Desde que empezó la crisis económica, más de 300.000 familias han sido desahuciadas por no pagar su hipoteca. A pesar de haber dado las llaves de su casa al banco, tienen que pagar la deuda que no se ha cubierto en el momento de la entrega. Para evitar situaciones críticas como la que se vive hoy en día, las asociaciones de afectados y una parte de la ciudadanía apoyan la dación en pago como solución a un conflicto que afecta a miles de españoles. Proponen que cuando pagar sea imposible, la entrega de la casa ponga fin a la deuda con la entidad financiera. La dación en pago de manera retroactiva se utilizaría solo en determinados casos y estaría dirigida a deudores de buena fe que tengan como residencia habitual la casa hipotecada.
Ventajas
- La deuda se extinguiría con la entrega de la vivienda. Esta es, sin duda, la principal ventaja que traería consigo la aplicación de esta fórmula. Hoy, las miles de familias que no pueden pagar la hipoteca deben dar al banco las llaves de la vivienda, buscar otro sitio en el que residir y devolver el dinero que deben a la entidad, con toda probabilidad a lo largo de décadas.
La dación en pago permitiría que las personas que se han visto obligadas a abandonar su vivienda pudieran continuar su vida, empezar de cero con muchas dificultades, sin casa, sin ahorros, pero también sin arrastrar una deuda que les ahogue.
Los ciudadanos podrían beneficiarse de una situación similar a la que disfrutan las empresas. Los promotores que no han podido pagar las deudas han entregado sus pisos al banco y, con ellos, las obligaciones que tenían con las entidades financieras han quedado extinguidas. Pueden iniciar otros negocios y continuar otras promociones sin el estigma de aparecer en listas de morosos que les impidan acceder a cualquier tipo de crédito.
Disminuiría los elevadísimos gastos de demora. El impago de la hipoteca por parte de los clientes hace que, además del dinero que deben pagar al banco en concepto de capital, intereses y comisiones, tengan que abonar unos altísimos réditos por haberse retrasado. Son tan elevados, que con mucha frecuencia provocan que la deuda con la entidad llegue a ser el doble de lo que en inicio valía la casa.
Con la entrega de la vivienda en el momento en que ya no fuera posible pagar, estos intereses se minimizarían. Los ciudadanos también se ahorrarían las costas judiciales del proceso, que agravan la situación económica por la que pasan.
Terminaría con el actual sistema de subastas. Es un procedimiento legal, pero injusto para quienes no pueden pagar su vivienda. Si esta sale a subasta y nadie puja por ella, la entidad a la que el ciudadano debe el dinero se la puede adjudicar por el 60% de su valor, una cantidad un 10% superior que la aplicada hasta ahora y que se modificó este verano a través de un Real Decreto, aunque todavía es insuficiente.
El sistema pone trabas a los ciudadanos para participar en este tipo de subastas -si bien se han suavizado con la misma ley-, así es que el acceso a una vivienda por el sistema de pujas es complicado para los interesados en comprarla, algo que repercute de manera negativa sobre los propietarios que no pueden pagarla.
El banco se queda con la casa por algo más de la mitad de su valor y puede ponerla de nuevo en venta con la ganancia de una elevada cantidad de dinero, mientras el cliente aún le paga el 40% restante, más los intereses de demora.
Dejaría de generar marginalidad y dramas sociales. La Ley Hipotecaria, la burbuja inmobiliaria que infló los precios y el sistema de subastas, unidos a la crisis económica y al paro, han generado una enorme bolsa de pobreza constituida por personas sin vivienda, sin trabajo, sin dinero y con una deuda que no se extinguirá hasta que fallezcan.
Quienes trabajan tienen parte de su nómina embargada para pagar lo que deben a la entidad, pero la mayoría de quienes han dejado de abonar las mensualidades de la hipoteca lo han hecho porque ya no tenían un empleo y tampoco ahorros. Ahora se encuentran fuera de su casa, sin un sitio donde vivir con sus hijos y con unas malas expectativas laborales.
En el mejor de los casos, quien trabaje podrá pagar la deuda poco a poco. Sin embargo, al figurar en listas de morosos, será muy difícil que pueda acceder de nuevo a una vivienda. Comprarla está descartado, pero tampoco le será fácil arrendarla por su historial crediticio.
No solo le está vedado este tipo de financiación, sino también el pago a plazos de cualquier producto, la concesión de una tarjeta de crédito o el contrato de un servicio de telefonía que no sea prepago. La entrega de la vivienda evitaría espirales de pobreza.
Reduciría la economía sumergida. Muchas de las personas que han perdido su casa optan por aceptar trabajos no declarados como única solución para que no les embarguen la nómina. Aunque la cuantía que no se puede retener ha ascendido a 961 euros como consecuencia de las medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, no es suficiente para seguir adelante. Con la dación en pago, una parte de la economía sumergida desaparecería.
Inconvenientes
Las entidades advierten de las negativas consecuencias que tendría el hecho de verse obligadas a aceptar la dación en pago.
El impacto negativo sobre las cuentas de los bancos complicaría aún más la recuperación económica
Provocaría inseguridad jurídica. Su aplicación con carácter retroactivo supondría la intervención del estado en contratos ya firmados. Tanto los bancos como sus clientes firmaron de modo voluntario las condiciones de la hipoteca y ahora tienen que cumplirlas. La modificación de un contrato en vigor a posteriori sin que las dos partes estén de acuerdo no es posible, dicen, y generaría graves conflictos jurídicos.
La mala imagen exterior. El negativo impacto que tendría en las cuentas de los bancos estaría mal visto en un sistema global que tiene a algunos países de la Unión Europea en el punto de mira, y la recuperación económica sería aún más complicada. Según la Confederación Española de Cajas de Ahorro, la dación en pago perjudicaría incluso a la prima de riesgo de España.
Endurecimiento del acceso al crédito. Los bancos ya han avisado de que las condiciones de financiación al conceder una hipoteca empeorarían si se ven obligados a aceptar la dación en pago. Aseguran que el 97% de las personas que cumplen con sus obligaciones con la entidad se verían perjudicadas si se modifica la normativa, frente al 3% restante que no afronta los pagos y saldría beneficiado.
El porcentaje de financiación sería menor y el plazo más reducido. La dación en pago haría que las expectativas de ganancia con las que cuentan los bancos se redujeran. En este momento, saben que si sus clientes no pagan pueden adjudicarse la vivienda hipotecada por el 60% de su valor y cobrar el resto del dinero junto con los elevados intereses de demora. Con la entrega del piso para poner fin a la deuda, sus ingresos en caso de impago se reducirían, lo que les haría ser más cautos con el dinero que prestan.
Si ahora es posible financiar hasta el 80% del valor de la vivienda -algunas entidades llegan incluso al 100% cuando se trata de colocar sus propios pisos-, este porcentaje se vería reducido hasta el 60%, con lo que sería necesario tener 80.000 euros ahorrados para poder comprar una casa de 200.000. En paralelo, los plazos para amortizar el crédito también disminuirían, algo que aumentaría la cuota mensual y haría más difícil pagar la hipoteca.
El diferencial que aplican sería más elevado. Las entidades avisan de que, junto con lo anterior, fijarían un mayor diferencial que el aplicado ahora, debido a que la devolución del crédito no está tan asegurada con la dación en pago como con la fórmula actual.
Miles de familias no podrían acceder a una vivienda. La subida de los intereses, la reducción del porcentaje de financiación sobre el valor del piso y el pago en un tiempo más reducido tendría como consecuencia que muchas personas quedarían al margen del sistema hipotecario, que hoy en día es casi el único que da acceso a la compra de un piso.
