Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobados en 2015 por los dirigentes mundiales en una cumbre histórica de las Naciones Unidas entraron en vigor el 1 de enero de 2016. Con ellos se pretende que los países intensifiquen sus esfuerzos para poner fin a la pobreza y luchar contra el cambio climático. Después de un año de balance, es evidente que aún queda mucho por hacer y en el caso de España se observa que quienes han tomado medidas han sido las ONG, ayuntamientos y empresas. En este artículo se describen los cinco ejes centrales de la Agenda 2030, la obligatoriedad y el compromiso de los países y la prioridades que en España se ha de abordar.
Los cinco ejes centrales de la Agenda 2030
La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible gira en torno a cinco ejes centrales: planeta, personas, prosperidad, personas, paz y alianzas. En inglés son denominadas las «5 P»: planet, people, prosperity, peace y partnership.
La Agenda 2030 gira en torno al planeta, las personas, la prosperidad, las personas, la paz y las alianzas
La Agenda 2030 está integrada por 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas. Los objetivos suponen un reto de la comunidad internacional dirigidos a la erradicación de la pobreza extrema, el combate a las desigualdades, el empoderamiento de la mujer, el acceso universal a la salud, la educación y el agua, lograr un desarrollo económico global sostenible y respetuoso con el planeta y los recursos que ofrece, entre otras metas.
La aplicación de los ODS es un gran reto, difícil, pero no imposible. El contenido de la Agenda es exigente para cualquier país y, además, los mecanismos de seguimiento están siendo débiles y las agencias internacionales carecen de herramientas efectivas de presión.
¿Están obligados los países a cumplir los ODS?
A pesar de que los ODS no son jurídicamente obligatorios, se espera que los gobiernos los adopten como propios y establezcan marcos nacionales para el logro de todos ellos. Su cumplimiento y su éxito se basarán en las políticas, los planes y los programas de desarrollo sostenible de los países.
Los ODS no son jurídicamente obligatorios
Los países tienen la responsabilidad primordial del seguimiento y examen de los progresos conseguidos en el cumplimiento de los objetivos, para lo cual será necesario recopilar datos de calidad, accesibles y oportunos. Las actividades regionales de seguimiento y examen se basarán en análisis llevados a cabo en cada uno de los países, que a través de este control contribuirán al seguimiento y examen a nivel mundial.
Por primera vez en la historia, los países desarrollados han aceptado someterse al control de la comunidad internacional en asuntos centrales de su política social social, económica o medioambiental y adoptando compromisos en función de sus capacidades.
Agenda 20130 En España: mucho por hacer
Según el informe ‘Un año de Agenda 2030 en España: mucho por hacer‘ publicado por Oxfam Intermón y UNICEF en septiembre de 2016, nuestro país es uno de los que no han demostrado voluntad política ni han puesto sobre la mesa presupuestos y mecanismos de control. Por el momento, falta identificar indicadores y mejorar la recolección de datos. En cambio, al menos 50 países han tomado medidas con implicaciones concretas.
En España falta identificar indicadores y mejorar la recolección de datos
Pese a la parálisis del Gobierno central y la falta de abordaje durante las propuestas electorales de todos los partidos políticos, hay otros agentes, como las ONG Cáritas, Oxfam Intermón, UNICEF o WWF-Adena, que han puesto en marcha planes para garantizar el control del cumplimiento de España de la Agenda.
También algunas comunidades autónomas como la valenciana han comenzado a discutir las implicaciones de los ODS para sus propias políticas.
Y en el sector privado, 33 de las 35 compañías del IBEX 35 tienen presentes los ODS en su estrategia de sostenibilidad empresarial.
Para abordar la Agenda, se deben considerar las siguientes prioridades:
- Lucha contra la pobreza: incremento de la inversión en protección social que garantice unos ingresos mínimos dirigidos a los niños y sus familias.
- Salud: una adecuada financiación del sistema de salud.
- Educación: estabilidad en el sistema educativo y mejora de la empleabilidad de los trabajadores jóvenes.
- Igualdad de género: reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres, atención integral a las víctimas de violencia de género y conciliación de la vida familiar y laboral.
- Energía: acabar con la pobreza energética.
- Trabajo digno: incremento del salario mínimo hasta alcanzar los 1.000 euros mensuales en 2020.
- Migraciones: garantizar rutas de tránsito seguras y cumplir con la cuota de acogida de personas refugiadas y solicitantes de asilo.
- Igualdad: mejorar la capacidad recaudatoria gracias a un aumento de la presión fiscal.
- Cambio climático: transición a un modelo productivo y de consumo bajo de carbono.
- Ayuda al Desarrollo: aumentar los fondos de esta ayuda hasta el 0,4% en 2020, ya que España está hoy en día entre los países que dan menos ayuda al desarrollo.
