PODER. Con este acrónimo, quince reputados investigadores españoles en salud pública han lanzado un reto que incumbe a toda la sociedad: implantar un conjunto de medidas para crear un entorno alimentario saludable que ayude a prevenir la obesidad y sus enfermedades asociadas, las cuales están poniendo en riesgo la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario. En este artículo analizamos cuáles son esas medidas, que abarcan desde las máquinas expendedoras de institutos y hospitales hasta el etiquetado de los productos envasados, pasando por el precio de los alimentos, la publicidad dirigida a menores o la oferta de agua en los restaurantes.
Para entender el ámbito en el que tratan de incidir estas propuestas, podríamos usar el símil del iceberg: si nuestra salud fuera la pequeña parte visible que sobresale en la superficie, en la parte hundida intervendrían aquellos condicionantes que la determinan, aunque no los veamos. Algunos de estos elementos sumergidos pueden ser más o menos evidentes, como factores genéticos u otros factores de riesgo que pudiésemos tener a título individual.
Sin embargo, a un nivel más profundo operan factores de índole estructural que afectan en mayor o menor medida a la salud de toda la sociedad, que son de tipo social, económico y político. Por poner un ejemplo, estos factores son los que explican por qué, en general, las personas con menos recursos enferman más y viven menos que las pudientes.
En este ámbito poblacional se enmarca un reciente estudio científico firmado por el Grupo de Trabajo de Nutrición de la Sociedad Española de Epidemiología, que contiene una serie de medidas para luchar contra los llamados entornos obesogénicos, como se denomina a los contextos sociales y ambientales que promueven la obesidad, al propiciar patrones de consumo alimentario poco saludables. Dichos entornos se caracterizan por una amplia disponibilidad de productos de carácter insano, a precios asequibles e intensamente promocionados, lo cual influye en los hábitos, preferencias, accesibilidad, aceptabilidad y consumo por parte de la población.
Un responsable principal y cinco medidas
Los firmantes de este artículo, publicado en Gaceta Sanitaria, lo tienen claro: «La progresiva adopción de una dieta occidental, caracterizada por el consumo excesivo de calorías, bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, e insuficiente de frutas, verduras, cereales integrales y otros alimentos ricos en fibra, es el principal factor responsable de la epidemia de obesidad y enfermedades no transmisibles asociadas a ella». Señalan, además, que el ritmo de crecimiento de la obesidad y el sobrepeso en España en las últimas décadas «puede hacer insostenible nuestro Sistema Nacional de Salud».
Frente a esta realidad, los autores, encabezados por el médico e investigador del Instituto de Salud Carlos III Miguel Ángel Royo-Bordonada, proponen cinco intervenciones concretas de ayuda a los consumidores para su implementación en España, calificadas de «buenas prácticas aplicadas con éxito en otros países, las cuales -explican- no solo son efectivas sino que generan una mayor concienciación en los ciudadanos y resultan educativas para toda la población, con independencia del estrato social».
Poder: iniciativas de la P a la R
Imagen: Oswaldo Pedroza
Los ámbitos señalados como prioritarios para promover entornos alimentarios saludables en España están enunciados a través del acrónimo PODER (respondiendo cada uno de ellos a las letras que lo conforman). Veamos cuáles son:
- P de publicidad alimentaria dirigida a menores:
Adopción, como norma de obligado cumplimiento, de un sistema regulatorio de la publicidad dirigida a menores basado en el perfil nutricional propuesto por la Oficina para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que permitiría filtrar la calidad nutricional de los productos que pueden o no anunciarse, dada la ineficacia del actual modelo vigente en España. Asimismo, proponen prohibir técnicas persuasivas como descuentos o regalos, patrocinios deportivos y avales de entidades sanitarias para promocionar alimentos dirigidos a menores.
- O de oferta de alimentos y bebidas:
Garantizar que toda la oferta alimentaria de las máquinas expendedoras de centros educativos, sanitarios y deportivos sea saludable, así como al menos la mitad de la de otro tipo de centros públicos y concertados con financiación pública. Además, consideran imprescindible la disponibilidad general y gratuita de agua potable, instalando fuentes de fácil acceso en centros escolares y sanitarios y promoviendo la oferta de agua como opción por defecto en los restaurantes del país.
- D de demanda de alimentos y bebidas:
Aplicación un impuesto a las bebidas azucaradas que propicie un aumento de su precio de venta de al menos un 20 %, siguiendo la recomendación de la OMS, dado que el consumo de este tipo de productos es un factor causal de obesidad y varias enfermedades no transmisibles y que su precio influye en las elecciones de los consumidores. El dinero recaudado debería destinarse, señalan, a financiar programas de salud y facilitar el acceso a una alimentación saludable a la ciudadanía más desfavorecida, con subvenciones o rebajas de precios a frutas, verduras o cereales integrales.
- E de etiquetado frontal interpretativo:
Implantación generalizada del sistema de etiquetado interpretativo Nutri-Score, que resume en el frontal de los envases de los productos alimentarios su calidad nutricional, a través de una escala de letras y números, al haberse demostrado una medida eficaz para ayudar a los consumidores a diferenciar rápida y fácilmente el carácter más o menos saludable de los productos y a comprender mejor el contenido de lo que comparan, compran y consumen. El modelo, apuntan, debería adecuarse a la realidad local y apoyarse en campañas de comunicación social.
- R de reformulación de productos procesados:
Modificar el acuerdo de reformulación de alimentos y bebidas suscrito el pasado año en España entre el Gobierno y el sector alimentario, dándole carácter de obligatoriedad y estableciendo objetivos más ambiciosos en cuanto a la mejora del contenido de los productos e incluyendo las categorías alimentarias de consumo más frecuente y mayor contenido en azúcares, sal y grasas (como las bebidas refrescantes y los cereales de desayuno de todos los sabores). Asimismo, instan a incluir un proceso de evaluación de su implantación más riguroso y a adoptar sanciones en caso de incumplimientos.
Según este grupo de expertos, dichas medidas tienen el potencial de ejercer “un impacto económico positivo” en la sociedad, al propiciar una “reducción de costes sanitarios por la obesidad y las enfermedades no transmisibles asociadas a una alimentación poco saludable”, hecho que “compensa con creces el escaso coste de su implementación”.
Además, justifican, “se trata de intervenciones nada o mínimamente intrusivas, que promueven ambientes saludables, benefician a las poblaciones vulnerables, reducen las desigualdades sociales en salud, aumentan la libertad individual de elección y cuentan con el apoyo de científicos, profesionales de la salud y sociedad civil”.
Cabe añadir que el citado estudio ha recibido financiación del Fondo de Investigación Sanitaria del Instituto de Salud Carlos III y sus autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.
