La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU en sus siglas inglesas) es un negocio millonario en aumento con graves consecuencias ecológicas y económicas. Así lo denuncian tanto instituciones de todo el mundo como diversas organizaciones ecologistas. Aunque los gobiernos aprueban normas cada vez más estrictas, la falta de medios para su control y las lagunas legales son aprovechadas por los “piratas” pesqueros para continuar su ilegal actividad.
Al tratarse de una actividad fraudulenta es muy difícil conocer la cantidad exacta de la pesca IUU. No obstante, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), basándose en actividades detectadas, ha estimado que podría representar un 30% de las capturas totales en algunas pesquerías importantes y una práctica tres veces superior al volumen autorizado en determinadas especies. Estos volúmenes de pesca ilegal supondrían un negocio mundial de entre 3.000 y 10.000 millones de euros al año. En cuanto a las infracciones más comunes, la FAO señala la falta de autorizaciones legales, la pesca de especies protegidas, la utilización de artes de pesca prohibidas o la superación de las cuotas de captura.
La Red Internacional de Monitoreo, Control y Vigilancia para Actividades Relacionadas a la Pesquería (IMCS), una iniciativa para combatir la pesca ilegal en todo el mundo, indica que el problema estaría aumentando como consecuencia del incremento mundial de la demanda de pescado y de los barcos piratas que venden sus capturas en cualquier lugar del mundo sin conocimiento de las autoridades.
La pesca ilegal supondría un negocio mundial de entre 3.000 y 10.000 millones de euros al añoPor ello, las iniciativas institucionales para frenar este problema son cada vez más numerosas. Recientemente, más de 80 países suscribían en la sede de la FAO en Roma un acuerdo internacional que, cuando entre en vigor, obligará a todos los buques que deseen atracar en puerto a transmitir previamente información sobre su actividad y el pescado que llevan a bordo. Asimismo, se reforzará una red de intercambio de información entre los países, de manera que se pueda denegar el acceso a buques implicados en la pesca ilegal, y se dotará a los puertos de equipos especiales para inspecciones.
En el ámbito comunitario, la Unión Europea (UE) adoptaba en octubre de 2008 un Reglamento contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Esta normativa, que entrará en vigor en 2010, sancionará a los barcos o las personas comunitarias implicadas en la pesca ilegal en cualquier parte del mundo, así como a los barcos de terceros países en aguas comunitarias.
Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) destaca que España se encuentra a la vanguardia normativa dentro de la UE en la lucha contra la pesca IUU, y que ha conseguido que los demás Estados miembros fortalezcan, con normas comunes, las medidas de lucha contra los buques de terceros países implicados en estas actividades. Sus responsables recuerdan que desde el primer momento se ha aplicado el Plan de Acción Comunitario de lucha contra la pesca ilegal y que algunas de las normas aprobadas son precursoras en Europa. Por ejemplo, el Real Decreto de 28 de marzo de 2008 amplía el ámbito de actuación de los inspectores de pesca, mientras que el Real Decreto de mayo de 2008 permite sancionar cualquier actividad de pesca IUU detectada en territorio español, con independencia del buque o de la nacionalidad de sus autores.
En la actualidad, el MARM trabaja en la elaboración de un anteproyecto de ley para modificar la Ley de Pesca Marítima del país, de manera que se refuerce el control de los productos pesqueros. Asimismo, colabora con las comunidades autónomas, que tienen la corresponsabilidad normativa en materias como la comercialización y la política pesquera común (PPC).
Todos estos esfuerzos se han visto traducidos en un aumento del control de la pesca ilegal. Según datos del MARM, durante 2007 se realizaron 2.689 inspecciones en puerto, unas 2.100 en el mar, tanto en el caladero nacional como en caladeros de aguas internacionales y más de 4.800 avistamientos de pesqueros en la mar desde los medios aéreos de inspección pesquera.
Medidas prácticas insuficientes
Un detallado estudio de la organización conservacionista marina Oceana sobre la pesca IUU señalaba que, si bien hay una gran variedad de normas internacionales, en la práctica su debilidad y las lagunas jurídicas permiten que la pesca ilegal se siga produciendo. Aunque el informe es de diciembre de 2003, sus responsables aseguran que sus conclusiones se pueden seguir aplicando en la actualidad.
Durante 2007 se realizaron en España 2.689 inspecciones en puerto, unas 2.100 en el mar y más de 4.800 avistamientos de pesqueros en la mar desde el aireComo ejemplo de esta afirmación, Ecologistas en Acción recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) sancionaba recientemente a España por la falta de control pesquero en el Golfo de Cádiz. Los responsables de esta ONG recuerdan que en la zona del Estrecho se siguen utilizando artes ilegales y comercializando peces de talla inferior a la reglamentaria
Por su parte, los responsables de la FAO reconocen que las medidas para controlar la pesca ilegal son caras y difíciles de llevar a cabo, sobre todo para los países en desarrollo, con escasez de recursos y grandes áreas marinas que controlar.
Imagen: Ana AbreuNo obstante, organizaciones como Greenpeace o la citada Oceana afirman que una de las medidas más efectivas y sencillas sería evitar el abuso de la utilización de las banderas de conveniencia (BDC). Las compañías ilegales utilizan banderas de países que no preguntan por la actividad de sus buques, lo que les permite eludir las normas. Por ello, estas ONG recomiendan a los gobiernos que cierren sus puertos y sus mercados a estos buques y a los que les apoyan, que eviten que sus empresas utilicen estas BDC y que controlen el intercambio en alta mar de estos barcos.
Ecologistas en Acción considera que la pesca ilegal forma parte del modelo pesquero actual, por lo que solicita transformarlo hacia la sostenibilidad, mediante una serie de medidas «urgentes»: desarrollar una red de Áreas Marinas Protegidas (AMP) y Reservas Pesqueras para recuperar los caladeros; invertir en estudios para conocer los ecosistemas; incentivar las cooperativas pesqueras en torno a las reservas; desechar las artes de gran capacidad destructora y con alto porcentaje en descartes; planificar un plan de eficiencia energética para disminuir la dependencia de combustible de la flota; y evitar vertidos en las zonas costeras.
Las consecuencias negativas de esta actividad ilegal son diversas:
- Aumenta la escasez de las especies pesqueras: el 25% de las especies controladas por la FAO están sobreexplotadas o agotadas. Algunas especies están particularmente en peligro: el 66% de las poblaciones de peces transzonales y de alta mar, como la merluza blanca, el bacalao del Atlántico, el mero, el pez reloj anaranjado, el tiburón elefante o el atún rojo, se encuentran sobreexplotadas o agotadas. Asimismo, la FAO señala el Atlántico sudoriental, el Pacífico sudoriental, el Atlántico nororiental y los caladeros de pesca en alta mar del atún en los océanos Atlántico e Índico como las zonas actuales más vulnerables.
- Provoca impactos ecológicos colaterales: la utilización de artes de pesca ilegales, como las redes de deriva, ocasiona capturas accidentales de especies como delfines, rayas, tortugas, incluso años después de estar perdidas en el mar.
- Implica graves daños económicos: pone en riesgo el futuro de la actividad pesquera, especialmente en países en vías de desarrollo que dependen en gran medida de esta fuente de recursos. Además, supone una competencia desleal para las flotas que actúan de manera legal, lo cual afecta especialmente a España, que cuenta con la segunda flota más importante dentro de la UE en cuanto a número de barcos.
