El iPhone más básico vale 500 euros, un precio similar al del Samsung Galaxy S, el Nexus S o un terminal Blackberry. Sin embargo, si se compran junto con un contrato con una operadora de telefonía móvil, su precio se reduce en unos 300 euros. ¿Dónde está el secreto? El usuario siempre paga el precio del aparato, pero lo hace en forma de compromiso: se compromete a permanecer en el servicio contratado por un tiempo mínimo. Si rompe ese compromiso, deberá pagar el total del teléfono. Es el llamado “contrato de permanencia”. Ahora, las empresas de telecomunicaciones también han empezado a aplicar este sistema a tabletas, ordenadores ultraportátiles, e incluso, routers de conexión a la Red.
La compra de terminales de telefonía móvil está subvencionada en países como España por parte de las operadoras de telecomunicaciones. De esta manera, se aseguran que los clientes pueden acceder a los terminales más demandados a un menor precio y, a cambio, el usuario se compromete durante un periodo de tiempo, determinado por la operadora, a permanecer como cliente. Esta estrategia consigue aumentar las ventas, tanto de fabricantes como de prestadores de servicios, al no tener que realizar el comprador un desembolso inicial importante para costearse el teléfono.
Entre los nuevos dispositivos subvencionados están los portátiles baratos y las tabletas como el iPad y similares, ya que debido a su coste forman parte del rango de dispositivos que pueden adquirirse mediante este tipo de estrategia comercial. También porque sus especiales características (pesan poco y se pueden conectar a la Red en cualquier sitio y de varias maneras) les permiten tener contratos de acceso a datos similares a los de los teléfonos.
Ofertas de tabletas
Los fabricantes de tabletas las venden a menudo con dos alternativas: con conectividad wifi y otra que suma acceso 3G ubicuo. Las tabletas iPad 2 con conectividad wifi en exclusiva se venden desligadas de contrato con operadores, con precios que rondan los 700 euros como máximo. Por cien euros más, y un contrato con cualquiera de los operadores principales en España, se puede conseguir el mismo modelo pero con conectividad por redes móviles.
Los fabricantes de tabletas las venden a menudo con dos alternativas, una con conectividad wifi y otra que suma también acceso 3G ubicuo
Mientras el iPad 2 con conectividad 3G se puede comprar con un contrato con los tres operadores, la Galaxy Tab 10.1 de Samsung se comercializa en exclusiva con Vodafone. La tarifa más asequible para clientes particulares es la «Internet Contigo Express», que ofrece un consumo límite de 2GB por 32 euros al mes. Con esta modalidad de contrato el coste de la tableta es de 299 euros, pero implica un compromiso de 24 meses de permanencia.
Un modelo muy similar se aplica a los router ADSL que ofrecen los proveedores de acceso a la Red. Son habituales las ofertas que regalan un router wifi (que cuesta en el mercado entre 100 y 200 euros) a cambio de una permanencia mínima, que varía entre un año y 24 meses.
Estudiar bien la oferta y sus consecuencias
Como recomendación, antes de contratar una tarifa de datos asociada a un dispositivo, es conveniente asegurarse de que el precio pactado por la misma es igual o menor al que podría contratarse de forma independiente con el operador de telecomunicaciones. En el caso de que la tarifa de datos asociada fuera superior, después de finalizar el periodo de permanencia el usuario habría pagado una cantidad mucho mayor que si hubiera comprado el equipo informático y contratado por su cuenta un plan de datos para la conexión a Internet.
Algunos dispositivos subvencionados mediante los contratos de permanencia están asociados al operador que los comercializa y que bloquea su posible uso con otras compañías
Uno de los problemas surgidos en el sector de la telefonía móvil, y que puede ser extensible a otros dispositivos, como router de acceso a Internet o módems USB, es que algunos de los aparatos subvencionados mediante los contratos de permanencia están asociados al operador que los comercializa y que bloquea su posible uso con otras compañías. Los operadores no tienen obligación de especificar si los dispositivos que ofrecen están bloqueados, ni tampoco están obligados a desbloquearlos cuando finalice el periodo de permanencia.
Por otro lado, el contrato de permanencia está asociado a la subvención del dispositivo, por lo que si el cliente decide darse de baja, la compañía podría hacerle abonar la parte proporcional que aún no se haya amortizado. Este coste viene determinado por la cantidad subvencionada y el tiempo que falta para la finalización del contrato de permanencia.
Sin embargo, un estudio realizado por Facua-Consumidores en Acción en 2007 llegaba a la conclusión de que las cláusulas de penalización que realizan las empresas de telecomunicaciones a los clientes que quieren darse de baja antes del fin del contrato no guardan proporción con los descuentos aplicados al adquirir un terminal a estas compañías. Además, esta bonificación no figura en los contratos, por lo cual, los usuarios no pueden saber cuál es el importe subvencionado por parte de las compañías.
Más transparencia
Nuevos operadores de telefonía móvil como Simyo y Yoigo, que dependen de los cambios de operadora que hagan los usuarios desde otras compañías para captar nuevos clientes, han iniciado diferentes acciones para conseguir que en España se desarrolle una nueva normativa que regule los contratos de permanencia, ya que algunos usuarios que quisieran pasarse a las ofertas de Simyo y Yoigo se ven atados por sus contratos de permanencia.
En el futuro, los contratos de permanencia no podrán ser superiores a 24 meses y los usuarios podrán cancelarlos después de 12 meses
Para dar más protección a los consumidores europeos, el Parlamento Europeo aprobó en el mes de septiembre un paquete de medidas destinadas al sector de las telecomunicaciones. Entre ellas, se encuentran aspectos destinados a hacer más claros los contratos de permanencia que aplican las empresas. Estos contratos no podrán ser superiores a 24 meses y podrán cancelarse por parte de los usuarios después de 12 meses.
Por otro lado, según el Instituto Nacional de Consumo, los usuarios pueden darse de baja de sus contratos sin penalización si las compañías de telecomunicaciones deciden modificar sus tarifas durante el periodo de permanencia. Los usuarios tienen derecho a ser informados con un mínimo de un mes de antelación de las posibles modificaciones de tarifas que puedan registrarse en sus contratos. En este periodo de tiempo, pueden darse de baja sin tener que recibir una penalización por parte de estas compañías.
