El próximo viernes 25 de julio prescribirán más de 8.800 millones de euros en impuestos procedentes de operaciones en «dinero negro» efectuadas por empresas constructoras y promotoras en el año 2003, en su gran mayoría con billetes de 500 euros. Esta advertencia la lanzó ayer el secretario general del Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública (Gestha), José María Mollinedo, durante un curso de la Universidad Complutense de Madrid celebrado en El Escorial.
Mollinedo afirmó que la práctica totalidad de estas operaciones fraudulentas con billetes de 500 euros fueron realizadas por sociedades, principalmente del sector inmobiliario o relacionadas con la compraventa de inmuebles, lo que pone de manifiesto una vez más «la estrecha relación» existente entre este sector y esos billetes.
Gestha calcula que el «dinero negro» acumulado hasta diciembre de 2003 ascendía a 23.491 millones de euros, lo que sitúa el impago del Impuesto sobre Sociedades -por el uso fraudulento de los billetes grandes- en un mínimo de 8.200 millones de euros derivados de la práctica habitual de escriturar un inmueble por debajo del valor real del mercado con el pago de la parte correspondiente en billetes de 500 euros.
A esta suma hay que añadir, según los técnicos de Hacienda, 600 millones que tienen su origen en «fraudes comunes», entre los que destaca, por su cuantía y frecuencia, las tramas de facturas falsas de empresas auxiliares que ingresan entre cuatro y cinco millones de euros al año, así como la emisión de facturas falseadas por un valor superior al real de los trabajos realizados por empresarios individuales en el sistema de módulos.
Dentro de esta categoría de fraudes, se encuentra también el diferimiento en el pago de impuestos, con prácticas como la manipulación en la valoración de las existencias de inmuebles realizadas de común acuerdo entre promotor y constructor.
Refugio rentable
Si bien las actuaciones de la Agencia Tributaria sobre el sector inmobiliario se han incrementado en los últimos años, Gestha advierte de que la Ley Antifraude -aprobada hace casi dos años- no ha conseguido detectar las operaciones inmobiliarias de carácter especulativo donde parece que el «dinero negro» encontró un refugio rentable.
En este sentido, afirma que la evasión fiscal en el sector inmobiliario supera los 8.800 millones de euros anuales y sólo las comunidades autónomas de Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia concentran el 67% de este fraude.
El colectivo denuncia que Hacienda ha alentado una práctica «demasiado benevolente» que ha permitido a buena parte de los grandes defraudadores eludir sus responsabilidades fiscales o penales al facilitarles «previo aviso» un periodo de gracia de un mes para que ingresen «voluntariamente» lo defraudado sin sanciones, ni denuncias por los delitos fiscales cuando el fraude supera los 120.000 euros.
Además, Gestha recuerda que apenas se han remitido a la Fiscalía algunos de los 12.000 casos detectados con más de 1.000 billetes de 500 utilizados entre 2003 y 2006.
Respecto a la caída registrada en la cifra de billetes de 500 euros en circulación desde mediados del pasado año, los técnicos consideran que no es consecuencia directa del mayor número de inspecciones, sino del ajuste experimentado por el sector inmobiliario.
