Diversos expertos consideran que la debilidad del control aduanero repercute en parte en los graves problemas mundiales de contaminación y disminución de la biodiversidad. La “Iniciativa Aduanas Verdes”, coordinada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), trata de combatir este problema.
No se dispone de cifras oficiales, pero diversas estimaciones del PNUMA apuntan que ser contrabandista medioambiental es fácil y muy rentable: Las mafias que trafican con materiales y residuos peligrosos, así como con todo tipo de recursos naturales, pueden estar ganando anualmente unos cien mil millones de euros.
En este sentido, el PNUMA recalca que el comercio ilegal de bienes relacionados con el medio ambiente es un problema internacional con serias consecuencias, ya que amenaza directamente el entorno natural y la salud humana, contribuye a la pérdida de especies, y provoca graves pérdidas en los países afectados. Asimismo, aseguran, este tipo de contrabando refuerza también a las organizaciones criminales que trafican con drogas, armas o prostitución.
Por su parte, los contrabandistas conocen a la perfección los problemas a los que se enfrentan los funcionarios de aduanas y de justicia. La falta de medios y de personal suele ir unida al desconocimiento de cuáles son las sustancias prohibidas o las especies en peligro de extinción, o cómo actuar si se detectan.
Las mafias que trafican con materiales y residuos peligrosos, así como con todo tipo de recursos naturales, pueden estar ganando anualmente unos cien mil millones de eurosPara combatir este problema, se creaba en 2001 la «Iniciativa Aduanas Verdes«. Su objetivo es, según Klaus Toepfer, Director Ejecutivo del PNUMA hasta 2006, reforzar y coordinar equilibradamente a nivel nacional la detección de cargamentos ilegales, la persecución criminal de estos malhechores y su posterior condena judicial.
La Iniciativa es coordinada por el PNUMA, y cuenta con la participación de diversas instituciones internacionales, como la Organización Mundial de Aduanas (WCO en sus siglas inglesas), la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPCW), la Interpol, y secretariados de diversas convenciones sobre cuestiones medioambientales.
De esta manera, la Iniciativa trata de que se cumplan los tratados internacionales sobre los distintos aspectos medioambientales sobre los que se puede traficar: Sustancias que destruyen el ozono (Protocolo de Montreal); movimientos transfronterizos y desechos peligrosos (Convención de Basilea); biodiversidad amenazada (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres – CITES y Convención sobre Diversidad Biológica).
Programas de entrenamiento
Los responsables de esta Iniciativa trabajan en el desarrollo de programas de entrenamiento para oficiales de aduanas, de manera que sean capaces de hacer frente a este tipo de contrabando. Por otra parte, la concienciación de este personal sobre la importancia de controlar este tipo de mercancías supone también otra importante labor. Así, se han organizado diversos talleres en varios países del mundo, como Trinidad y Tobago, Georgia o Sudáfrica.
Imagen: FWSPor ejemplo, la Interpol ha preparado unas guías basadas en técnicas de investigación y reconocimiento de delitos medioambientales, en concreto para la contaminación del agua y el aire, los residuos peligrosos y las especies naturales.
Asimismo, el entrenamiento también constituye un elemento importante para implantar en todos los países la Convención de Rótterdam sobre comercio internacional de plaguicidas y productos químicos peligrosos, así como la Convención de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes.
Un ejemplo de las dificultades de controlar el contrabando ilegal de mercancías relacionadas con el medio ambiente son los clorofluorocarbonos (CFC), que causan daños en la capa de ozono. Cualquier responsable de aduanas tiene claro que traficar con armas o drogas es ilegal y sabe actuar en consecuencia. Sin embargo, puede no tenerlo tan claro con una mercancía de gases CFC.
El Protocolo de Montreal determinó en 1989 la disminución de la producción y uso de CFC en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado en los países industrializados, y concedió de plazo hasta 2007 para que los países en desarrollo hicieran lo mismo.
Sin embargo, la Agencia de Investigación Ambiental, una ONG londinense, asegura que todavía hay un exceso de producción y comercio de clorofluorocarbonos (CFC), lo que implica que se convierta en un producto de tráfico ilegal más. En este sentido, la importación ilegal de estas sustancias es más barato que su reciclaje legal o su obtención de stocks controlados. Así, se estima que el mercado negro de sustancias que dañan el ozono podría mover en todo el mundo entre 20.000 y 30.000 toneladas anualmente.
