Los alimentos del comercio justo están sometidos a unas reglas específicas que van más allá de las obligaciones mínimas en materia de seguridad alimentaria. Se trata de un nuevo mercado, que nace como alternativa al convencional, y que requiere para su funcionamiento de nuevos sujetos económicos como el productor asociado, el facilitador-mediador sin ánimo de lucro y el consumidor responsable, además de la atención a nuevos conceptos como el sobreprecio y la fidelización del propio consumidor.
El consumidor de los países desarrollados toma cada vez mayor conciencia de su poder en la economía global, a pesar de que se conoce que el 70% del comercio mundial está controlado por empresas multinacionales. Para determinados consumidores, todavía sólo unos pocos, la elección de un producto es un acto fundamentado cada vez más en parámetros que van más allá de la calidad o la seguridad del propio producto. Y es que cuando estos parámetros ya le satisfacen, el conocimiento sobre la procedencia del producto, el cumplimiento por parte de las empresas con objetivos sociales, la protección del medio ambiente o su capacidad para mejorar las condiciones de los trabajadores del Tercer Mundo determinan la compra aunque para ello deba de pagar un sobreprecio.
Es en este sentido que se empieza a hablar de un nuevo concepto, el de consumidor responsable, que con su actitud recompensa a aquellos productores o empresas que considera más sensibles con su entorno global y con la sostenibilidad del planeta. Pero a fin de mantener viva esta nueva vía, las organizaciones saben que en los países desarrollados se precisa de la adopción de mecanismos adecuados para fidelizar al consumidor con una determinada gama de productos, y que le garanticen el cumplimiento de los principios básicos del Comercio Justo.
Una historia reciente
El movimiento de comercio justo llegó a España a través del País Vasco en 1986, casi 20 años después que se instaurara en EuropaEl movimiento de Comercio Justo nació en Europa en los años sesenta, tras la primera Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo-UNCTAD celebrada en Ginebra en el año 1964, que se desarrolló bajo el lema «Comercio, no ayuda». En aquél entonces los países pobres reclamaban -sin éxito- a los países más ricos la apertura de sus fronteras a los productos agrícolas del Tercer Mundo; y buscaban alternativas frente a la injusticia que producían las desequilibradas relaciones comerciales entre el Norte y el Sur.
Pocos años después, en 1969, se inauguraba la primera tienda de comercio justo en Europa, concretamente en Brenkelen (Holanda). La especial sensibilización por el Tercer Mundo de una parte de la sociedad holandesa -que aceptó una nueva forma de hacer solidaridad y estuvo dispuesta a pagar un sobreprecio por una determinada gama de productos provinente de los países más pobres- determinó que en tan sólo dos años el número de establecimientos de comercio justo abiertos al público en Holanda fueran de 120.
Sin embargo, la comercialización de productos tan representativos como el café no llegarían a verse en estas tiendas hasta 1973, procedente de las cooperativas de Guatemala. Las iniciativas españolas sobre la materia se hicieron esperar. En 1986 se inauguraron los primeros establecimientos, uno en el País Vasco y otro en Andalucía; y en 1989 se fundó la primera organización de Comercio Justo.
En la actualidad, la Coordinadora Estatal de Organizaciones de Comercio Justo, que nace en 1996 con la finalidad de potenciar la venta de este tipo de productos, aglutina a 34 organizaciones con más de 58 puntos de venta reconocidos en todo el territorio nacional. Entre los productos que comercializan destacan alimentos de consumo habitual como el café, el té, el chocolate o el azúcar, y otras especialidades como la miel, mermeladas tropicales, especias, galletas, frutos secos o licores.
