El Ejecutivo estudiará la posibilidad de establecer algún tipo de limitación al uso de efectivo en determinadas transacciones económicas, sobre todo las realizadas con billetes de alta denominación, con el fin de luchar contra el fraude fiscal y hacer aflorar parte de la economía sumergida. Esta iniciativa forma parte del Plan General de Control Tributario que aprobará en breve el Ejecutivo y con el que se espera recaudar 8.171 millones de euros en 2012. La medida se aplica ya en otros países europeos como Francia e Italia, que han fijado umbrales máximos de 3.000 y 1.000 euros, respectivamente, para las cantidades a pagar en metálico.
El Plan General de Control Tributario operará en tres ámbitos: la intensificación en la lucha contra los incumplimientos tributarios, la mejora del control en la fase recaudatoria y la colaboración de la Agencia Tributaria con los organismos fiscales de las comunidades autónomas y la Seguridad Social.
Según explicó el Gobierno, en el primer apartado se engloban las actuaciones sobre los sectores o actividades económicas en las que existe una mayor percepción del fraude, actuaciones de fiscalidad internacional, investigación de la economía sumergida y control sobre el comercio exterior y los impuestos especiales.
En el ámbito de la fiscalidad internacional, se pedirá información fiscal a los países que antes eran considerados paraísos fiscales, como Andorra, Panamá, Bahamas y las Antillas holandesas, al tiempo que se impulsará la firma de nuevos convenios para la erradicación de otros paraísos fiscales. En cuanto a la economía sumergida, las actuaciones se dirigirán a la obtención de pruebas de la realización de actividades económicas ocultas o parcialmente declaradas en determinados sectores productivos. Se reforzarán los mecanismos de colaboración y coordinación con la Inspección de Trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social y se intensificarán las actuaciones de carácter presencial. Además, se explotará por primera vez la información obtenida de nuevas declaraciones informativas: consumo de energía eléctrica y terminales de tarjetas de crédito.
En fase recaudatoria, se adelantará la intervención de los órganos de recaudación en los procedimientos de gestión tributaria y se fomentará la adopción de medidas cautelares desde el inicio del procedimiento. Para detectar la ocultación de bienes o actividades se prevé la colaboración de Vigilancia Aduanera. Asimismo, se potenciará la utilización de las normas antiabuso disponibles, tales como la responsabilidad por ocultación de bienes y por levantamiento del velo y, para los supuestos más graves, la acusación por delito de insolvencia punible.
También se considera imprescindible la colaboración y el intercambio de información entre el Estado y las comunidades autónomas y ciudades con Estatutos de Autonomía para la lucha contra el fraude en los tributos cedidos. Por ello, se va a promover la adopción de acuerdos para el intercambio de aquella información de la que disponen ambas administraciones por el ejercicio de las competencias que constitucionalmente tienen. En 2012 se avanzará además en el establecimiento de cauces permanentes de intercambio de información tributaria entre el Estado y las haciendas forales.
