En el marco del plan de prevención y lucha contra el fraude fiscal, el Gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas que pretenden reducir el elevado porcentaje de economía sumergida que hay en España. Entre estas iniciativas, figura la limitación a 2.500 euros de los pagos que se realicen en efectivo, siempre que en la operación intervenga, al menos, un profesional o un empresario y entrará en vigor el 19 de noviembre. De esta forma se quieren poner trabas a la utilización de dinero negro y beneficiar a los trabajadores que estén dados de alta y cumplan con la ley. No obstante, en función de cómo se aplique la nueva normativa y la acogida que tenga entre los ciudadanos, generará unos efectos beneficiosos o perjudiciales para los autónomos, la economía y la sociedad en general. Quienes se beneficiarán seguro son los bancos, ya que aumenta el número de transacciones en las que será precisa su intervención.
Pagos en efectivo restringidos
Con la puesta en marcha de la limitación de pagos en metálico, no se podrán hacer en efectivo las transacciones cuyo importe supere 2.500 euros, o su equivalente en moneda extranjera, cuando en ellas participe una empresa o un profesional. No obstante, el importe será de 15.000 euros cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional.
Además, para evitar que se troceen las facturas con el objetivo de no pasar por el banco, se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios.
Si un ciudadano lleva su vehículo al taller y le cobran 2.700 euros por el arreglo, deberá pagar a través del banco. Lo mismo sucede si un autónomo le reforma la casa, le cambia la instalación eléctrica o coloca la grifería y en la factura figura un importe de 3.500 euros: el abono no se podrá hacer en metálico. La limitación no será aplicable a los pagos e ingresos realizados con entidades de crédito.
Si la factura es superior a 2.500 euros, los ciudadanos tendrán que pagarla a través del banco
Si se incumple la normativa, tanto el pagador como el receptor del dinero se enfrentan a multas del 25% del importe abonado. Pero Hacienda perdonará esta sanción a cualquiera de los dos intervinientes que denuncie a la otra parte, siempre que no hayan pasado tres meses desde que se realizó el pago con el que se haya cometido la infracción.
Con algunos matices, el objetivo de limitar a 2.500 euros el pago en efectivo ha tenido una buena acogida entre los trabajadores autónomos y los inspectores fiscales. Pero han realizado sus propias propuestas, como que se reduzca la cuantía, se amplíe a las operaciones realizadas por todos los ciudadanos -y no solo cuando intervenga un profesional o una empresa- o se aumenten las multas.
La iniciativa pretende reducir el fraude fiscal y poner trabas a la utilización de dinero negro
Se espera que la aplicación de la norma sea positiva para la sociedad, pero sus efectos serán diferentes para cada sector.
La banca
Los bancos serán uno de los grandes beneficiados por la decisión de limitar el pago en efectivo a 2.500 euros. Quienes tengan que abonar productos o servicios por una cuantía superior, casi estarán obligados a hacerlo a través de un establecimiento financiero.
Esto, por una parte, aumenta el número de consumidores que utilizarán bancos y cajas de ahorro, ante la imposibilidad de entregar el importe en metálico. Muchas personas harán directamente el ingreso en la sucursal -lo cual les obliga a sacarlo de esa u otra otra entidad o entregar el dinero que tengan en casa-. Otros, sin embargo, utilizarán medios de pago como las tarjetas, las transferencias o los cheques para abonar la factura. Es una fórmula más cómoda, pero en numerosas ocasiones lleva aparejados costes adicionales.
Ante la obligación de los consumidores y las empresas de realizar los pagos a través de los bancos, cabe la posibilidad de que se produzca un incremento en las comisiones que aplican. Por este motivo, la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos ATA ha pedido al Gobierno y al Banco de España que se controlen las comisiones por transferencias que cobran los bancos, que ya han subido en torno al 40% en los últimos años.
Con fecha 31 de marzo de 2012, el valor medio de una transferencia a otras entidades es de 4,53 euros. No obstante, esta cantidad puede ser muy superior si el importe que se traspasa es elevado. El ingreso de cheques en la propia plaza cuesta de media 2,94 euros y 3,13 si se hace en otra entidad.
Los profesionales
En principio, es de suponer que la medida será positiva para las empresas y los autónomos que estén dados de alta. Al estar prohibido pagar en efectivo por encima de 2.500 euros, se regularizará el pago que deja rastro y, por tanto, no se contratará con tanta frecuencia a personas que trabajen bajo el paraguas de la economía sumergida.
Pero esto solo es en teoría, ya que el efecto podría ser el contrario al deseado. Puesto que a los trabajadores legales solo se les puede pagar a través del banco si el importe es superior a 2.500 euros, cuando los ciudadanos quieran abonar en efectivo esta cantidad, podrían recurrir a profesionales que no estén dados de alta. Los autónomos que cotizan se verían en este caso perjudicados.
La economía
La iniciativa pretende reducir el fraude fiscal y poner trabas a la utilización de dinero negro. Según señalan diversos estudios, la tasa de economía sumergida en España se sitúa entre el 20% y el 23% del Producto Interior Bruto.
Si se logra reducir este porcentaje, las consecuencias para la economía serían muy favorables, en un momento en que los ingresos son muy necesarios. Pero también hay muchas posibilidades de que los efectos sean limitados.
Por una parte, se podrían fragmentar las facturas para mantener el pago en efectivo y que el dinero negro no aflore. El hecho de que el límite se haya situado en 2.500 euros y no en una cantidad más baja -1.000 euros, como proponen algunos grupos- haría que la medida no sea tan efectiva. Por último, puede que las multas, del 25% de la cantidad abonada, no sean disuasorias y a algunas personas les merezca la pena arriesgarse a saltarse la ley.
