En España, un 40 % de los menores presentan exceso de peso, un problema de salud pública con múltiples causas y aristas. El papel de la administración pública es crucial. La subida del IVA a las bebidas azucaradas y la implantación voluntaria del etiquetado Nutri-Score son las dos medidas más mediáticas que el Ministerio de Consumo ha puesto en marcha para intentar frenar uno de los problemas que más preocupan: la obesidad infantil. Se trata de dos decisiones polémicas y que solas no pueden hacer frente a un fenómeno complejo. El ministro Alberto Garzón defiende que la sola existencia de la cartera que ocupa ya envía un mensaje en la buena dirección para tratar de contrarrestar la ventaja que otros países europeos le llevan a España hacia la concienciación sobre una vida y alimentación saludable o en una regulación publicitaria más estricta.
¿Cuáles son los datos del informe Aladino 2019 sobre obesidad infantil que más le preocupan?
Es un trabajo tan extenso que existen múltiples perspectivas para abordarlo, pero a nosotros nos han parecido siempre especialmente dramáticos los niveles de obesidad infantil. Aunque hay una cierta estabilidad a lo largo de los años, no dejan de ser enormemente preocupantes. Estamos hablando de que cuatro de cada diez menores de entre 6 y 9 años tienen algún tipo de exceso de peso. Además, existen muchos matices, y uno de ellos es lo que llamamos la “correlación de clase”, que indica que la tasa de obesidad infantil es el doble entre las familias con unas rentas más humildes que en aquellas con rentas más altas. Y eso nos habla de desigualdad, de pobreza, de malos hábitos vinculados a la renta. Es una fotografía problemática que afecta al sector más vulnerable de nuestra sociedad: los menores.
¿Qué se puede hacer para paliar esa brecha, para llegar a las familias vulnerables y centrarse en ellas?
Hablamos de un fenómeno socioeconómico, no solo de hábitos. En primer lugar, tenemos que combatir la pobreza y hacer que el Estado social funcione; mejorar la vida del conjunto de la población, pero especialmente de aquellos más vulnerables. Eso va a ayudar a que sea más fácil cambiar los patrones de consumo y de ejercicio físico. Nosotros vamos a promoverlo desde múltiples ámbitos. Desde el de la regulación, por supuesto: lo relativo a la fiscalidad, la sensibilización, la publicidad infantil, la información en el etiquetado…
«Parece que la pandemia y los confinamientos jugarán en contra de la obesidad y de la desigualdad»
Estamos ante diferentes líneas de trabajo que atraviesan el mismo problema y deben ir parejas a reformas estructurales. La pobreza no se resume con medidas meramente regulatorias, lo que requiere nuestro país es cambiar las estructuras, porque en los últimos 10 años hemos vivido dos crisis económicas y estas siempre afectan más a los más pobres. Y todavía no tenemos datos de cómo ha influido la pandemia a estos estratos. De hecho, parece que la pandemia y los confinamientos jugarán en contra de la obesidad y de la desigualdad.
¿Tienen prevista alguna acción o política especial en este sentido?
La pandemia, probablemente, traerá un retroceso muy importante porque los patrones de consumo van vinculados a la vida cotidiana. Un confinamiento en el que se ha retenido en casa durante tanto tiempo a la totalidad de la población, y muy particularmente a los pequeños, y que ha alterado tanto las condiciones de vida, acarrea un perjuicio muy grande. A eso se suma el impacto económico sobre las familias más vulnerables, que desde este Gobierno hemos tratado de mitigar lo máximo posible con un escudo social. Pero aún así, es evidente que, ante una crisis económica, las familias más humildes sufren más. Y disponer de menos dinero suele implicar el consumo de un tipo de productos que no son tan saludables. Después de la pandemia, tenemos que acentuar, más si cabe, toda la línea de trabajo que habíamos ya previsto desde el principio.
¿Será la subida del IVA a las bebidas azucaradas una realidad este año?
