Las medidas anticrisis continúan entrando en vigor. A la subida de impuestos, los recortes sociales y la reforma laboral se suma desde el pasado miércoles lalimitación al pago en efectivo. En el BOE del 30 de octubre 2012 se ha publicado la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. Esta norma, que prohíbe realizar pagos en efectivo a partir de 2.500 euros siempre y cuando una de las partes intervinientes sea un empresario o profesional, afecta de forma significativa a los ahorradores. Más allá de esta cantidad, los pagos deberán realizarse a través de entidades financieras para que Hacienda pueda controlar las operaciones. La medida afecta a ciudadanos de a pie y empresarios. ¿Cómo? ¿Cuáles son sus pros y sus contras?
Los pros de limitar los pagos en efectivo
Lucha contra el fraude:
El principal objetivo con el que se pone en marcha la limitación a las transacciones en metálico es el de evitar la economía sumergida, los pagos que se hacen al margen de Hacienda. Hasta ahora, las transacciones de elevado importe efectuadas en metálico han servido a numerosos ciudadanos para hacer pagos en dinero negro de coches y diversos bienes de lujo. También es habitual abonar una parte de un inmueble en «B» (dinero no declarado) para poder escriturar el piso por debajo del valor real de compra. Evitar el fraude, erradicar la economía sumergida y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales son tres de las metas de la nueva iniciativa.
Este punto es positivo para el ahorrador. Acabar o limitar el fraude servirá al estado para incrementar sus ingresos (vía impuestos declarados que han podido estar esquivándose durante años) y tratar de equilibrar las maltrechas cuentas públicas. Todo lo que ayude a mejorar la situación económica fomentará la reactivación del empleo, el consumo… y, en general, potenciará la salida de la crisis. Acabar con el fraude es beneficioso para la población en su conjunto.
Seguridad en los pagos:
Uno de los principales efectos colaterales de la limitación al efectivo será la mayor bancarización de los ciudadanos. Como es lógico, si se pone coto a los pagos en metálico por encima de una cuantía (que podría quedar fijada en 1.000 euros), habrá que recurrir a los bancos para concluir el pago mediante transferencia, cheque o tarjeta de crédito. Esto implica mayor seguridad en los pagos y, también, mayor control.
La medida exigirá familiarizarse más con los cheques bancarios, las transferencias o los giros bancarios o postales. La regulación de estos métodos de pago bancarios, controlados por el Banco de España y por la Agencia Tributaria, hace que sean más seguros que los metálicos.
Información en comercios:
La nueva norma va a exigir, sobre todo al principio de su implantación a partir del día 19 de noviembre, más transparencia en comercios y tiendas.
Los empresarios deberán informar con carteles visibles cuáles son los medios de pago que aceptan, y las condiciones que exigen. Por ejemplo, deberán especificar si aceptan o no cheques conformados, transferencias, tarjetas y a partir de qué importes. Este aspecto será importante para que el usuario pueda echar cuentas y utilizar los servicios bancarios que menos comisiones le cobren.
Los contras
Más comisiones:
La mayor bancarización que exige la nueva norma que pone coto al efectivo obligará a los ahorradores a pagar más comisiones bancarias. El pago en metálico no incluye, como es lógico, ningún abono de comisiones. Sin embargo, si se recurre a los bancos, lo normal será que obliguen a pagar una tasa a la entidad financiera por actuar como intermediario. Además, en este sentido, no hay buenas noticias para los ahorradores: las comisiones por servicios bancarios básicos se incrementaron una media del 20% a lo largo del pasado año. Los servicios que deberán utilizar más los ciudadanos para cumplir con la exigencia de limitar los pagos en efectivo figuran entre los más encarecidos. Por ejemplo, una de las prácticas que más se elevará será la de realizar transferencias y no es, precisamente, un servicio barato.
