La crisis del aceite de orujo de oliva, provocada por la aparición de niveles de benzopireno más altos de lo permitido, todavía colea. La Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab), la Asociación de Exportadores de Aceite de Oliva (Asoliva) y la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac), han decidido presentar un recurso, cada uno de ellos por separado, ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo, contra la resolución de la Dirección General de Salud del Ministerio de Sanidad que llevó a la paralización de la venta de este producto el pasado verano.
El sector del aceite pretende que la vía jurisdiccional le dé la razón sobre lo injusto y desproporcionado de la medida adoptada por Sanidad, que califican de atropello. Esta acción jurídica será a su vez fundamental para la serie de demandas por daños y perjuicios, que las distintas empresas afectadas estudian presentar contra las autoridades autonómicas, ya que fueron ellas las que decidieron detener la venta del aceite de orujo. Así, algunas empresas se encuentran ya valorando y cuantificando los daños provocados por la medida adoptada por Sanidad.
Los demandantes esperan que muchas otras empresas se unan a la iniciativa y las querellas por daños y perjuicios se multipliquen. Y no sólo de las empresas orujeras, ya que fue todo el sector del aceite de oliva en general el que se vio perjudicado, sobre todo en los mercados de exportación, por la alarma creada.
Por otro lado, el Ministerio de Agricultura defendió ayer la compatibilidad con el Mercado Común de las ayudas concedidas al sector del aceite de orujo para iniciar la recuperación de su competitividad y su reestructuración tras la crisis.
