcas públicas 411 millones de euros. Este importe se elevará a 436 millones si se añaden el aval y la fianza.
