Contratos, bienes de cargos públicos, sueldos de los ediles y concejales o presupuestos destinados a determinadas obras. Las administraciones e instituciones públicas disponen de mucha información y documentos oficiales que, por ley, están abiertos a todos los ciudadanos. El acceso a estos datos se considera un derecho constitucional, aunque una barrera burocrática ha dificultado desde siempre el acceso a esta información. En la actualidad, Internet y los diferentes avances en “gobierno electrónico” facilitan este acceso, pero al carecer de una legislación al respecto, el silencio administrativo es la respuesta que reciben a menudo los ciudadanos que requieren conocer por vía telemática este tipo de información.
Imagen: CONSUMER EROSKI
El Gobierno español prepara una Ley de Transparencia Pública que facilitará a los ciudadanos el acceso a cualquier información oficial que no esté sujeta a restricciones, como razones de Estado o protección de la intimidad. Esta ley obligará a las instituciones y administraciones públicas a dar las informaciones que les pidan los ciudadanos y se eliminará el silencio administrativo que hasta la fecha ha reinado.
De momento, no se tiene noticia de que haya un anteproyecto, aunque se espera que a medio plazo se ponga en marcha esta iniciativa, común en muchos países de la Unión Europea como Reino Unido, Alemania o Francia. España es el único país de más de un millón de habitantes que no tiene ley de acceso a la información pública. En 2008, el Consejo de Europa adoptó una convención sobre esta materia en la que se recomienda facilitarlo en la medida en que la tecnología lo permita.
Movimientos ciudadanos «pro acceso»
España tendrá que aprobar tarde o temprano una ley de acceso a la información si quiere poder firmar y ratificar esta convención. Según la plataformaCoalición Pro Acceso, que agrupa a 29 entidades y grupos defensores del derecho a la información, sólo cinco países de la Unión Europea no disponen de una legislación sobre el acceso a los datos públicos, y España es el único que todavía no tiene un anteproyecto.
España es el único país de más de un millón de habitantes que no tiene ley de acceso a la información pública
Para esta organización ciudadana, Internet es la herramienta fundamental para facilitar la información pública y gubernamental, ya que es la vía mas adecuada para canalizar las consultas, al estar accesible de forma permanente. Por otra parte, no basta sólo con publicar la información, siempre según la coalición, sino que se debe facilitar la localización de la misma, ya que en la mayoría de las ocasiones la información gubernamental publicada en la Red es de difícil acceso, al no estar visible para buscadores o publicarse en diferentes páginas sin vínculos visibles.
Las administraciones públicas en España liberan de manera progresiva información propia y abierta. Por ahora, los ciudadanos pueden encontrar desde los Presupuestos Generales del Estado a una página con todos los contratos públicos realizados por las diferentes administraciones; en la webContrataciondelestado.es, los ciudadanos tienen acceso a los anuncios de licitaciones abiertas y resueltas.
Esta página surge de la Ley de Contratos del Sector Público, que contemplaba el desarrollo de la contratación electrónica como base de su funcionamiento para los próximos años, en seguimiento de las indicaciones de la Comisión Europea para todos los países de la Unión.
En noviembre del año pasado, el Congreso de los Diputados publicó por primera vez las actividades privadas de los diputados en su página web. Hasta ahora, esta información no se revelaba fuera del Congreso. Por su parte, el Gobierno de Asturias anunció la semana pasada que ha liberado sus datos a la ciudadanía a través de una página web.
«OpenCongress»
En países anglosajones, como Reino Unido y Estados Unidos, el acceso a la información pública es un derecho inherente a los ciudadanos y que se impulsa desde los propios gobiernos. En Estados Unidos, el Gobierno dispone del sitio web Data.gov, donde han comenzado a agrupar toda la información pública y datos disponibles de sus diferentes agencias e instituciones. El objetivo es facilitar el acceso a los ciudadanos. En Reino Unido, desde hace una semana, un portal comparte las mismas características.
Otras iniciativas surgidas son privadas, como las financiadas por la Fundación Sunlight en Estados Unidos, y han permitido crear proyectos como OpenCongress. Este proyecto reúne datos oficiales del Gobierno junto con la cobertura dada a sus decisiones en noticias, blogs y comentarios de los ciudadanos. De esta forma, estos pueden saber qué grupos de presión influyen en el Congreso en un determinado momento.
En Reino Unido y Estados Unidos, el acceso a la información pública es un derecho impulsado por los propios gobiernos
En España, diferentes iniciativas privadas promueven el acceso a la información pública. La Coalición Pro Acceso se creó en 2006 con el fin de promover la adopción e implementación de una «Ley de Acceso a la Información en España». Entre sus miembros se encuentran diferentes ONG y asociaciones como Amnistía Internacional, la Asociación de la Prensa de Madrid o la Asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública.
Esta plataforma dispone de un manifiestocon nueve principios, que exige la información pública como un derecho de los ciudadanos que debe aplicarse por parte de todas las entidades mediante un procedimiento sencillo, rápido y gratuito. Además, la Coalición pide que las denegaciones de acceso a la información sean limitadas y debidamente motivadas, como las consideradas secreto de Estado, al afectar a la seguridad nacional.
Otras iniciativas surgidas en este mismo contexto son #oGovy Open Data @CTIC, que reclaman la apertura de información pública y la reutilización de datos para facilitar su visualización y comprensión por parte de los ciudadanos.
