Ante la reticencia del sector cárnico de asumir el coste de la lucha contra la Encefalopatía Espongiforme Bovina mediante la subida de precios, el Ministerio de Agricultura le ha propuesto convertir la tasa de la carne en un impuesto indirecto sobre el consumo, similar al que grava los carburantes, el alcohol y el tabaco. De esta manera, el Estado seguiría financiando la destrucción de los materiales específicos de riesgo (MER).
Aunque la nueva propuesta supone que Agricultura aceptaría un papel recaudatorio que antes se negaba a asumir, también es cierto que sigue encaminada a que el consumidor sea quien sufrague las medidas preventivas contra el mal de las «vacas locas».
El encarecimiento del precio de la carne parece inevitable, bien es cierto que de aceptarse la nueva propuesta pasaría a ser el estado, y no los establecimientos, quienes recaudarían los fondos necesarios para combatir la EEB.
La idea de gravar el consumo de carne fue propuesta por el subsecretario de Agricultura, Manuel Lamela, a las industrias cárnicas, después de que éstas amenazaran con llevar a cabo un paro de una semana a partir del 1 de enero si el Gobierno dejaba de abonarles la destrucción de los residuos de riesgo.
