El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer la toma en consideración de una proposición de ley para que todos los productos y servicios relacionados con la cadena alimenticia tributen al 4%. La iniciativa recibió 173 votos a favor, 167 en contra y 2 abstenciones. Su objetivo es «facilitar el acceso de la población a una cesta alimenticia variada y equilibrada» en una situación económica «marcada por una intensa crisis».
La propuesta reforma la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), para corregir la diferente tributación que se aplica a los productos alimenticios -desde los alimentos propiamente dichos a los fertilizantes y a los servicios prestados a las explotaciones agrarias-, y propone que, al tratarse de bienes de primera necesidad, «sean incluidos en su conjunto en el tipo impositivo más bajo del IVA, lo que dará lugar a una selección de productos en cada tipo impositivo más justa y equitativa», señaló el Congreso.
Esta medida no contó con el apoyo del Ejecutivo central. El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, dijo que España es uno de los países europeos que más aplica el tipo de IVA «superreducido», que grava los productos al 4%, algo que puede tener alguna ventaja, pero también algún inconveniente. Una aplicación generalizada de este IVA supondría una caída de la recaudación, lo que obligaría a que otros productos soportaran una presión fiscal «mayor», apuntó al respecto.
«Hay que ser muy prudentes», señaló el representante del Ministerio de Economía, para quien esta premisa es aún más importante si se tiene en cuenta que en el actual contexto económico una de las prioridades es la reducción del déficit. Además, recordó que en Europa existen directivas sobre el IVA que impiden que se aplique el tipo superreducido, algo que se debate en la actualidad por parte de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) y con lo que todos los países están de acuerdo.