A favor y en contra. El proyecto de la Ley Reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria cuenta con defensores y detractores. Los argumentos favorables destacan, entre otras cosas, la inclusión de los menores, pero las críticas lamentan que el texto suponga también “un retroceso en garantías y derechos”. Por ello, cuando todavía está pendiente de aprobación, las organizaciones que trabajan a favor de las personas refugiadas lanzan sus propuestas para introducir a tiempo cambios en la norma.
La redacción del texto ha sido un esfuerzo común. Sin embargo, el resultado, no ha convencido a todos. El borrador del proyecto de la Ley Reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria incluye avances, pero se anima a una revisión «exhaustiva» de su contenido «para que las reformas contempladas en él no rebajen las garantías de protección de las personas solicitantes de protección internacional en nuestro país», señala la ONG Rescate.
La nueva Ley de Asilo nace ante la necesidad de armonizar la legislación nacional con las directivas europeas 2004/83/CE y 2005/85/CE. Sin embargo, en opinión de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), «tras 25 años de vigencia de la primera ley», el proyecto de reforma «supone un retroceso en garantías y derechos y dificulta el acceso al asilo» en un momento en el que las solicitudes han aumentado un 12% en los países industrializados, según datos del ACNUR.
A juicio de CEAR, las trabas con que se topan los solicitantes de asilo para ser reconocidos como tales, «especialmente para que su solicitud sea estudiada de manera individual y en profundidad», quedan consolidadas en el borrador. Para ello, el proyecto introduce el concepto de terceros países seguros, es decir, «aquellos en los que no se justificaría pedir protección internacional».
Aunque se propone abrir un cupo anual de reasentamiento, se echan de menos programas concretos
Los detractores también se muestran en contra de que desaparezca el papel del ACNUR en el procedimiento de asilo en frontera, lamentan la falta de concreción respecto a programas de reasentamiento de refugiados -aunque valoran la apertura de un cupo anual de reasentamiento y el tratamiento de la dimensión de género-, exigen un papel más relevante para las organizaciones sociales y denuncian la eliminación del asilo por vía diplomática.
Precisamente, al contrario de lo que establece esta última decisión, el Consejo de Europa propuso en noviembre la posibilidad de tramitar solicitudes de asilo en la Unión Europea a través de sus consulados y embajadas en terceros países. Se trataría de permitir que los refugiados accedieran al procedimiento de asilo «cuando los controles fronterizos y la externalización de fronteras hacen cada vez más difícil llegar a territorio europeo», explica CEAR.
Diálogo fluido
Aunque consideran que la nueva Ley de Asilo debe mejorar algunos aspectos, las organizaciones sociales valoran diversos cambios recogidos en el texto, como el reconocimiento de la persecución por motivos de género y orientación sexual o la inclusión de los menores y las víctimas de trata como colectivos especialmente vulnerables.
A pesar de ello, CEAR recalca que, «de no introducirse cambios esenciales» en el proceso de tramitación de la ley, «estaríamos ante el final de una normativa progresista respecto a los países del entorno», y aboga por un diálogo fluido con las organizaciones sociales y porque el borrador, «o una nueva redacción», se someta a un proceso de consulta «amplio y sereno».
Los datos recogidos por el ACNUR desvelan que, en 2008, un total de 4.516 personas pidieron asilo en nuestro país, “la cifra más baja en 20 años”. Casi un 51% de las solicitudes no fueron admitidas a trámite y sólo se firmó la concesión del estatuto de refugiado a 151 personas (2,91% de las resoluciones).
En 2008 se registraron 383.000 nuevas solicitudes, un 12% más que en 2007
¿Qué ocurre en los países del entorno? “En Francia 24.353 personas solicitaron asilo en 2008 y 11.441 recibieron protección internacional”, señala el ACNUR. En 2008 el número de solicitantes de asilo en los países industrializados aumentó por segundo año consecutivo, coincidiendo con el incremento de peticiones por parte de ciudadanos de países en conflicto, como Afganistán o Somalia.
Los datos provisionales de 2008 apuntan a 383.000 nuevas solicitudes de asilo en 51 países industrializados, con una subida del 12% respecto a 2007. Ese año se registraron 341.000 solicitudes. Respecto a los países de origen, Irak ocupó el primer lugar (40.500 solicitudes), seguido por Somalia (21.800), Federación Rusa (20.500), Afganistán (18.500) y China (17.400). Los países de destino se repartieron entre Estados Unidos, que ocupó el primer puesto con unos 49.000 solicitantes, Canadá (36.900), Francia (35.200), Italia (31.200) y Reino Unido (30.500).
