Se cuentan por miles. Los inmigrantes que cada año llegan a la costa española son numerosos. En su viaje, cumplen una voluntad reconocida por la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país” (Artículo 13). Sin embargo, las trabas que se encuentran para culminar el proceso migratorio son incontables. La última, la Directiva de Retorno de inmigrantes irregulares. “Uno de los grandes errores que ha cometido Europa en los últimos tiempos”, lamenta el presidente de la Federación de Asociaciones Pro Inmigrantes Andalucía Acoge, Ángel Madero.
El número es significativo, sin duda, y es verdad que hemos asistido a situaciones trágicas, pero este número disminuye año tras año. Por otro lado, la inmigración es un derecho recogido, incluso, en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce a las personas el derecho a salir de cualquier país, incluso del suyo propio. Esto significa que el problema real no es salir de un país, sino poner trabas a este derecho que se ejerce, lamentablemente, por situaciones forzadas que llevan a buscar una vida mejor. La frontera africana con Europa es la frontera con mayor desequilibrio económico del mundo. Debería ser fácil entender que, cuando no se tiene nada, se busque, como mínimo, la esperanza de mejorar.
“Es una tragedia que la sociedad europea se haya vuelto impasible ante el drama de la inmigración”
La pérdida de una vida humana es la mayor tragedia que puede existir, pero no la única. Hay que fijarse también en las familias que pierden a seres queridos y en aquéllas que no saben siquiera la suerte que estos han corrido. Un alto porcentaje de las personas que se aventuran a hacer la travesía en el Estrecho de Gibraltar o hacia las islas Canarias son personas que iniciaron hace tiempo su proceso migratorio. A veces, han pasado años desde que salieron de sus casas y sus familias no saben nada de ellas. Eso es una tragedia. Como el hecho de que la propia sociedad europea se haya vuelto impasible ante el drama de la inmigración, que no sea capaz de reaccionar de forma contundente ante la muerte de bebés y justifique las políticas que se están desarrollando. Eso es una tragedia como sociedad y como futuro.
Desarrollo. Abogamos por políticas reales que ayuden a sacar de la desesperanza a los países de origen. No queremos que nos vendan que la cooperación al desarrollo son patrulleras, formación y equipamiento para controlar las fronteras. La cooperación al desarrollo es apostar por la infancia, por la educación, por los derechos y las libertades en los países de origen, de manera que la migración sea un derecho y no una obligación. Con la política actual de gestión de flujos migratorios, lo único que se consigue es que las vías de acceso sean ilegales y cada vez más peligrosas. Pero insisto, el peligro está en las vías de acceso, no en las personas. No existe la persona ilegal, sino la acción ilegal. Se utiliza la lucha contra las mafias para endurecer las políticas de gestión migratoria, pero si se cierra la posibilidad de que una persona emigre legalmente, se le fuerza a que busque una vía alternativa y, probablemente, caiga en manos de personas desalmadas que pondrán en peligro su vida.
“Si se cierra la posibilidad de que una persona emigre legalmente, se le fuerza a que busque una vía alternativa y, probablemente, ilegal”
En primer lugar, hablamos de personas y, por lo tanto, de casos muy diferentes. Es un error generalizar, pero se puede decir que, quien emigra, siempre es consciente del peligro. Lo que hay que analizar es hasta qué punto la desesperanza es tan grande que aun poniendo en una balanza el riesgo que se puede correr se apuesta por él. La inmigración siempre ha sido una cuestión de valientes. Emigran las personas que están más preparadas porque son quienes tienen mayores posibilidades de éxito en el proceso migratorio.
En principio, la Directiva es uno de los grandes errores que ha cometido la política europea en los últimos tiempos. Es necesario gestionar el bienestar de la sociedad, pero cuando la realidad migratoria se gestiona como si las personas fueran criminales, se hace un flaco favor a la convivencia diaria y a la plena integración de los nuevos vecinos que nos acompañan. Esta política restrictiva de la Unión Europea es el comienzo de un camino peligroso que nos lleva a tiempos pasados que es mejor olvidar. Los internamientos masivos de larga estancia nos recuerdan a campos de concentración. Si bien es cierto que en España la gestión migratoria es infinitamente más progresista, también es cierto que la Directiva deja la puerta abierta para que, en el futuro, esta gestión pueda endurecerse. El texto recoge unos márgenes de actuación que rozan la violación de los derechos de las personas. ¿Cómo afectará a España? De momento, tiene un apoyo para ampliar el periodo de internamiento de las personas inmigrantes.
