Entrevista

Daniela Del Bene, Atlas de Justicia Ambiental

La falta de voluntad de los estados de perseguir a quien comete abusos ambientales se da en muchos países
Por Alex Fernández Muerza 22 de julio de 2016
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El Atlas de Justicia Ambiental (EJ Atlas) tiene registrados más de 1.770 conflictos ambientales en todo el mundo desde 2011 “y crece a diario”, asegura una de sus responsables, la investigadora Daniela Del Bene. Uno de sus objetivos es dar visibilidad a conflictos de los que no se habla. “Se conocen los grandes desastres ambientales, como el derrame de petróleo en el Golfo de México o el hundimiento del Prestige, pero no los de la gente que resiste porque van a destruir su forma de vida y su territorio”, explica Del Bene. Esta investigadora destaca también que el nivel de criminalización de estas personas que protestan ha aumentado en todo el mundo. A pesar de ello se muestra esperanzada, no solo porque el 20% de las protestas registradas consiguen paralizar proyectos que destruyen el medio ambiente, sino sobre todo porque cada vez más comunidades en todo el mundo se organizan para buscar alternativas ecológicas al actual modelo de desarrollo insostenible. El EJ Atlas se construye de forma colaborativa con muchas organizaciones, activistas y investigadores en todo el planeta, coordinados por un equipo de investigadoras del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

¿Qué tipo de conflictos ambientales han detectado?

“La criminalización de quien protesta para salvar el medio ambiente ha crecido en todo el mundo”
Hemos creado 10 categorías, como minería, agua, etc. Se trata de resistencias, visibles o latentes, de comunidades o organizaciones sociales donde hay actividades dañinas para el territorio y la comunidad del lugar, impuestas por intereses normalmente poderosos, que producen además desigualdad social y económica. Nuestro objetivo también es visibilizar la cadena mundial de suministro, desde la extracción de los materiales, hasta que los productos se abandonan como basura en algún lugar del mundo. El ejemplo más evidente es un teléfono móvil. Lleva plásticos y metales raros cuya extracción obliga al desplazamiento de pueblos enteros y afecta a derechos de los trabajadores y son un problema de salud pública y ambiental. Al cabo de unos meses se estropea y vale más arreglarlo que comprar uno nuevo. Al final, aparece en algún gran basurero de África China o India, donde trabajadores informales, incluso niños, se encargan de recoger las piezas y muchas veces enferman por exposición a materiales tóxicos. Todos estos impactos, o “externalidades”, no se contabilizan en el coste del aparato y quedan invisibles detrás de los carteles de propaganda o de las colas para comprar el último modelo.

En el Atlas también señalan conflictos generados por proyectos de energías renovables.

Se trata casi siempre de megaestructuras que se construyen sí o sí, y a veces con mucha violencia. También se producen conflictos con residuos, por ejemplo para construir incineradoras. Se utilizan mucho las palabras desarrollo o progreso, pero no se habla de cómo, ni para qué o para quién. Se imponen determinados valores sin un debate democrático y participativo.

¿Qué destacaría de los actuales conflictos ambientales?

“El 20% de las protestas registradas logran paralizar proyectos que destruyen el medio ambiente en el mundo”
Un tema chocante que vemos en aumento es el nivel de criminalización de la protesta. Por ejemplo, está pasando en India, donde declaran como terroristas o que van en contra de los intereses nacionales a todos los que se oponen a las minas o las hidroeléctricas. Y es todo lo contrario: son las comunidades que garantizan la continuidad de la vida, de los ecosistemas, y no quieren que se destruyan. Es el ambientalismo de los desposeídos, de los empobrecidos, les quitan de su entorno, incluso en entornos urbanos. También se está produciendo una criminalización de académicos que se expresan en contra con datos objetivos, como por ejemplo contra casos de contaminación, o críticas a una economía que sigue esta línea, como por ejemplo en Turquía.

¿Cómo se producen estos conflictos?

Se crea una dinámica local muy compleja. Hay muchas comunidades que se oponen, incluso físicamente, y no son solo lejanas o indígenas. Aquí en España también hay grupos oponiéndose al “fracking”, a la ampliación de carreteras, puertos, al tren de alta velocidad, etc. Defienden también una manera de vivir y de relacionarse con su entorno y denuncian las finalidades de estos proyectos, que benefician los negocios o el confort de unos pocos mientras excluyen a la mayoría.

¿Alguno de estos movimientos consigue paralizar la destrucción de su entorno?

Un 20% de los confiticos registrados ha llevado a la paralización del proyecto. Pero es un dato que hay que investigar más, porque a veces es una suspensión que se vuelve a recuperar.

¿El otro 80% se sale con la suya?