En 2011, la comisión media que cobraban bancos y cajas por realizarlas subió un 44,26%, según datos del Banco de España. De media, cada vez que se realiza una transferencia, el ahorrador paga 4,53 euros (frente a los 3,14 euros del año anterior). Sin embargo, hay entidades que pueden cobrar hasta 20 euros, como así se refleja en sus folletos de comisiones máximas registradas en el Banco de España. Para sortear estos pagos, lo mejor es abrirse una cuenta en un banco online. Algunos como Openbank, ING Direct, Banco Popular-e o Uno-e no cobran por las transferencias realizadas.
Pagar o cobrar un cheque bancario es también ahora mucho más caro. Si el ingreso del cheque se realiza en la propia plaza de la entidad bancaria, el coste medio es de 2,94 euros, pero el coste máximo puede alcanzar 6 euros. Si el cheque se cobra en una plaza distinta a la del banco emisor, la comisión media es de 3,13 euros (la máxima también es de 6 euros). En este sentido, no obstante, también es ventajosa la banca por Internet. Las entidades que operan en exclusiva a través de este canal ofrecen talonarios de cheques para pagar en sus entidades sin tener que abonar comisiones.
En referencia a los cheques, no obstante, hay una mala práctica bancaria generalizada que es la de solicitar una comisión por cobrar el cheque. En muchos casos, si se reclama, el propio banco da la razón al usuario y suele devolverle la comisión.
Tarjetas más caras:
Las tarjetas de crédito, sin duda, sufrirán un gran impulso con la limitación a los pagos en efectivo. Se trata de uno de los servicios de pago más rápidos y cómodos. No obstante, no es barato. En 2011, las cuotas de mantenimiento de tarjetas de débito y crédito fueron las que más crecieron dentro de los servicios bancarios básicos. Las de débito, por ejemplo, se incrementaron un 17% de media y las de crédito, un 9,6%. Tener una tarjeta de débito cuesta, de media, 20,25 euros anuales. Eso de media. Pero hay entidades que cobran hasta 30 euros. En el ámbito del crédito, la cuota media es de 37,71 euros, aunque puede alcanzar 60 euros.
Si se limita el efectivo y se promueve una mayor bancarización de los ciudadanos es posible que algunos ahorradores apuesten por contar con varias tarjetas de crédito o débito, de varias entidades, con lo que verán incrementada la factura por el cobro de comisiones y cuotas de mantenimiento. Por lo general, algunos bancos eximen de estos pagos, pero solo si se está vinculado con la entidad con nómina y recibos, algo que solo se puede conseguir con una entidad. Con el resto, será difícil sortear el pago de estas comisiones.
Impacto a pequeños empresarios:
Los empresarios o dueños de pequeños negocios figuran entre quienes más sufrirán el impacto de la norma. En particular, puede afectar a pequeños autónomos que realizaban trabajos por los que no declaraban el IVA y por los que no emitían facturas, por ejemplo por labores de albañilería, pintura, carpintería… Además, es más que probable que la norma afecte al cobro del IVA y a las devoluciones.
En Francia, la normativa respecto a la limitación en los pagos en efectivo está desarrollada de pleno y tiene numerosas peculiaridades.
- La medida, por ejemplo, no afecta a las operaciones que se realizan entre ciudadanos de forma privada, por ejemplo la venta de artículos de segunda mano como coches, aparatos de tecnología…
Sin embargo, si las transacciones se efectúan entre un particular y una empresa, el límite que no puede superarse está fijado en 3.000 euros (incluido el IVA).
Si son dos profesionales o empresas las que negocian, las compra-venta de servicios se limitan a los 750 euros en metálico.
En las empresas, no se pueden abonar salarios en metálico por encima de los 1.500 euros.
En el ámbito doméstico, los abonos por prestación de servicios (asistentas del hogar, por ejemplo) están limitados a 450 euros en metálico.
La norma francesa es, no obstante, muy peculiar. Por ejemplo, solo afecta a los contribuyentes franceses o nacionalizados en el país galo. Los extranjeros que están de paso por el país pueden realizar compras con dinero en efectivo hasta un límite de 15.000 euros.