En realidad, desde Andalucía Acoge pedimos el cierre de estos centros porque no tiene sentido que a una falta administrativa se le sume una falta de libertad. No obstante, somos conscientes de que estos centros no se pueden cerrar de la noche a la mañana, por lo que pedimos que, al menos, se regulen de manera que las condiciones en las que viven las personas ingresadas sean lo más dignas posible. El propio Parlamento Europeo encargó un informe externo sobre la situación de los CIE, cuyo resultado fue totalmente negativo en cuanto a condiciones sanitarias, formativas y de convivencia. Sin embargo, ha hecho caso omiso a este informe y ha aprobado una directiva que no sólo facilita el internamiento de las personas en estos centros, sino que incluso permite que sean ingresadas en centros penitenciarios, cuando lo único que han cometido es una falta administrativa al no tener documentación.
“Emigran las personas que están más preparadas porque son quienes tienen mayores posibilidades de éxito”
Con los menores, el trato en general es aceptable, pero sustancialmente mejorable. Si bien es cierto que los menores reciben atención inmediata en cuanto son detectados sin la compañía de un adulto, al final, el trato es excesivamente parecido al que recibe el resto de inmigrantes.
Así es. Hace cuatro o cinco años, la edad media de quienes llegaban a Andalucía se situaba en torno a los 17 años, mientras que en la actualidad ronda los 15 años y medio. Una de las causas de este descenso es el trato administrativo que se da a los menores. Actualmente, con 17 años es prácticamente imposible conseguir la documentación por falta de tiempo, es decir, si se quiere aumentar las posibilidades de obtener documentación, hay que emigrar con menos de 17 años.
Con 18 años y un día están en la calle. Esto es una realidad que la gente debe conocer: el sistema garantiza protección hasta los 18 años, a pesar de que la propia legislación recoge que la autoridad que tenga la guarda y tutela del menor acogido debe hacer un seguimiento durante los tres años siguientes para garantizar su inserción sociolaboral.
“Es de ilusos pensar que el Plan de Ayuda al Retorno Voluntario tendrá una gran aceptación”
En el caso de los MENA, este seguimiento es prácticamente inexistente. Se puede dar la paradoja de que un menor acogido durante varios meses cumpla 18 años y un día y se encuentre en situación irregular en España, o que, después de dos años tutelado, salga a la calle con un permiso de residencia pero carezca de un permiso de trabajo que le permita encontrar un empleo para mantenerse. Es una realidad compleja que no se diferencia del trato a otros chicos tutelados, aunque sean españoles, lo cual nos lleva a pensar que el sistema de protección en su conjunto debería ser analizado y modificado.
En primer lugar, cualquier actuación que sea voluntaria nos parece correcta. Si una persona considera que su proyecto migratorio ha finalizado, nos parece adecuado que se acoja al plan, pero si esto le impide volver a España o a Europa, nos parece una equivocación. Por otro lado, es de ilusos pensar que el plan de ayuda al retorno voluntario tendrá una gran aceptación. Para volver al país de origen, primero, hay que tener dinero suficiente para pagar el viaje. En segundo lugar, este plan sólo da la posibilidad de capitalizar el paro o recibir un microcrédito, pero para tener una capitalización suficiente hay que haber trabajado durante mucho tiempo. Si esto ha sido así, probablemente, las personas inmigrantes tengan una red social fuerte y sus hijos estén totalmente integrados, por lo cual, resulta difícil pensar que sean muchas las personas que se acojan a este plan.
Me preocupa. En la actualidad, parece que se quiere complicar aún más el derecho a vivir en familia y se pretenden endurecer las condiciones de este derecho, pero una democracia de primera no puede permitir que haya ciudadanos de segunda porque, inmediatamente, se convertirá en una democracia de segunda. No podemos defender que existen diferentes modelos de familia y, al mismo tiempo, limitar estos modelos por el hecho de ser inmigrante.
“La inmigración es un caldo de cultivo para los prejuicios”
Lamentablemente, el tema de los prejuicios es algo inherente al ser humano y, con respecto a la inmigración, es un caldo de cultivo para este tipo de actitudes. El desconocimiento hace que tengamos reacciones y actitudes ilógicas. Esto se refleja cuando una persona no tiene derecho a votar o cuando sus deberes están totalmente claros, pero sus derechos no tanto. Al contrario, cuando la persona tiene contacto directo con la realidad migratoria, cuando el conocimiento aparece, estos estereotipos y prejuicios desaparecen progresivamente.
La figura del mediador, actualmente, es una figura imprescindible. La capacidad de empatía, el conocimiento del otro, no se genera espontáneamente, sino que hay que facilitarlo. Ahí la figura del mediador es fundamental porque pone en conocimiento las dos posturas para que se llegue a acuerdos. Apostamos por un futuro intercultural y, aunque la figura de la mediación no es una panacea, sin duda, es una figura importantísima.
