La reforma del sistema de pensiones español ha movilizado a numerosas instituciones, que han hecho cálculos y previsiones sobre su impacto cuantitativo en materia de prestaciones y de contabilidad pública. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Instituto de Actuarios Españoles han sido dos de las primeras en hacerlos. A ellas se suman interesantes trabajos de investigación en torno al asunto. Uno de ellos es el informe que han elaborado los profesores Inmaculada Domínguez Fabián y Borja Encinas Goenechea, de la Universidad de Extremadura, en colaboración con Enrique y Mar Devesa Carpio, Robert Meneu Gaya y Amparo Nagore García, de la Universidad de Valencia. Inmaculada Domínguez, directora del grupo de investigación, asegura que con los cambios propuestos la pensión media se reducirá un 7%. Pero aunque en general las prestaciones del futuro serán más bajas, apunta que quienes se jubilen más allá de la edad legal podrían incluso salir beneficiados. En su opinión, la reforma es positiva, pero insuficiente para garantizar la viabilidad del sistema a largo plazo.
Es una reforma que va en la buena dirección. Pero, entre todos los parámetros que se podían modificar, se ha optado por uno de los más impopulares: el retraso en la edad de jubilación.
Sin lugar a dudas, consigue una mejora. Pero según nuestros cálculos, se ha quedado corta, porque no llega a los valores idóneos para que el sistema sea sostenible a largo plazo. Decir cuánto ha mejorado no es sencillo, porque hay varios indicadores que influyen en la viabilidad de un sistema de pensiones.
El indicador más utilizado por la Seguridad Social se centra en calcular la diferencia entre los ingresos y los gastos de un año concreto. Si los ingresos respecto al PIB se mantienen constantes, el propio Ministerio ha calculado que el ahorro en el gasto será del 1,4% del PIB en 2030, el 2,8% en 2040 y el 3,5% en 2050. Si las proyecciones de gasto en pensiones de jubilación, previas a la reforma, van del 6% del PIB en 2010 al 12,3% en 2050, la reforma supondría corregir algo más de la mitad del aumento previsto.
Otro indicador interesante es el Coste por Pensión Unitaria. Nos muestra cuánto cuesta “producir” una unidad de pensión. Si sobrepasa la unidad, es que el sistema entrega pensiones por debajo del precio que le cuesta producirlas. Antes de la reforma, este indicador se sitúa alrededor de 1,54 y, tras la reforma, cuando esté implantada de lleno, estará alrededor de 1,27. El coste será un 27% superior al “precio de venta”.
En resumen, creo que se consigue una mejora, pero aún alejada del punto que permitiría afirmar que el sistema es sostenible desde el punto de vista financiero.
“La reducción de la pensión dependerá, sobre todo, de los años cotizados”
Una vez implantada por completo, la pensión promedio se reducirá alrededor de un 7%. Habrá individuos que saldrán más perjudicados que otros, y sobre todo va a depender de los años cotizados. Si se tienen más de 38,5 años cotizados, no va a provocar ningún efecto. Con menos de 38,5 años, dependerá de la decisión del individuo de jubilarse a la misma edad que antes de la reforma o retrasar su retiro dos años. Si decide irse a la misma edad que antes de la reforma, perderá un 15% de pensión respecto a la situación actual, mientras que si decide retrasar dos años la jubilación, obtendrá la misma pensión que ahora, aunque le quedarán dos años menos de vida para cobrarla (un 10% de la esperanza de vida a los 65 años).
Las penalizaciones por cada año que se adelante la jubilación respecto a la edad legal han cambiado poco. Ahora hay cuatro tramos -6%, 6,5%, 7% y 7,5%- según los años cotizados y, con la reforma, han pasado a dos -6,5% y 7,5%-. Con 40 años cotizados se penalizará un 6,5% frente al 6% actual, un 0,5% menos de pensión por año que se adelante la jubilación respecto a los 65.
Con menos de 33 años cotizados no cabría la jubilación anticipada con la nueva norma, mientras que con 33 o 34 años cotizados, la penalización se mantendrá igual a la actual, con un 7,5% anual. Pero al ser la edad legal dos años superior, la reducción de la pensión será del 15% respecto al sistema actual en estos casos.
