La contaminación acústica es «una de las más perversas que existen, porque influye directamente en la salud» de las personas, advirtió Ignacio Sáenz Cosculluela, presidente de la Plataforma Estatal de Asociaciones contra el Ruido (PERCRAM), con motivo de la celebración hoy del Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido.
Si bien el tráfico es la principal fuente de contaminación acústica en España, el ruido procedente del ocio nocturno y las molestias vecinales se sitúan a la cabeza de las denuncias de los ciudadanos, señaló Sáenz Cosculluela. Así, el tráfico sólo es motivo de denuncia en un 5% de los casos, ya que «el ciudadano da por hecho que hay que aguantar este tipo de molestia porque es inherente a la civilización». Sin embargo, casi un 28% de las denuncias tienen como motivación el ruido procedente del ocio nocturno (bares, discotecas y botellón) y de los vecinos (televisión, taconeo, voces, etc).
La realidad es que más de 12 millones de españoles soportan niveles de ruido por encima de los 65 decibelios, el límite aceptable establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que asegura que España es el segundo país más ruidoso del mundo, tras Japón. Sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señalan que cuando una persona tiene que soportar cotidianamente valores de ruido superiores a los 65 decibelios «ya empieza a tener un serio problema de salud», afirmó Sáenz Cosculluela.
Consecuencias
Se ha demostrado que la contaminación acústica provoca estrés, ansiedad, insomnio, pérdida de atención, pérdida auditiva, retraso escolar o baja productividad. Ya se han dado dos casos en España de fallecimientos por infartos a causa del estrés provocado por el ruido, aseguró el presidente de la citada plataforma.
A pesar de la existencia de una Ley del Ruido, aprobada en 2003, el problema no se ha resuelto. Esta norma «está hecha para las grandes infraestructuras, pero el ruido vecinal lo deja en manos de las comunidades autónomas», criticó Sáenz Cosculluela. Existe «una gran disparidad» entre las leyes autonómicas y las ordenanzas municipales y la mayoría «carecen de un articulado eficaz, es decir no tienen principios de precaución».