Está en vigor la parte que corresponde a los Presupuestos Generales del Estado. Es una herramienta para desincentivar el consumo, no para recaudar. De hecho, en términos cuantitativos, no sube una gran cantidad de céntimos por cada producto individual. Lo que hace es trasladar un mensaje de salud pública desde las autoridades hacia la sociedad: «Este tipo de producto no es saludable y su consumo excesivo puede tener unas consecuencias muy dramáticas en el medio y largo plazo en términos de obesidad infantil». Como sabemos, esta tiene una correlación muy importante con la obesidad en edad adulta y, a su vez, empeora los pronósticos de muchas enfermedades.
Recientes experiencias piloto en algunos lugares del mundo –podríamos poner el ejemplo de Cataluña, como modesta prueba piloto– han funcionado, las encuestas que se hacen después revelan que la gente entiende el mensaje y trata de cambiar sus hábitos. Evidentemente, esto por sí solo no resuelve todo. Hay que combinarlo, pero teníamos la oportunidad de incorporarlo de forma inmediata en los presupuestos. Vamos a estar muy atentos a la evolución, a hacer encuestas posteriormente para ver si funciona, para comprobar hasta qué punto ha sido útil y cómo se puede reforzar.
¿Por qué solo se ha decidido aumentar el gravamen de los refrescos y no el de otros productos ultraprocesados, también ricos en azúcares?
Es una especie de prueba piloto. Probamos con una serie de productos, los más agresivos en términos de salud, para ver cómo funciona. Después, haremos un seguimiento, una política de control. Si vemos que funciona, tendremos que expandirlo. Estamos hablando de una preocupación que, aunque ha crecido mucho en los últimos años, es relativamente nueva. Es decir, hace 30 años nadie se preocupaba por el consumo saludable y, por eso, las políticas públicas también son nuevas. Tenemos que ver cómo hacemos políticas públicas exitosas. No buscamos titulares. De hecho, no se trata de un asunto extraordinariamente atractivo. Simplemente, creemos que es útil para el propósito de reducir la obesidad infantil. Y forma parte de un pack.
Además de aumentar el impuesto a los productos menos saludables, ¿se plantean reducciones fiscales o ayudas que incentiven el consumo de alimentos saludables?
No le decimos a la gente lo que tiene que comer: puede comer lo que quiera. Pero hay que entender que el componente educativo es central y, por lo tanto, tratamos de mostrar señales que enviamos a través de la regulación, como la fiscalidad; o enseñar con campañas de información, un etiquetado más útil, más transparente. Desde luego, en casos extraordinariamente necesarios sí vamos a la regulación directa. Es el caso de la publicidad infantil, con la que entendemos que se ha sobrepasado la capacidad de ofrecer cualquier producto a cualquier persona, porque hablamos de sectores especialmente vulnerables como son los menores.
¿Qué formas manejan para incentivar un consumo saludable?
Varias. Por ejemplo, la mayoría de los productos saludables tienen el IVA más reducido posible. Hablamos de productos que forman parte de una dieta equilibrada y que se han ido perdiendo. En nuestro país somos afortunados por tener una dieta mediterránea, pero se da la paradoja de que se pierde como hábito de consumo, y especialmente en las familias más pobres, por múltiples razones, sobre todo, socioeconómicas: hay menos tiempo, se visitan más restaurantes de comida rápida que tienen efectos más perjudiciales… Todo eso hay que abordarlo de manera conjunta, pero no es sencillo. Sobre todo, porque cuando hemos llegado al Ministerio nos hemos dado cuenta de que había una tendencia a combatir eso, pero dispersa y poco contundente. El hecho de que tengamos un Ministerio de Consumo ya es en sí mismo un mensaje. Y creo que puede ayudar en esta dirección.
¿Por qué España, que siempre ha presumido de la dieta mediterránea, tiene uno de los peores datos de obesidad infantil de Europa?