Unos principios
El principio fundamental que proclaman las Organizaciones del Comercio Justo no es otro que garantizar a los productores del Sur una compensación justa por su trabajo, así como unas condiciones laborales dignas y respetuosas con el medio ambiente. A modo de ejemplo, estas organizaciones exponen que África obtiene más del 70% de sus ingresos por la exportación de tan sólo tres productos, entre los que se encuentran el café y el cacao en los dos primeros puestos.Y advierten de las graves consecuencias que se derivan del hecho de que los países del Sur basen sus economías en el cultivo de productos exclusivamente para la exportación: explotación laboral, sustracción de tierra que debería destinarse a la producción de alimentos, y degradación del medio ambiente.
Como conclusión, entienden que el sistema comercial actual no sirve, y que es necesaria una nueva visión, responsable y sostenible, del comercio, en la que el papel del consumidor es fundamental. Consideran que el comercio justo es una alternativa al comercio tradicional, ya que, según esta visión, la comercialización y la producción están al servicio de las personas, hace posible el desarrollo de las poblaciones más desfavorecidas del planeta e introduce valores éticos que abarcan aspectos tanto sociales como ecológicos en contraposición al comercio convencional, en la que priman criterios puramente económicos.
Como hecho destacable, cabe mencionar que los principios del Comercio Justo no coinciden exactamente en todos los países, dado que éstos se han ido elaborando, a medida que esta nueva iniciativa se iba desarrollando a través de las distintas organizaciones nacionales.
Recientemente, la Red Europea de Tiendas de Comercio Justo (NEWS!) ha elaborado unos criterios estándar mínimos para los productores, las importadoras y las tiendas, con el objetivo de unificarlos. Así, a modo de ejemplo, a los productores se les exige el pago de salarios justos y buenas condiciones de trabajo; mejoras en el bienestar social de la población trabajadora; cauces de participación de éstos en la toma de decisiones; preocupación por las repercusiones del comercio en la vida de la población; promoción de la igualdad entre hombres y mujeres; protección de los derechos humanos, poniendo especial énfasis en la población infantil, las mujeres y las poblaciones indígenas; así como el respeto al medio ambiente.
Por otro lado, las empresas importadoras deben pagar a los productores un precio justo por su trabajo; ser transparentes con sus márgenes; reducir en lo posible el número de intermediarios; trabajar para conseguir un mercado seguro para los productores; proporcionar apoyo a éstos mediante formación, asesoramiento técnico, investigación del mercado y/o desarrollo de nuevos productos; facilitar información a los productores sobre los mercados para sus productos; facilitar a las tiendas información sobre los productos y los productores; ser abiertos y transparentes sobre su estructura y actividades; y trabajar con los productores para mejorar, desde el punto de vista medio-ambiental, métodos de producción, productos y embalajes; y cumplir determinados objetivos sociales y laborales dentro de su propia organización, entre otros.
Y por último, a las tiendas se les exige vender productos de Comercio Justo; informar al público sobre sus objetivos, el origen de los productos, los productores y el comercio en general; participar en campañas para mejorar la situación de los productores y para influir en las políticas nacionales e internacionales; estar atendidas por personal, sea empleado o voluntario, comprometido con los objetivos del Comercio Justo; posibilitar que las personas que están en las tiendas participen en las decisiones que les afectan; y ser abiertas y transparentes en su estructura y actividades.
No cabe duda de que estas organizaciones consideran que con la práctica del Comercio Justo se consiguen objetivos concretos: los campesinos y los pequeños productores de las zonas empobrecidas logran una vía para vivir dignamente de su trabajo; y los consumidores obtienen productos de calidad, con la garantía de que se han respetado los derechos de los trabajadores y del medio ambiente. Entienden que con ello se recupera el vínculo perdido entre productor y consumidor, y se demuestra que es posible hacer compatibles los criterios económicos y los principios éticos.
