Al menos el 15% del precio que paga un particular por una vivienda nueva se destina al pago de impuestos, según un estudio del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). Dicho Registro estima que del precio final de una vivienda un mínimo del 15,6% se ha desembolsado para el pago de tributos de diferente naturaleza, lo que significa que, en el caso de una vivienda de 180.000 euros, 28.080 euros son para pagar impuestos.
Ese porcentaje se eleva hasta el 18,3% en el caso de los promotores de viviendas, según el informe, que detalla que más de la mitad del dinero que se dedica a impuestos es para abonar el que grava los Actos Jurídicos Documentados (AJD).
De hecho, el REAF asegura que el impuesto de AJD se paga en múltiples ocasiones en la promoción y venta de la vivienda. Además, la mayoría de las comunidades han ejercido su derecho a duplicar su importe, de forma que ha pasado de suponer el 0,5% al 1% del valor de los documentos notariales.
El REAF pone el ejemplo de un promotor que compra un terreno de 600 metros cuadrados para construir dos viviendas unifamiliares por 40.000 euros, aunque éste estaba escriturado en 13.000 euros. De primeras, el promotor abonará a la comunidad 2.800 euros por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y el de AJD. Luego, deberá pagar al Ayuntamiento 2.340 euros por el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Cuando el promotor pida una hipoteca de, por ejemplo, 32.000 euros para hacer el pago del terreno abonará otros 410 euros por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Una vez que quiera comenzar las obras, deberá obtener la correspondiente licencia municipal y pagar al Ayuntamiento el 4% del coste previsto, que, si en este ejemplo es de 120.000 euros, supondría un desembolso de 4.800 euros.
En concepto de tasas por otorgamiento de licencia, vallas, vado, cédula de primera ocupación, ocupación de calles, certificado urbanístico y cloacas, entre otros, habrá que sumar cerca de 3.600 euros. Al contratar los servicios de una constructora habrá que pedir otro préstamo para financiar las obras, lo que devengará el abono de otros 1.400 euros por el impuesto de AJD.
Antes de que terminen las obras tendrá que hacerse con la Declaración de Obra Nueva -lo que conlleva un nuevo pago de 1.600 euros por el impuesto de AJD- y con la constitución de la División Horizontal (otros 2.000 euros por el mismo tributo), para luego inscribir los inmuebles en el Registro de la Propiedad. Por último, antes de vender la vivienda, el promotor redistribuye el préstamo hipotecario, de forma que se vuelve a pagar 1.810 euros por el AJD.