Existe numerosa bibliografía que trata de dar respuesta a por qué se ha abandonado la dieta mediterránea, de manera muy rápida, en las últimas décadas. Algunas claves son coincidentes en los distintos estudios: la expansión de las grandes superficies en las que la mayor parte de los productos son procesados y ultraprocesados en detrimento de la compra en comercios de proximidad, el cambio en los hábitos de consumo y ocio, en el que prima la compra rápida debido a las jornadas de trabajo intensas, la publicidad, que señala la alimentación procesada como “fácil, moderna, accesible y sana”… Hay muchos factores. Estamos trabajando para tener un buen análisis de los elementos y poder diseñar políticas adecuadas y eficaces.
La estrategia NAOS para la prevención de la obesidad existe desde hace 15 años, pero no parece muy eficaz: España es uno de los países con mayores tasas de obesidad de Europa. A la luz de los datos, ¿es razonable seguir apostando por ella?
La estrategia NAOS tiene muchísimos elementos positivos y ha permitido dar un salto hacia adelante muy importante en un país que no tenía nada, pero es cierto que hay elementos cruciales, como la publicidad infantil en el código PAOS, que fallan de manera estrepitosa: dependen de la buena voluntad de una industria cuyo criterio rector, por definición, es maximizar beneficios. Ahí hay un conflicto entre los efectos de la salud de los menores y las estrategias de marketing que se utilizan para conseguir esos beneficios.
¿Qué se puede hacer?
«El código PAOS falla de manera estrepitosa: depende de la buena voluntad de una industria cuyo criterio rector, por definición, es maximizar beneficios»
Como padre de dos niñas, una de dos años y pico y otra de un año, soy consciente de que la mayor ya empieza a absorber una publicidad infantil dirigida, de manera muy agresiva en muchos casos, para que haga uso de un tipo de producto que sabemos no es saludable. Eso no se puede permitir. Desde el punto de vista de la salud, no podemos ir a un código tan suave. Estamos en conversaciones para reformarlo, pero el objetivo es evitar ese tipo de publicidad. No podemos permitirlo; hay espacios con los que no se puede transigir, porque tienen que ver con lo más fundamental, que es la salud. Especialmente, la de los más pequeños.
Además de la publicidad, ¿prevén controlar de algún modo las estrategias de marketing, como promociones de 2×1, descuentos, formatos XXL o la ubicación de estos productos en los supermercados?
Queremos abordarlo todo. Pero cuando llegamos y nos dimos cuenta de lo que había que hacer, nos vimos algo desbordados. Cada uno de estos cambios implica negociaciones, y muchas veces no dispones de ese tiempo. La clave está en entender que los menores son un colectivo vulnerable, más sensible a la publicidad. Cuando mi hija ve sus dibujos animados preferidos en un determinado producto, tiende a cogerlo. No hablamos de una persona de 30, 40 o 50 años a la que no vamos a decirle lo que tiene que comer, sí de un colectivo especialmente vulnerable a proteger: los menores. Y ahí las reglas tienen que ser enormemente estrictas. No lo están siendo en la actualidad, porque dependen de la buena voluntad. Y la buena voluntad de la industria está bien, pero si se demuestra que no funciona, hay que establecer reglas.
¿Se han planteado impulsar la educación nutricional en las escuelas?
Por supuesto. En algunas comunidades autónomas esta educación nutricional ya viene recogida en los pliegos de contratación de los comedores escolares. Sin embargo, hay un amplio margen de mejora. Tenemos que avanzar hacia planes más integrales que incluyan a las familias, y mejorando el conocimiento tanto nutricional para dar las claves de cómo mantener una dieta sana, sostenible, accesible y que no quite tiempo. Estas claves son cruciales para introducir cambios en los hábitos que sean realistas con la sociedad actual.
Hablemos de otras políticas. ¿Siguen otros ejemplos, como el de Reino Unido, en su regulación de la publicidad?
Seguimos todas las experiencias internacionales. En España tenemos un Ministerio de Consumo por primera vez, pero en otros países, especialmente en los anglosajones, es una competencia muy desarrollada y una preocupación desde hace tiempo. Hay líneas de trabajo de la Comisión Europea en las que ya vamos retrasados y queremos acelerarlas. Hablamos, por ejemplo, de la nueva Agenda del Consumidor, prevista para 2020-2025 y que habla de consumo ecológico, de derechos de los consumidores, de etiquetado, de mejorar la información… En otros países esto lo tienen mucho más avanzado, y sus industrias también están más adelantadas. Hoy, en los supermercados españoles ya hay productos que han incorporado el Nutri-Score como herramienta de marketing, pero también porque en sus países de origen ya está implantado.