Una tienda de comercio justo ofrece una diversidad de productos cada vez mayor, de la que sus promotores destacan la calidad y el acercamiento del consumidor a otras culturas, a las que tiene la oportunidad de ayudar a mantener mediante su adquisición. Sin embargo, y a pesar de la amplia variedad de alimentos y otros productos que ofrecen, según los estudios que han realizado estas organizaciones, tan sólo entre un 2% y un 5% de los consumidores de los países ricos de centro Europa están dispuestos a pagar el sobreprecio que conlleva la adquisición de un producto de Comercio Justo, y que sitúan entre un 15% y un 20 %.
El caso es que, aunque de momento son pocos, conviene fidelizarlos manteniendo la confianza que éstos han depositado en la credibilidad y autenticidad del proyecto de Comercio Justo.
Un aspecto fundamental para mantener viva esta vía entre el productor y el consumidor consiste en que la Organización de Comercio Justo que lo distribuye garantice a los consumidores, mediante un sello de garantía, que «hace lo que dice» y «cuenta la verdad de lo que hace». En este sentido, las Asociaciones de Etiquetado juegan un papel fundamental, dado que su función principal es supervisar y garantizar el cumplimiento de los requisitos del Comercio Justo en todos los productos que se comercializan con el sello de garantía.
En estos momentos las marcas de comercio justo que utilizan las diversas organizaciones europeas garantizan la procedencia, la calidad del producto y el respecto a la naturaleza en la elaboración del producto final. Y a pesar de que en Europa existían tres marcas con larga tradición y un amplio mercado (Max Havelaar, TransFair, y Fair Trade Mark), que han comercializado con su correspondiente sello de garantía café, cacao, chocolate, miel, azúcar y té, desde 1997 los diferentes sellos de garantía trabajan coordinadamente en el marco de la organización internacional de certificación de Comercio Justo FLO-Internacional (Fairtrade Labelling Organizations-Intenacional), y reúne a entidades de 17 países europeos, Canadá, Estados Unidos y México.
Para certificar esta garantía, tanto los productos como los grupos productores y las organizaciones importadoras y distribuidoras son sometidos a estrictas auditorias de control. En la actualidad el «sello de garantía» ha trascendido más allá de las organizaciones sin ánimo de lucro, y ello ha generado una polémica importante entre el modelo de “sello de garantía” que debe imponerse y determinadas organizaciones.
En este sentido, ESPANICA (la organización de Comercio Justo que distribuye en España el café y otros productos que producen en Nicaragua los pequeños productores asociados en cooperativas de trabajadores) presentó ciertas objeciones y observó ciertos riesgos sobre la propuesta de SETEM (una federación de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, implantada en 9 comunidades autónomas, para construir una relaciones Norte/Sur más justas) sobre un “Proyecto de Sello de Comercio Justo” basado en el Sistema de Comercio Justo elaborado por FLO, y que todavía en España está en fase de estudio, si bien determinadas organizaciones como SETEM lo consideran fundamental para incrementar el número de ventas.
El sello del sistema FLO, aplicable exclusivamente a una serie de productos como el café, el cacao, la miel, las bananas, el té, el jugo de naranja y el azúcar, identifica a un producto del comercio justo en el mercado, siempre y cuando productores, comerciantes, procesadores, mayoristas y detallistas hayan cumplido unos determinados estándares o normas respecto a temas tan diversos como la participación de los trabajadores, unos salarios decentes, la afiliación sindical, una vivienda adecuada, la sanidad, la seguridad o el medio ambiente.
Así, con respecto a los requisitos del proceso, las organizaciones productoras deben mejorar continuamente, tanto sus condiciones laborales como la calidad del producto, e incrementar la sostenibilidad medioambiental. Además deben cumplirse algunos estándares FLO específicos para cada producto que determinan elementos tales como la calidad mínima, el precio y los requisitos de procesamiento. Un sistema que se anuncia como el único de certificación en el mundo en el que los productores no pagan la certificación, dado que son los consumidores quienes pagan por el sistema de Comercio Justo. No cabe duda de que debe ser un motivo más para que el movimiento de Comercio Justo ofrezca las máximas garantías de fiabilidad, credibilidad y autenticidad.
