La Ley de Acompañamiento a los Presupuestos del Estado para 2003 obliga a las comunidades autónomas a destinar a los gastos sanitarios toda la recaudación de los impuestos cedidos en el nuevo modelo de financiación autonómica, salvo el 33% del IRPF, con el objetivo de garantizar, al menos en el primer año de transferencia de la sanidad, el mismo nivel de prestaciones que se ha mantenido hasta el momento.
En concreto, la disposición adicional quinta de la norma estipula que las comunidades «deberán destinar a la financiación de los servicios de asistencia sanitaria de la Seguridad Social, como mínimo, el importe de los recursos que en dicho año (2003) proporcione el nuevo sistema de financiación».
Tras ello, la propia disposición enumera uno a uno los impuestos afectados para completar ese importe, que son el 35% de cesión de la recaudación por IVA, el 40% de los Impuestos Especiales sobre la cerveza, el tabaco, el alcohol y los hidrocarburos, y el 100% de la tasa sobre la electricidad y la matriculación de vehículos (sobre «determinados medios de transporte»).
A ese montante se une la posibilidad de cobrar una tasa autonómica adicional de dos céntimos de euro (cuatro pesetas), como la que ya cobra el Estado, que fue creada expresamente para sufragar gastos sanitarios.
Finalmente, la disposición advierte incluso que se debe incluir la parte del fondo de suficiencia (para gastos extraordinarios) que corresponda a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
Las primeras estimaciones apuntan a que el gasto sanitario suponía una media del 40% del Presupuesto del Estado (casi 30.000 millones de euros), de forma que con el nuevo modelo se puede extrapolar a una proporción similar, de forma que las cantidades que se prevé recaudar por la cesión de esos impuestos puede ser de ese montante.
Fuentes oficiales consultadas advierten que esa disposición ya se contemplaba en el acuerdo sobre financiación autonómica alcanzado el pasado mes de julio por unanimidad de todas las autonomías, como régimen transitorio, incluso recuerdan que se frenó el traspaso de la recaudación de ciertos impuestos indirectos, por entender que debía acompasarse a la transferencia de las competencias de sanidad, dado que, si se acumulaban impuestos y las partidas para sanidad, se podría producir una sobrefinanciación.