“Se habla mucho de desarrollo o progreso, pero no de cómo, ni para qué o para quién”
Así es. Se enfrentan a milicias, al ejército, a las autoridades, a grandes corporaciones trasnacionales, etc. Varias organizaciones a nivel mundial están pidiendo a la ONU que trabaje a favor de un tratado vinculante para acabar con los abusos de las grandes corporaciones, porque a día de hoy hay un terrible vacío jurídico a nivel internacional. El año pasado en Ginebra la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dijo que sí, y es esperanzado. Hay que ponerle voluntad política desde los Estados miembros ahora.

¿Hay cada vez más conflictos ambientales?

Recientemente se publicaba un informe de Global Witness que señalaba, entre otros datos, que el año pasado se registraron 185 muertos por defender su tierra, principalmente en Brasil y Filipinas, y la cifra podría ser mayor por la falta de información. Es difícil saber si hay más violencia o es porque cada vez hay más datos. Pero si vemos que el nivel de extracción de recursos, la construcción, etc. está creciendo mucho, es muy probable que haya más enfrentamientos y que el número absoluto de asesinados o de criminalización aumente.

¿Dónde se producen los mayores casos de injusticia ambiental?

“El año pasado se registraron 185 muertos por defender su tierra, y la cifra podría ser mayor”
La mayoría en Brasil, India, Filipinas, Nigeria… pero también en el norte de América, por cuestiones de gasoductos y oleoductos. En Europa están: el tema de la minería y el “fracking”, la abertura de nuevas minas de carbón en Alemania a pesar de los programas de renovables, en los Balcanes se registran muchos casos, etc. En China y Rusia no hemos tenido mucho acceso, pero tendremos más conocimiento en los próximos años. La injusticia tiene que ver con la falta de voluntad de los estados de perseguir a los actores de estos abusos, y esto se da en muchos países.

¿En España qué casos de injusticia ambiental se dan?

Sobre todo por el “fracking”, pero también por el almacén de residuos nucleares (ATC), la contaminación del embalse de Flix, Sabiñánigo, la minería en el valle de Laciana en León, el proyecto Castor de almacenamiento de gas… Es un claro ejemplo de impunidad de las empresas, de socialización de los costes y de falta de democracia en el modelo energético, como la idea de crear una unión gasística de la UE en lugar de apostar por un cambio de modelo hacia renovables deslocalizadas.

¿Qué podemos hacer los ciudadanos?

Tener cuidado con el tipo de consumo, darse cuenta de la procedencia de los productos, darle importancia a lo local, a los productos de segunda mano, al intercambio, al reciclaje, practicar formas de compra colectiva con cooperativas de consumo, disminuir el embalaje, reservar más tiempo en el cuidado de las cosas básicas de la vida, cuidar más lo que comemos, la educación a nosotros y a nuestros hijos, darle el valor real a las cosas. Hay que consumir menos, seremos más sanos y más felices.

¿Es lo que algunos autores llaman decrecimiento?

“Hay que consumir menos, seremos más sanos y más felices”
Con el “decrecimiento” no se quiere solo reducir nuestras economías o el PIB, sino liberarnos de la ideología del crecimiento impuesta desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Algunos sectores pueden “crecer” o, por decirlo de otra manera, mejorar, como la salud pública o la educación, pero otros son dañinos, como los sectores extractores y de la construcción. Tampoco se dice que hay que cerrarlos, sino transformarlos. Por ejemplo, apostar por un mayor desarrollo de la bioarquitectura, y dejar el cemento para lo imprescindible, o por la regulación de la especulación inmobiliaria, que no haya casas vacías y se siga construyendo con precios tan altos que no son asequibles a la gente.

¿Hay esperanza?

Sí. Se dice que “el pesimismo es un lujo para pocos”. Entre las comunidades hay mucha solidaridad y organización. Son otros niveles de democracia que se abren. Y pueden aportar mucho a los grupos institucionalizados, como los partidos políticos. De los conflictos están saliendo alternativas interesantes. Por ejemplo, en un pueblo en India del sur, Sompeta, la población local se ha opuesto muchos años a una planta energética de carbón, ha habido asesinados incluso. Tras haber paralizado el proyecto, la población se ha comprometido a buscar fuentes alternativas para demostrar que se pueden emancipar del discurso del Estado indio de que necesitan esa energía y ese modelo. Han adquirido placas solares para hacerse autónomos en sus necesidades básicas. En el norte de Italia hay una cooperativa de productores hidroeléctricos a muy pequeña escala. A través de la cooperativa pagan las inversiones para las mejoras o el mantenimiento de la infraestructura. Hay mucha creatividad en nuestras comunidades. Hay que tener el coraje de confiar, probar, hacernos más independientes y responsables. Descubriremos que no hay cambios imposibles.

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