Un rescate a España implicaría nuevos ajustes por parte del Ejecutivo que afectarían a los ciudadanos en forma de nuevas subidas de impuestos, congelación de pensiones, nuevas tasas, etc. Aunque todavía no es segura su implantación, estas son algunas medidas que podría tomar el Gobierno central para tratar de controlar el gasto público, como las que se exponen a lo largo de este reportaje.
¿Cómo afectaría el rescate?
La posibilidad de que el Gobierno español acuda al rescate, tal y como le ha instado el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, genera serias preocupaciones entre los ciudadanos que se preguntan si tendrán que soportar nuevas subidas de impuestos y asumir recortes en sus salarios o pensiones. No en vano, las condiciones exigidas para que el «salvavidas» funcione de manera correcta supondrán para el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy nuevos pasos en el diseño de su política económica, que pueden conllevar más ajustes.
Además de endeudar a España por varias generaciones, se obligará a nuestro país a aplicar nuevas medidas de ajuste
Es necesario precisar que esta operación de gran calado representa un préstamo a las arcas del Estado que habrá que devolver en los próximos años, con sus consiguientes intereses. Además de endeudar a España por varias generaciones, se obligará a nuestro país a aplicar nuevas medidas de ajuste: nueva subida en los impuestos y congelación de las pensiones son algunas de las alternativas que se vislumbran para los próximos meses, sin descartar otras aún más agresivas.
Congelación de las pensiones: una de las medidas más impopulares en la que coinciden todos los analistas financieros es la que afectaría a las pensiones de los españoles, que podrían ser congeladas para el próximo ejercicio. Algunas voces mas pesimistas hablan incluso de una rebaja de las mismas, en especial a las más altas que verían menguar su salario todos los meses.
Nuevo incremento en el IVA: otra de las posibilidades que se baraja es un nuevo incremento en el Impuesto sobre el Valor Añadido, que podría pasar en su tramo más alto, del 21% al 23%, para así igualarse a los países europeos con mayor fiscalidad en este tipo de impuestos. También se podrían decantar por que las subidas fueran también efectivas en el tipo reducido y superreducido (ahora en el 10% y 4%, respectivamente).
Más ajustes fiscales: aunque parece difícil, no se descarta un nuevo recargo «temporal y extraordinario» en el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF), que afecte de nuevo tanto a los trabajadores por cuenta ajena como propia y que se reflejarían en una devaluación de las nóminas y en las facturas de los profesionales.
Alza de impuestos especiales: otra opción a la que puede llegar el Ejecutivo nacional es incrementar determinados impuestos, como los que gravan el tabaco, gasolina y artículos de lujo, que podrían ver aumentadas sus tarifas.
Menos prestaciones para el desempleo: se podrían también endurecer las condiciones para acceder a las prestaciones por desempleo, con mayores requisitos, menor cuantía económica y con periodos más bajos.
Impuesto verde: es una tasa de matriculación cuya misión es regularizar la emisión de CO2 en vehículos y embarcaciones de motor en nuestro territorio. Repercutirá sobre determinados tipos de vehículos, quads y motos de agua de nueva matriculación. Por otra parte, esta tasa se aplicaría a las empresas energéticas, por lo que de forma necesaria se vería reflejada en la factura de la luz de los consumidores.
Incremento de los impuestos municipales: la presión del Estado sobre los ayuntamientos podría cristalizar en un endurecimiento de sus tasas impositivas: IBI, impuesto de recogida de basuras, etc. Esta medida es mucho más difícil que se produzca de inmediato, al no depender directamente del Gobierno.
Ajustes en el funcionariado: tampoco se descarta que se ponga en marcha una reforma en las administraciones públicas que genere el cese de los trabajadores interinos o la ampliación horaria en sus centros laborales.
