Lo pide la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y lo reivindican las asociaciones. El curso comienza con miles de estudiantes con discapacidad en las aulas, pero esto no siempre significa el logro de una educación inclusiva. Con motivo de la elaboración de la nueva Ley de Educación, se reclama que se les tenga en cuenta y se aproveche el momento para conseguir una verdadera educación integrada. En este artículo se recogen las peticiones de las organizaciones de personas con discapacidad y se repasa la situación de estos alumnos, que en su mayoría estudian en centros ordinarios.
Educación inclusiva, todavía una aspiración
La educación inclusiva es todavía una aspiración. Pese a los avances logrados, no se ha conseguido que todos los alumnos con discapacidad tengan la posibilidad de cumplir su derecho a la educación en los términos en que se considerarían óptimos. La coordinadora de la Red de Niñas y Niños con Discapacidad del CERMI, Inés de Araoz, alertó ya en abril de las consecuencias de los recortes presupuestarios en el bienestar de los pequeños con discapacidad. «Estamos en un momento de estancamiento, en el que incluso se podría hablar de retroceso», aseguraba en relación a la educación inclusiva.
La mayoría de los estudiantes con discapacidad se concentra en la enseñanza pública, aquejada por recortes presupuestarios
Según Araoz, la mayoría de los estudiantes con discapacidad se matricula en centros públicos, «lo que genera mayor concentración de alumnos con necesidades especiales en esta red». De ahí la importancia de contar con ayudas públicas que garanticen programas de apoyo a los centros.
La educación integrada se valora. Incluso se premia. El Ministerio de Educación concede galardones a los centros docentes que desarrollen buenas prácticas para el alumnado con necesidades educativas especiales y en entornos sociales desfavorables. Esta iniciativa se enmarca en un intento de «proporcionar una educación de calidad a todo el alumnado, adaptada a sus necesidades», pero ha comenzado el curso y las asociaciones han reiterado sus reivindicaciones.
Propuestas de mejora en educación inclusiva
Con motivo de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), FEAPS ha aprovechado para pedir que se oriente «mucho más» hacia la inclusión educativa de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Reconoce a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como el documento clave en el que fijarse para aplicar unos procedimientos que se ajusten a su contenido. Esta petición la comparten otras entidades, que también lanzan sus propuestas de mejora:
Igualdad de condiciones. El Movimiento Asociativo FEAPS defiende que se debe dar una respuesta educativa común a todo el alumnado, de manera que los estudiantes con discapacidad intelectual sean educados en igualdad de condiciones que el resto. A su entender, «la educación tiene que estar orientada hacia la inclusión en todas las etapas», por lo que en cada una debería darse la respuesta oportuna a las necesidades.
Atención a necesidades individuales. Tras revisar el proyecto de la Ley de Educación, FEAPS asegura que «no hace mención alguna a la necesidad de realizar ajustes razonables en función de las necesidades individuales de cada escolar». Considera que así se facilitarían «medidas de apoyo personalizadas y efectivas» para potenciar al máximo las capacidades de los estudiantes con discapacidad intelectual o del desarrollo matriculados en centros ordinarios. CERMI añade que la atención temprana a niños con dificultades especiales «no es un derecho reconocido en la legislación española, de modo que su prestación no está garantizada». No siempre son accesibles los servicios de logopedia, estimulación precoz o apoyo a la movilidad.
Escolarización. El alumnado con necesidades educativas especiales no tiene asegurada una plaza en los centros ordinarios. Su escolarización depende de que estos «consideren si pueden o no atender» sus necesidades. FEAPS reclama que se garantice que ningún estudiante con discapacidad intelectual o del desarrollo sea escolarizado en la educación especial contra su voluntad y sin tener en cuenta la opinión de sus padres o tutores. CERMI lamenta el aumento de las ratios de alumnos por clase, ya que reduce el tiempo que los profesores pueden dedicar a los estudiantes con discapacidad.
Criterio del rendimiento académico. Se pide que se elimine este criterio en el momento de confeccionar las listas de admitidos. Tenerlo en cuenta en las solicitudes de admisión afianzaría «la discriminación y la situación de marginación social» de los alumnos con discapacidad.
Formación del profesorado. Este es un aspecto fundamental. Se requieren profesionales que sepan atender al alumnado con necesidades educativas especiales. FEAPS propone que la LOMCE incluya alguna mención específica a la necesidad de disponer de profesionales formados, tanto «en la toma de conciencia sobre la discapacidad» como «en el uso de técnicas y materiales educativos» para apoyarles. CERMI también estima que, por ahora, no se presta atención a la formación especializada del profesorado ni a la inclusión en los centros de programas de atención a la diversidad, «con lo que la escolarización de niños con discapacidad puede resultar en fracaso», según Araoz.
Precisamente, el Ministerio de Educación y la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) mantienen desde 2005 un convenio de colaboración para, entre otras cuestiones, contribuir a la formación permanente del profesorado en activo que atiende al alumnado con sordera. Los maestros se forman en la valoración de las necesidades de estos estudiantes, el acceso a la lectoescritura y las adaptaciones metodológicas para el acceso al currículo ordinario.
Alumnos con discapacidad, ¿dónde estudian?
Una de las pretensiones de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es defender «una educación inclusiva y de la máxima calidad». Porque todos los menores tienen este derecho para hacer frente al fracaso escolar. Por este motivo, se pide que la LOMCE recoja este principio. «En el Proyecto de Ley de la LOMCE no se cumple con la obligación de adaptar la legislación española a la Convención», advierte María José Alonso, colaboradora de la Red de Juristas de FEAPS.
En este nuevo curso que acaba de iniciarse, 7.609 alumnos con discapacidad visual grave, según la ONCE, recibirán atención educativa. El 99% (7.531) lo hará en centros ordinarios gracias a la inclusión educativa, mientras que el 1% (78 alumnos) estudiará en el centro escolar de la organización. En su caso, en los diferentes centros de la ONCE repartidos por el país se cuenta con Equipos Específicos de Atención Educativa al alumnado con discapacidad visual. Están formados por profesionales de varios ámbitos (maestros, técnicos de rehabilitación, psicólogos, etc.), que planifican las intervenciones con los estudiantes mediante convenios con las administraciones educativas.
Los alumnos con sordera también estudian en su mayoría (más del 82%) en centros ordinarios, una cuestión importante para su integración. Sin embargo, otro de los aspectos que preocupan a los padres son las actividades extraescolares. FAMMA COCEMFE Madrid ha confirmado que «muchos de los denominados centros de integración preferente no pueden facilitar actividades extraescolares» a los niños con discapacidad, al carecer de recursos sociosanitarios de apoyo. El objetivo es que estos estudiantes puedan realizar actividades extraescolares igual que el resto de sus compañeros, por lo que se pide a los centros que cuenten con los recursos humanos y materiales suficientes para que el alumnado con discapacidad no tenga que quedarse en el aula o en casa.
