El profesor Jorge Cortell ha denunciado las trabas que le ha puesto la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) para demostrar que el uso de programas de intercambio de archivos «punto por punto» (P2P) sin ánimo de lucro es legal.
El 8 de abril, Cortell pretendía dar una conferencia sobre la utilización de redes P2P en la UPV, pero el centro académico se lo impidió «porque no siguió los cauces legales para solicitar un aula», según fuentes de la Universidad consultadas por CONSUMER EROSKI, que han asegurado que Cortell no es profesor en la UPV y que sólo dio un Master. El docente, finalmente, dio la charla en la terraza de una cafetería el pasado miércoles día 4.
Cortell, en declaraciones a nuestra web, ha asegurado que la conferencia estaba organizada por alumnos dentro de la Semana Cultural y que fueron ellos quienes le invitaron, eligieron el tema y reservaron el aula. «El día antes, sin embargo, me llaman de la UPV y me dicen que no se puede celebrar allí». Tampoco le dejaron impartirla en la Casa del Alumno ni en un aula reservada con un nombre distinto.
El docente, que asegura haber dimitido como profesor por «amenazas» a sus compañeros del Master Multimedia que impartía, cree que todas estas trabas se han debido a presiones por parte de la Asociación de Compositores y Autores de Música (ACAM), «que ha enviado cartas pidiendo que se corten las redes P2P» en los centros universitarios.
Respecto al hecho de que la UPV diga que no es profesor, Jorge Cortell dice que «mienten». «La primera encuesta (curso 1999-2000) de profesorado, en la que los alumnos califican al profesor, mi valoración es mayor que la media (de hecho, en cinco años no he tenido el más mínimo incidente)».
Aunque se está planteando emprender acciones por difamación contra la UPV, asegura que «no es mi estilo» y que sólo se metería en una batalla judicial «por cuestión de orgullo».
Aviso a la Policía
En su esfuerzo por demostrar la legalidad del uso de las redes P2P, Cortell llegó incluso a avisar por medio de un burofax a la Brigada de Investigación de delitos Tecnológicos (BIT) de la Policía Nacional, a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y a la Fiscalía de su intención de bajarse, durante la conferencia, obras protegidas con derechos de autor para que le detuvieran si estas prácticas son ilícitas.
Sin embargo, Cortell dice que sólo la Brigada de Investigación de delitos Tecnológicos respondió a su burofax sin darle mayor importancia. «Nadie me ha dicho nada», sentencia.
