Las siglas ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) definen un acuerdo comercial contra la falsificación entre países y regiones del mundo para hacer frente a la piratería y la copia ilegal de productos comerciales, tanto de bienes físicos como en Internet. Este acuerdo llega tras más de cuatro años de debates a puerta cerrada entre sus principales promotores en diversas partes del planeta.
Imagen: Neto González
Era un acuerdo secreto y desconocido para la opinión pública hasta que uno de sus primeros borradores se filtraron a Wikileaks. ACTA se clasificó como material secreto de seguridad nacional por parte de Estados Unidos. El año pasado, el Parlamento Europeo votó a favor de añadir transparencia a este tratado.
Desde entonces, asociaciones de ciberderechos de todo el mundo, como la francesa «La Quadrature du Net», se han unido para que estos acuerdos, que tendrán una influencia en todo el mundo, fueran lo más transparentes posible para la sociedad. El motivo es que algunas de sus propuestas afectan a derechos fundamentales de los ciudadanos, como la libertad de expresión, la privacidad o la presunción de inocencia. Además, según estas asociaciones, los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales para salvaguardar la propiedad intelectual.
Entre los países que trabajan en la redacción de este acuerdo comercial, que está impulsado por Estados Unidos, figuran los 27 países miembros de la Unión Europea, Japón, Suiza, Corea del Sur, Canadá y Australia, entre otros. El principal objetivo es que los países firmantes del documento se comprometan a añadir en sus respectivas legislaciones las medidas que sean necesarias para cumplir con los cometidos del ACTA.
Un borrador polémico
Las partes más polémicas de los borradores hasta ahora hechos públicos intentan que las autoridades aduaneras en puertos y aeropuertos puedan confiscar material presuntamente falsificado sin demostrar con claridad que lo sea y sin necesidad de denuncias previas. También se pretende que se considere ilegal desarrollar cualquier sistema que rompa una protección anticopia de un dispositivo -aunque éste sea propiedad del usuario- o que grabar en los cines sea un delito penal. Es decir, que se pueda ir a la cárcel por realizar estas acciones.
Algunas de sus propuestas afectan a derechos fundamentales de los ciudadanos, como la libertad de expresión, la privacidad o la presunción de inocencia
Se buscaba que los proveedores de acceso a Internet (ISP) actúen como policías de la Red y sean responsables de los contenidos que circulan por sus cables. En la actualidad, solo en caso de orden judicial los ISP pueden interceptar las comunicaciones. Sin embargo, en uno de los últimos borradores se ha eliminado esta responsabilidad de los ISP en las infracciones de derechos de autor por parte de los usuarios, aunque sí se les obligará a desvelar la identidad de los clientes que descarguen material protegido por derechos de autor (Copyright) sin autorización.
En 2008, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminóque los ISP no están obligados a desvelar datos personales de sus clientes «con el objeto de garantizar la protección efectiva de los derechos de autor». Esta sentencia se emitió a raíz de una denuncia de Promusicae, la asociación de productores musicales de España, contra Telefónica, al que había solicitado por vía judicial los datos de identificación de los usuarios de Internet que usaban el programa de compartición P2P Kazaa. El acuerdo ACTA obligaría a Telefónica a dar estos datos a las empresas, algo que tendría que realizarse según la modificación de la legislación de los respectivos países de la Unión Europea.
Europa pone condiciones para el acuerdo
El Parlamento Europeo pide que se trabaje para que el ACTA no afecte a los derechos fundamentales de los ciudadanos ni modifique la actual legislación
El pasado mes de noviembre, el Parlamento Europeo estableció una serie de condiciones para la aceptación del acuerdo comercial ACTA, a partir del borrador aprobado en octubre en Tokio. Esta resolución destaca porque el Parlamento Europeo tiene la capacidad de poder vetar acuerdos internacionales y, por tanto, influir de forma prominente en sus decisiones. El texto aprobado pide a la Comisión que trabaje para que el ACTA no afecte a los derechos fundamentales de los ciudadanos ni modifique la actual legislación de protección de datos y propiedad intelectual de la Unión Europea. Según los europarlamentarios, «el acuerdo no va a solucionar el complejo problema de la falsificación, pero es un paso en la dirección correcta».
El texto definitivo del ACTA se publicó el pasado mes de diciembre y, en la actualidad, se discute en la Comisión Europea para conocer si su contenido es compatible con los tratados de la UE. Tanto el Consejo de la Unión como el Parlamento tendrán que aceptar el acuerdo antes de pasar a los parlamentos nacionales de los países miembros. Sin embargo, algunos países fuera de la Unión Europea, como Singapur, han dado ya el visto bueno al texto y trabajan para adaptarlo a sus respectivas legislaciones.