El impacto de la ampliación del número de años para el cálculo de la base reguladora y el nuevo tratamiento de las lagunas de cotización tendrá un efecto relevante. Según nuestros cálculos, la pensión promedio podría reducirse un 5%, un 0,5% por cada año que se amplíe el plazo. Conviene destacar que esta medida puede afectar de forma muy distinta a los diferentes individuos tipo. Sin embargo, tiene un efecto importante en cuanto a la mejora de la contributividad del sistema.
“Las jubilaciones anticipadas no serán posibles con menos de 33 años cotizados”
El efecto respecto a la situación actual depende de los años concretos cotizados. Con 15 años o con 37 o más, no hay ningún efecto. La pérdida de pensión se registra entre 15 y 37 años cotizados, y es máxima para el individuo que se jubila con 25 años cotizados. En este caso ronda el 9%, al pasar la tasa de sustitución que se aplica sobre la base reguladora del 80% al 72,8% tras la reforma.
Por otra parte, mientras que ahora un año menos cotizado puede suponer un 2% o un 3% menos de pensión (según el tramo de años cotizados en que se encuentre), con la reforma el efecto es constante e igual a 2,28% por año.
No parece que vaya a cambiar demasiado la situación porque se mantiene un sistema parecido al actual para escenarios de empresas en crisis. Se podrán jubilar con penalizaciones muy parecidas a las actuales, aunque influye mucho que tengan o no al menos 38,5 años cotizados.
Habrá, no obstante, dos factores que limitarán las jubilaciones anticipadas, ya que no serán posibles con menos de 33 años cotizados (ahora bastan 30) y tampoco está previsto que sean posibles si dan lugar a una pensión inferior al 100% de la mínima, salvo en situaciones de crisis. Sin embargo, aumentarán por el simple hecho de que algunos individuos decidirán no prolongar dos años la actividad pese al aumento de la edad legal de jubilación. En resumen, es posible que el número de “prejubilados” no varíe de modo significativo, aunque debe esperarse un gasto en pensiones algo menor.
Es difícil aventurar una cifra porque depende del comportamiento del individuo ante la reforma. Además, quienes tengan más de 38,5 años cotizados o una edad superior a los 67 años no tienen por qué cambiar su decisión de retiro.
El principal problema lo tendrán quienes hayan cotizado menos de 38,5 años y no alcancen los 67 años de edad, porque si quieren adelantar la edad de jubilación, tendrán que asumir unas penalizaciones altas. Aún así, habrá quien prefiera renunciar a parte de la pensión para poder disponer de más tiempo de jubilación. Cuando esté aplicada en su totalidad, es posible que aumente la edad efectiva de jubilación, pero sin llegar a dos años, que era uno de los objetivos de la reforma.
Sí, aunque nuestro grupo de trabajo valora la reforma como positiva, creemos que es insuficiente para garantizar la viabilidad y será necesario introducir nuevas modificaciones. Quizá una de las reformas que se deberían introducir sería la de aplicar, desde el primer momento, un mecanismo de ajuste de las pensiones que tuviera en cuenta el incremento de la esperanza de vida. Esto mejoraría la sostenibilidad y también aumentaría la equidad intergeneracional. Según el Proyecto de Ley, este mecanismo de ajuste se aplicará a partir de 2032.
“Habría que tener en cuenta el incremento de la esperanza de vida”
En principio, no hay ningún sistema que sea el mejor, si consideramos una serie de variables. Si existiera uno superior al resto, todos los demás habrían desaparecido, por el principio darwinista. Creemos que si están bien gestionados, bien determinadas las variables relevantes (con criterios actuariales, entre otros) y se hace un seguimiento periódico de su sostenibilidad, todos los sistemas pueden funcionar bien.
En algunos sitios se ha adoptado un sistema de capitalización, cuya principal ventaja es que responde mucho mejor que los de reparto ante situaciones demográficas adversas, como el envejecimiento o la falta de realimentación del conjunto de cotizantes. Sin embargo, uno de los principales inconvenientes es la inflación y una alta volatilidad en cuanto a los rendimientos.
Otros países se han decantado por un sistema de cuentas nacionales. Es un sistema de reparto, pero donde se fijan las aportaciones. El riesgo para el sistema es, en principio, algo menor que el de reparto de prestación definida (como el español), pero es un sistema de reparto y, por lo tanto, responde mal ante situaciones demográficas adversas.
La conclusión es que no hay ningún sistema superior a los otros, por lo que una posible solución sería utilizar un sistema mixto que diversificara el riesgo, aunque fuera a cambio de disminuir algo la cuantía promedio de las pensiones.
