Desempleados, ¿pueden acceder a créditos?

Desde el punto de vista social, el desempleo no sólo implica hallarse fuera del mercado laboral de manera momentánea y carecer de un sueldo mensual, sino que también supone que una gran franja de la población no pueda acceder a productos de consumo y servicios financieros, que sólo es posible conseguir en buenas condiciones en una situación de empleo formal.

Pero esto no es algo privativo de los desempleados. A esta coyuntura se enfrentan, además del 20% de desocupados en España, el 44% de subempleados -ciudadanos en una situación laboral precaria, con trabajo “en negro” y a tiempo parcial-, que a pesar de percibir una renta, desde el punto de vista formal, no cuentan con la principal fuente de respaldo en esta sociedad de consumo: la nómina y su función de garante de una vida económica sustentable y previsible en el futuro.

A pesar de todo, hoy los parados pueden conseguir desde tarjetas de crédito hasta dinero en efectivo en el mercado de crédito. Eso sí: con mayores condiciones, tasas de interés más altas y mediante la selección cuidadosa de los productos entre la limitada oferta que dispone el mercado para este perfil de clientes.

Los préstamos sin nómina se enmarcan entre los créditos rápidos y, en este ámbito, el mercado se amplía. Sobre todo, se multiplican los ofertados por casas de préstamos y entidades financieras. Son un producto de crédito de bajo monto -oscilan desde 3.000 euros a 30.000, de manera excepcional- y se conceden a un interés anual que puede duplicar la tasa media que cobran las entidades financieras tradicionales. Incluso pueden llegar al 23%. Su principal ventaja son los escasos requisitos que demandan y el tiempo récord en que el cliente recibe el dinero: 24 horas. Son créditos desaconsejables porque implican un alto riesgo de sobreendeudamiento debido a su alto coste, una situación que ya conocen el 70% de las familias españolas.

Muchas de las entidades que proponen estos productos destacan en sus reclamos publicitarios la rapidez administrativa, la escasez de requisitos para su otorgamiento y hasta la posibilidad de acceso, aunque figure en alguna lista de morosos, como Asnef. Sin embargo, la “rapidez” no siempre es tal y los requisitos, aunque escasos, pueden ser letales. Ocurre que en la mayoría de los casos son créditos prendarios, que se realizan con la garantía de alguna propiedad: coche, casa, trastero, garaje, terrenos -con o sin hipoteca-. Esto quiere decir que el impago puede implicar la ejecución de los bienes o la necesidad de afrontar una instancia judicial en un futuro, que comprometa el salario una vez abandonada la situación de desempleo. La validez de la propiedad como garantía se debe a que la ley determina que el deudor responda, una vez agotado este recurso, con otros bienes personales, desde la nómina hasta las joyas y las cuentas bancarias, entre otros.

La profundidad con que ha calado el desempleo en las economías domésticas ha propiciado que incluso las entidades de crédito tradicionales, como bancos y cajas, desarrollen toda una gama de productos bancarios para desempleados: domiciliación de recibos domésticos y seguro de desempleo exentos de comisiones, cuentas especiales y exención de la devolución de recibos por descubierto. Entre estos paquetes, también figuran créditos personales y familiares.

Ahora bien, esto indica la teoría, porque la realidad es que este tipo de créditos se otorgan, en general, a personas en situación de desempleo, pero con un historial fehaciente como clientes de la entidad, y para algunos fines particulares. Además, en ocasiones se conceden como créditos familiares para grupos cuyo ingreso no supere el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La Caixa concede hasta 25.000 euros de créditos ante necesidad de financiación de gastos relacionados con la vivienda o situaciones familiares especiales. BBVA promociona una financiación para el pago de la hipoteca por un año, hasta un máximo de 900 euros mensuales durante los dos primeros años de hipoteca contratada con la entidad. Algunos bancos y cajas ponen como requisito, además del conocimiento de la persona que solicita financiación -ya que se basan principalmente en la confianza-, la presentación de su itinerario de inserción social y laboral.

La Unión Europea aprobó hace poco una línea de casi 50.000 créditos de hasta 25.000 euros cada uno para ayudar a desempleados. La suma total destinada por la UE es de 100 millones de euros “para los desempleados que quieran iniciar un negocio” y para “PYMES de menos de 10 empleados”, como una medida para paliar el desempleo. Aunque esta iniciativa se acaba de hacer pública, se espera que los desempleados europeos, que sobrepasan ya los 5 millones, cuenten con esta posibilidad de financiación, que se desarrollaría durante los próximos ocho años.

Este tipo de créditos gubernamentales destinados a las personas paradas no se registra en exclusiva en el ambito europeo, sino que es una política que se desarrolla también en los estados nacionales de la Unión. La consejería de Trabajo y formación de Mallorca impulsa una línea de ayudas desde 2009 para financiar con hasta 2.400 euros a los desempleados afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) derivados de procesos de quiebra por la Ley Concursal. La ayuda deberá devolverse cuando los parados recuperen sus empleos.

Aunque de baja cuantía, las vías de financiación de los estados nacionales europeos o autonómicos cuentan con la característica de ser más flexibles. Por lo general, apuntan a incentivar la creación de empleo a través de los préstamos para forjar la puesta en marcha de actividades autónomas por parte de los desempleados. Es el caso de Navarra, que brinda a sus parados inscritos en las oficinas de empleo una ayuda para abonar los intereses bancarios de los créditos otorgados por entidades financieras. De esta manera, quien haya recibido un crédito bancario desde 5.000 euros, podrá recibir por parte del Gobierno navarro el 4% de los intereses bancarios pactados en el préstamo. La iniciativa es cofinanciada por el Fondo Social Europeo y establece cuantías máximas de ayuda que parten de 5.000 euros para los desempleados en general y se incrementan en función de diferentes perfiles sociales: 7.000 euros para mujeres desempleadas, 8.000 euros para desempleados con discapacidad, etc.

Con el fin de tramitar un préstamo en cualquier entidad, es recomendable seguir una serie de pautas que agilizan esta labor y permiten, además, multiplicar la pesquisa para hallar la mejor oferta posible. Una carpeta con toda la información sobre finanzas personales (cuentas bancarias, inversiones, patrimonio, etc.) puede ayudar a negociar. Pero lo fundamental es cerciorarse de no figurar en ningún listado de morosos.

Ante una mínima deuda impagada es posible figurar en alguna de ellas. En este caso, aunque hay entidades financieras que dan luz verde a la concesión de préstamos, lo normal es que la petición se rechace. Lo más recomendable es cerciorarse en cada una de las entidades encargadas de administrarlas. Cualquier persona tiene derecho al acceso a esta información desde las páginas web de CIRBE, RAI (personas jurídicas) o Asnef.

El servicio de consulta es gratuito y cualquiera puede solicitar esta información -propia o de terceros- de carácter personal. Hay que presentar fotocopia de DNI, NIE o pasaporte, datos completos del domicilio donde se recibirá el informe y formulario completo de presentación que demande cada una de las entidades. La Ley de datos Personales indica que se cuenta con un plazo de un mes para que cualquier persona pueda acceder a sus datos. De esta manera, se conocerán las personas o empresas con quienes se mantenga una deuda y su información de contacto para saldarla, un paso primordial si se busca crédito en una situación de desventaja, como es el desempleo.