El Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid ha condenado a la empresa Uralita a indemnizar con 3,92 millones de euros a 45 vecinos de las localidades barcelonesas de Cerdanyola del Vallés y Ripollés por los daños causados por la exposición diaria al polvo de amianto generado por una fábrica de la compañía. La sentencia señala «acreditada la relación de causalidad entre la actividad industrial realizada en la factoría de Uralita y la generación de condiciones suficientes y necesarias para un ambiente contaminado en el que habrían de surgir patologías pulmonares en la población circundante a la fábrica o familiares de los trabajadores».
El fallo también indica que los medios de transmisión que han causado las enfermedades abarcan desde las emisiones de la fábrica en forma de polvo de amianto, la manipulación de las ropas de los trabajadores por parte de sus allegados en sus domicilios y la contaminación derivada de la degradación de residuos como consecuencia de la propia actividad industrial desde 1907.
Los afectados reclamaban una indemnización de 5,6 millones tras señalar que la empresa «esparció por todas las calles» de las dos localidades «trozos de asbesto» y «polvo de amianto sin tomar ninguna medida de precaución pese a saber que dicho material era perjudicial para la salud». A este respecto, la sentencia indica que la actividad que la factoría llevaba a cabo «para, al parecer, suplir de forma cómoda y barata la falta de asfaltado de las calles» denota «al menos un punto de imprudencia, en cuanto que ya era innegable la conciencia social en el mundo del riesgo que implicaba para la salud la utilización del amianto», prohibido en España en 2002.
Los demandantes recibirán indemnizaciones entre 43.079 y 400.000 euros por los daños físicos y morales provocados. La mayoría se vieron afectados por placas pleurales y abestosis, enfermedades que se desarrollan durante años, que pueden generar cáncer «y en ocasiones han conducido al fallecimiento». Ésta es la primera vez que los demandantes son habitantes de poblaciones próximas a una de las fábricas que utilizaron esta materia prima desde principios del siglo XX. Hasta la actualidad, sólo había sentencias por demandas presentadas por trabajadores dictadas por los Juzgados de lo Social. Uralita ya ha informado que recurrirá la sentencia porque, asegura, siempre respetó las legislaciones vigentes e incluso se adelantó a las restricciones normativas con inversiones en seguridad.