Hay fabricantes y distribuidores que quieren influir positivamente en la alimentación saludable. ¿Qué camino les animaría a seguir?
Hay empresas muy concienciadas con esta tarea. Es su negocio, y conocen muy bien las demandas cambiantes de la población. Hace 30 años no existían estas exigencias. Las empresas lo saben, hacen estudios de mercado y conocen perfectamente que la gente demanda productos más naturales, menos ultraprocesados. Más producto cercano, más conexión local. Todo eso lo saben y lo van adaptando. A aquellas empresas sensibilizadas con este asunto, no solo por razones de negocio, sino porque comparten como valores y principios, una situación peligrosa de obesidad infantil, las invitamos a que aceleren. Las que vayan en esa dirección, van a tener a través del etiquetado Nutri-Score una especie de premio.
¿En qué sentido?
Me refiero a que la gente va a preferir comprar los productos menos nocivos. Y, en ese sentido, hay un alineamiento de intereses. Puede haber resistencias, pero vendrán de aquellas empresas cuya existencia depende en gran medida de productos malos para la salud. Es decir, dejaremos tiempo a la adaptación, pero como Gobierno no podemos permitir que haya un vector por el que los menores pongan su vida en riesgo.
¿Qué objetivos realistas, alcanzables, se ha trazado para esta legislatura?
Es difícil… A mí, por deformación profesional, como economista, me gustan mucho los números. Y, además, creo que, sin materia prima, sin datos, no se puede hacer bien política pública. Pero nos ha tocado una pandemia que ha distorsionado toda la serie temporal. Es decir, había una evolución muy lenta, pero positiva, en los indicadores. Y, ahora, de repente, la epidemia y la crisis económica hacen que todo eso se distorsione. No sabemos en qué punto estamos. Mientras no haya información y datos nuevos –que no tenemos porque son indicadores complejos, requieren más tiempo–, es difícil marcarse un objetivo completo.
¿Puede un único Ministerio hacer frente a un problema como el de la obesidad infantil?
La obesidad infantil requiere una aproximación multidimensional. Desde el Ministerio de Consumo tratamos humildemente de ser la palanca con más fuerza, porque tenemos mucha capacidad regulatoria. Pero hablamos de un fenómeno con muchas aristas, que abarca desde la educación en las familias a la forma de transmitir de las empresas, de los medios de comunicación… Todos estamos integrados en la cadena de mensajes que, al final, están detrás de nuestros patrones de consumo. Incluso tiene que ver con el urbanismo: ¿pueden los menores en sus barrios hacer ejercicio físico? ¿Estamos construyendo ciudades donde solo hay casas de apuestas?
En el Ministerio vamos a hacer todo lo posible, y creo que lo estamos haciendo bien. Pero somos conscientes de que se necesita el trabajo de todas las administraciones y de la sociedad civil. Hay una creciente conciencia sobre estos temas, en la parte ecológica y en la de la salud. Eso hace que el consumo responsable y el saludable sean dos vectores. Pero hay muchas resistencias que tienen que ver con grandes poderes económicos que han sacado mucho beneficio con un modelo de negocio que no quieren cambiar. Vamos a hacer que se pueda cambiar.
¿Qué queda por hacer?
Todavía tenemos muchos retos. Las políticas que se han ido impulsando, aunque han conseguido frenar la subida vertiginosa de los índices de obesidad infantil, no consiguen reducirlos. Fomentar la mejora de los hábitos nutricionales familiares, impulsar el ejercicio físico, establecer medidas del control de la publicidad mucho más rigurosas y redoblar esfuerzos desde las administraciones públicas para incluir en los criterios de compra de alimentos la perspectiva ambiental, cultural y nutricionalmente adecuada son algunas de ellas.
