El número de alquileres sumergidos en España roza el millón -unos 977.300-, lo que supone el 60,5% del total de viviendas arrendadas, según un estudio elaborado por los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Otros arrendamientos propensos a registrar irregularidades son los alquileres denominados «de temporada», especialmente los situados en las localidades costeras y aquellos protagonizados por sectores menos favorecidos, como los inmigrantes o los estudiantes, cuyo domicilio suele ser provisional.
También son susceptibles de irregularidades, aunque en menor medida, los alquileres de segundas residencias o de fines de semana, viviendas aparentemente desocupadas pero que, en realidad, esconden alquileres no declarados.
Cataluña y Madrid, a la cabeza
Seis comunidades concentran el 82% de los alquileres sumergidos. Son Cataluña, Madrid, Andalucía, Islas Canarias, Valencia y Baleares. En cambio, La Rioja y Cantabria son las que menos arrendamientos ilegales presentan.
Cataluña, con más de 542 millones de euros anuales, lidera las rentas no declaradas por arrendamiento de vivienda, seguida de Madrid, con 325,7 millones, y Andalucía, con 278,2 millones. A continuación se sitúa la Comunidad Valenciana, con un fraude estimado de 111,8 millones, mientras que en Canarias y Baleares los alquileres ilegales suponen 144 y 96,3 millones de euros al año, respectivamente.
Por otro lado, los propietarios de inmuebles que defraudan en mayor medida a Hacienda se localizan principalmente en Extremadura, donde casi el 78% de las viviendas alquiladas no están declaradas oficialmente; Murcia (76,69%), Andalucía (75,31%) y Canarias (69,84%).
En Aragón, en cambio, sólo el 32,2% de los alquileres de vivienda escapan del control del Fisco, así como la mitad de los arrendamientos de La Rioja y Castilla y León.
Medidas
Gestha cree que, ante esta situación, es necesario que la Agencia Tributaria adopte medidas contra el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales más exigentes que las actuales.
Los técnicos de Hacienda proponen concretamente el establecimiento de un sistema de garantías para arrendador y arrendatario, en especial en lo referente a las obligaciones de ambos sobre la conservación de la vivienda, el pago de la renta y de los gastos generales y servicios individuales.
Asimismo, plantean modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de manera que se reduzcan a 15 días los cuatro meses de antelación que en la actualidad se necesitan para presentar la demanda de desahucio por falta de pago de las rentas.
También abogan por aumentar el número de juzgados necesarios para que tanto la vista como la sentencia de desahucio por falta de pago de las rentas se realicen en otros 15 días. Así, sostienen, los juicios rápidos serían «realmente rápidos».
Con estas medidas, Gestha afirma que la Agencia Tributaria podría reducir en 10 puntos porcentuales las bolsas de fraude y la economía sumergida en España, situándose en niveles similares a los del resto de países de la UE.
