La crisis económica actual, además de acentuar algunos problemas psicológicos que acechan a los trabajadores, como el estrés, el síndrome de estar quemado, la adicción al trabajo o el mobbing, también está provocando un aumento de los casos de ansiedad y de depresión. Además, se calcula que en España una de cada cuatro personas sufre una afección psiquiátrica y que entre un 11% y un 15% de la población acude a la consulta de atención primaria por alteraciones emocionales y enfermedades mentales. Sin embargo, ante este escenario de crisis, tal y como señalan desde distintas sociedades médicas y asociaciones de afectados, es el ámbito de la salud mental la que se lleva la peor parte con los recortes en Sanidad.
La crisis económica actual pone en jaque la salud pública de los ciudadanos. En concreto, los especialistas en salud mental señalan que los recortes en los presupuestos de Sanidad son una amenaza para las personas que sufren una enfermedad psiquiátrica. Desde el año 2010, ya se han rebajado 7.395 millones de euros y, según los expertos, se prevé que en el año 2013 no mejore la situación; al contrario, parece ser que empeorará.
Salud mental en crisis
Para José María Sánchez Monge, presidente de Feafes, la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, «las inversiones en salud mental antes de la crisis actual ya eran escasas». Según el informe ‘INESME’ del Instituto de Estudios Médico-Científicos, a pesar de que las enfermedades mentales son la causa del 30% de la discapacidad global, solo cinco de cada 100 euros se dedican a la atención en salud mental.
Y la situación empeora. Sánchez Monge considera que, «aunque no aumente el número de personas que sufren una enfermedad mental, quienes las padecen reciben una peor atención y están en peor situación». Las consecuencias son que sufren más recaídas y su estado de ánimo empeora.
Sin embargo, el incremento del desempleo, los desahucios y el trabajo precario no solo afectan a las personas que padecen un trastorno mental, la crisis también pasa factura a la salud mental del resto de los españoles. «Por este motivo, aumentan los casos de depresión y ansiedad. Y, por el contrario, los servicios de salud mental públicos tienen menos capacidad para atender a un creciente número de personas que necesitan ayuda», añade.
Pocos recursos en salud mental
Recortar la atención continuada a las personas con enfermedad psiquiátrica hace que aumenten las visitas a Urgencias
La reducción de los presupuestos de Sanidad se traduce en una disminución de los recursos: hay menos personal, se cierran programas de atención y se retrasan tanto los pagos por parte de las administraciones públicas que muchos centros que proporcionan atención a las personas con enfermedad mental no se pueden mantener. Este es el caso de los pisos tutelados, en los que viven muchos de los afectados. Los recortes están siendo, en especial, muy duros en los recursos que, a juicio de Sánchez Monge, son más necesarios para las personas que padecen una enfermedad mental. «Son personas que deben tener una atención continuada por parte de médicos, psicoterapeutas, educadores, trabajadores sociales… pero cada vez hay menos personal», especifica el experto.
Asimismo, como hay menos atención continuada y cercana, muchas personas acaban por acudir a los servicios de Urgencias. En el año 2011 se produjo la mayor subida de ingresos hospitalarios desde Urgencias en los últimos diez años. Parece ser, entonces, que el ahorro que suponen los recortes para las arcas públicas tiene la contrapartida de que se consumen más recursos en este tipo de servicios, que son más caros. Por este motivo, numerosos expertos y asociaciones aseguran que los recortes no supondrán un ahorro tan importante.
Enfermedad mental en personas vulnerables
Las personas con pocos recursos económicos son quienes sufren de forma más dura los recortes, ya que no pueden acudir a la sanidad privada. Y un caso muy grave es el de los inmigrantes sin papeles que sufren enfermedades mentales, que también requieren atención psiquiátrica regular (a la que no tienen derecho) y medicación que, en muchos casos, no pueden comprar porque no tienen el dinero suficiente.
El pasado mes de septiembre, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, semFYC, y la Asociación Española de Neuropsiquiatría-Profesionales de Salud Mental, AEN-PSM, emitieron un comunicado en el que alertaban de que «abandonar la atención continua de los inmigrantes con enfermedades mentales graves les condena a sufrir recaídas y a acudir a Urgencias». Además, como muchos tienen importantes dificultades sociales, esta exclusión sanitaria «los coloca de forma clara en una situación de riesgo de marginación social». También denunciaban que esta ley «no tendrá relevancia económica».
Imprescindible en salud mental
José María Sánchez Monge considera que «si la atención fuera la adecuada, bajaría el gasto en medicación» y más personas con patología psiquiátrica tendrían acceso al mercado laboral. «Eso es mejor para la sociedad y también reduce los gastos. Según un estudio de la Universidad de Tarragona, las personas con empleo gastan de media 100 euros de medicación al año, mientras que las que no tienen trabajo gastan entre 950 y 990 euros al año», apunta el experto.
También señala Sánchez Monge que «se puede mejorar la atención si se reducen costes, pero no en aspectos imprescindibles. Sabemos que la atención continuada logra que haya menos ingresos, que son caros. Todo lo que sean tratamientos de acompañamiento, psicólogos, atención domiciliaria en casos de crisis, etc. son de gran ayuda».
Uno de cada cinco niños y adolescentes sufren una enfermedad mental. La infancia y la adolescencia son periodos clave en el desarrollo psicológico. “Son etapas en las que habría que hacer prevención -explica José María Sánchez Monge- y, en cambio, cada vez hay menos recursos”.
La Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente (AEPNYA) denunciaba en el año 2011 que España no cumple con los “mínimos requisitos recomendados” por la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto a profesionales y recursos asistenciales en el campo de la salud mental de niños y adolescentes. Y según una encuesta realizada el pasado mes de noviembre por la Asociación Española de Pediatría, el 71% de los pediatras considera que los recortes están afectando de manera negativa a la salud de los menores de edad. Una de las principales reclamaciones de los expertos es que se aplique la especialidad de psiquiatría infanto-juvenil, lo que ayudará mejorar la formación de los futuros psiquiatras y la atención de niños y adolescentes.
