El año 2007 concluirá para él con un sabor agridulce. La implantación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia “va más lenta de lo deseable”, pero por primera España ha ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. “Un texto que era necesario”, defiende. Para el secretario general del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno (Murcia, 1967), el Año Europeo de Igualdad de Oportunidades se acaba con la sensación de que han quedado “cosas pendientes”, aunque prefiere hacer un repaso de los logros conseguidos y mirar al futuro con optimismo. “Hemos estado cientos de años absolutamente invisibles, pero el proceso de avance es ya imparable”, augura.
La puesta en marcha de la Ley de Autonomía Personal y la implantación del sistema de atención a la dependencia se preveía difícil. Es un sistema compartido donde intervienen muchas administraciones distintas y, dada la configuración actual de nuestro país, era previsible que algo tan novedoso tuviera dificultades. Sin embargo, aunque la implantación va más lenta de lo deseable, desde el inicio hemos querido hacer las cosas con cierta pausa, asegurándonos de que la Ley va a llegar a las personas beneficiarias en buenos términos. Las necesidades son muchas y hemos detectado que todavía hay bastante desinformación entre los usuarios. Por ello, creemos que las aceleraciones son contraproducentes.
A las personas discapacitadas les hemos pedido, primero, que soliciten la valoración. Hemos hecho una labor de acompañamiento y todas nuestras organizaciones se han ofrecido para ayudar en el proceso. Por su parte, los familiares tienen que saber que pueden acompañar a las personas discapacitadas durante la valoración, porque conocen su realidad y pueden explicarla mejor. El problema es que cuando se delega en las comunidades autónomas cada una imprime un ritmo, lo ve desde una perspectiva, y el proceso de aplicación de la Ley no es igual en todas las regiones.
“Los familiares pueden acompañar a las personas discapacitadas durante la valoración”
Vamos a hacer un informe, con datos aportados por nuestras asociaciones, sobre cómo ha sido este primer año: en qué comunidades autónomas la aplicación de la Ley va más rápida, qué pasos se han dado, en qué grado de ejecución estamos… Habrá que esperar poco más de un mes para tener una información contrastada.
Por supuesto. Durante la tramitación de la Ley de Dependencia siempre pedimos que la perspectiva de género estuviera muy presente. Primero, porque hay un mayor número de mujeres con discapacidad, y por tanto en situación de dependencia, que hombres. Segundo, porque la situación de las mujeres en el acceso a bienes y servicios es peor que la de los hombres con discapacidad. Y tercero, porque muchas mujeres con discapacidad también son cuidadoras, atienden a otras personas dependientes, y hemos pedido que esta circunstancia se tenga en cuenta.
“Es fundamental que haya unos criterios comunes y que no se puedan producir diferencias de trato en función del lugar de residencia”
Eso es fundamental. Precisamente, una de las cosas que salva la Ley como competencia de la Administración General del Estado es el baremo. Tenemos un Real Decreto que aprueba el baremo de dependencia con una validez de un año y su posterior revisión. Es fundamental que haya unos criterios comunes y que no se puedan producir diferencias de trato en función del lugar de residencia. Por ello, también insistimos para que se aprobase un manual de valoración dirigido a las personas que tienen que aplicar el baremo. Como en la norma no puede entrar todo, en este manual se incluyen unos criterios para la aplicación del contenido del Real Decreto.
En este punto hemos realizado una crítica a la ley que regula estos seguros porque se limita su contratación a las personas con un grado severo o grande de dependencia, no incluye a quienes tienen un grado moderado. Creemos que esto es una restricción injustificada y hemos presentado enmiendas para que se amplíe a todo tipo de personas en situación de dependencia y de discapacidad. Restringirlo desde el ámbito de la Ley no nos parece adecuado, además se ha hecho sin pasar por los órganos del sistema de dependencia y hubiera sido deseable que se oyera a los sectores sociales concernidos.
Realmente, nos da la sensación de que no va a ser un producto muy demandado. Los seguros de dependencia van a requerir que la persona que lo suscriba tenga una capacidad económica más allá de la media y, normalmente, las personas con discapacidad están en una situación por debajo de la media. Creemos que no va a ser un producto que se generalice en exceso.
“El seguro de dependencia no va a ser un producto que se generalice en exceso”
Estas cifras se calcularon en 2005 cuando se editó el Libro Blanco de la Dependencia y puede que los cálculos a largo plazo no sean exactos. De cualquier forma, por lo que trabajamos es porque una parte de ese empleo que se genere revierta en las propias personas con discapacidad, un sector muy excluido del mercado laboral. Luchamos para que las empresas y entidades que van a prestar servicios relacionados con la atención a la dependencia cumplan la cuota legal de empleo reservado a personas discapacitadas. Nos centraremos en que las empresas incluyan a personas con discapacidad en sus plantillas.
Efectivamente, las personas discapacitadas siguen siendo una minoría excluida o en riesgo de exclusión. Apenas representan a un 10% de la población y, aunque en los últimos siete u ocho años hemos avanzado mucho, las medidas no son tan eficaces con los grupos más excluidos. Hemos incorporado a más de 100.000 personas al mercado de trabajo, pero hay que actuar intensamente con los grupos que lo tienen más difícil.
Por otro lado, hemos detectado cierta pasividad por parte de las personas discapacitadas que cobran pensiones, aunque sean ínfimas, y prefieren quedarse con éstas antes que formarse y tratar de independizarse económicamente. Estos son los efectos no deseados de ciertas políticas sociales que hay que evitar. Es un proceso largo porque hemos estado cientos de años absolutamente invisibles, no formábamos parte del imaginario social, pero el proceso de avance es ya imparable. Hay que entender la discapacidad como una cuestión de derechos.
“La discapacidad es un elemento de diversidad de algunas personas que no están en igualdad de oportunidades”
Sí, es un texto muy positivo en general. Supone un reconocimiento mundial a la discapacidad como una cuestión de derechos humanos. La discapacidad no es caridad ni beneficencia, no es hacer buenamente lo que se pueda para que las personas discapacitadas no sufran mucho, sino que la discapacidad es un elemento de diversidad de algunas personas que no están en igualdad de oportunidades. Necesitábamos esta Convención porque no nos llegan los mismos derechos que al resto de las personas o nos llegan de una manera más debilitada. Para quien la suscriba, va a suponer la obligación de tener políticas públicas, leyes de discapacidad, y va a ser un estimulo para actuar a favor de la discapacidad.
España trasladará esta petición a la Comisión Europea, tenemos el compromiso, pero el resultado depende de 27 países. Sería injustificable que no se aprobase una norma para defender la igualdad de las personas discapacitadas, pero creemos que va a costar y que será una cuestión de dos o tres años.
Siempre quedan cosas pendientes, pero este tipo de iniciativas ayudan y estimulan para actuar más, para exigir más. Tendremos que hacer balance cuando el año se acabe, pero creemos que tenemos que aprender a trabajar con otros sectores sociales en lugar de aplicar políticas aisladas. Hay que establecer estrategias amplias para atender a quienes padecen varios factores de exclusión.
