Los sectores médicos y sanitarios implicados en el desarrollo de la Ley de Dependencia, reunidos en Madrid, aseguran que es necesario mejorar la prevención, la atención del paciente, la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales y atender las opiniones y necesidades de cuidadores y familiares. En opinión de los expertos, los cuidadores se enfrentan diariamente al desconocimiento y a la ausencia de información sobre los recursos disponibles, además de a factores de estrés emocional, ansiedad, soledad y falta de apoyo social.
Cuidar a una persona con discapacidad física o psicológica, según se está constatando en los servicios de atención primaria o en estudios epidemiológicos recientes, puede acabar convirtiéndose en un factor de riesgo para el cuidador. Pero no sólo por sus implicaciones en forma de aumento de incidencia de patologías, especialmente las asociadas a la salud mental, sino también por los problemas planteados en otros ámbitos de la vida como los económicos, los laborales o los familiares. Buena parte de estos problemas, aunque pasan desapercibidos en el entorno inmediato de enfermo y cuidador, suelen ser detectatados por los especialistas de atención primaria. Así se desprende del Foro de Debate sobre la Ley de Dependencia y su Aplicación en el Ámbito Sanitario, celebrado recientemente en Madrid. En la reunión, los médicos de atención primaria aseguraron encontrarse en una «situación privilegiada» para detectar situaciones de riesgo, evaluar sus diferentes grados y elaborar los planes de cuidados adecuados a cada caso.
En palabras de Rafael Rodríguez Martín, vocal de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), los médicos de familia «están siempre al frente del cuidado y de la atención del paciente dependiente en su domicilio o entorno social». Con la organización de este foro en Madrid, el pasado febrero, SEMERGEN se propuso reforzar y potenciar el compromiso que esta área de la medicina tiene adquirido con los pacientes dependientes y su entorno, los cuidadores.
Participaron también en el Foro el vicepresidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Jesús Aguirre, y el presidente del Foro Español de Pacientes, Albert Jovell, junto a representantes de diferentes asociaciones de pacientes, los grupos de trabajo de Medicina Legal, Atención al Anciano y Cuidados Paliativos de la SEMERGEN, representantes de las diferentes consejerías autonómicas de Salud, presidentes de colegios de médicos y una nutrida representación de médicos de familia.
Marco jurídico
La Ley aprobada trata de regular condiciones básicas de promoción de la autonomía personal y de la atención a personas en situación de dependencia mediante la creación de un sistema nacional que, además de servir de nexo entre las distintas administraciones, permita optimizar los recursos públicos y privados disponibles y organizarlos en los distintos niveles de intervención. En aplicación de esta ley, cada comunidad autonómica deberá diseñar a partir de ahora su propio Plan de Acción Integral.
«Aunque se empieza a tener en cuenta el papel del cuidador, todavía hace falta que se le den mayores facilidades en todos los ámbitos de su vida laboral o familiar»
Para el presidente de la SEMERGEN, Julio Zarco, «es un logro importante para la sociedad española haber sido capaces de constituir entre todos el cuarto pilar del bienestar: un sistema de atención a la dependencia que garantice los cuidados sociosanitarios de los ciudadanos dependientes, ya sea por motivo de su edad o bien por la patología invalidante que presenten». No obstante, Zarco critica que la actual ley haya focalizado su atención sobre los aspectos sociales de los ciudadanos dependientes, no desarrollando los aspectos sanitarios de los cuidados de que deberán ser objeto.
La situación ha venido propiciada, en opinión de Zarco, porque la Ley «ha sido gestada básicamente en el Ministerio de Trabajo, sin ser debatida por el colectivo sanitario». Zarco abogó en el Foro por que sean los médicos de atención primaria quienes centren y coordinen los cuidados integrales del ciudadano dependiente, reconociendo que el papel de la enfermería de atención primaria es asimismo una pieza clave en dicho proceso. «Dada la juventud de la Ley y su infradesarrollo en los aspectos sanitarios, queremos generar un foro de reflexión profesional y que los médicos de Atención Primaria den su opinión al respecto», insiste.
Todos con los cuidadores
Otra crítica al redactado de la actual Ley de Dependencia procede del hecho de no haber tenido en cuenta la opinión del Foro Español de Pacientes, que representa a más de 600 organizaciones de enfermos de todo el país. Según su presidente, Albert Jovell, «se trata de una declaración de intenciones que habrá que comprobar si está dotada económicamente de manera adecuada (muchos consejeros autonómicos de Salud ya han afirmado que no) y si sus resultados han de ser evaluados». Por ahora, subraya Jovell, se trata sólo de una norma teórica. Y, «aunque se empieza a tener en cuenta el papel del cuidador, todavía hace falta que se le den mayores facilidades en todos los ámbitos de su vida laboral o familiar», añade.
Los cambios sociales propios del siglo XXI, junto con el envejecimiento creciente de la población han llevado a una modificación de los sistemas de apoyo familiar clásicos, haciendo cada vez más difícil la tarea de cuidar a un familiar enfermo o incapacitado. Ésta es una cuestión de plena actualidad, como demuestra la reciente aprobación de la Ley de Dependencia. «La tendencia debiera ser, por un lado, la de garantizar los cuidados a las personas dependientes y, por otro, reconocer la importante labor que realizan los cuidadores familiares», señala Jovell.
Según han demostrado numerosos estudios epidemiológicos, existe un cuerpo cada vez mayor de costes directos e indirectos relacionados con la actividad del cuidador familiar. Además, «aparecen consecuencias tales como el desgaste emocional y la despersonalización de la asistencia; la insatisfacción personal por tener que estar siempre pendientes de una tercera persona y una cierta consideración de marginalidad social», explica el experto.
En España, según una encuesta reciente sobre deficiencias, discapacidades y estado de salud, viven hoy más de tres millones y medio de personas dependientes (aproximadamente el 9% de la población total). Casi dos terceras partes de esta población presentan una edad superior a los 65 años. En la mayoría de los casos (más del 80%) las personas dependientes son atendidas en sus casas por cuidadores familiares quienes, además, se encargan de costear los gastos derivados de su atención. El gasto social en España (20% del PIB, lo que supone una cuantía de 3.253 euros anuales por persona) es uno de los menores de Europa, sólo por delante de Irlanda y muy alejado de Suecia (que, con un 36%, ocupa el primer lugar continental).
La Ley 39/2006 de 14 de diciembre, también llamada de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, consta de 47 artículos y un pliego de disposiciones adicionales, transitorias y finales. Tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con la colaboración y participación de todas las administraciones públicas y la garantía de un mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio estatal.
La ley define la autonomía individual como «la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir, de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria». Por contra, señala como dependientes a aquellas personas «que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal».
