El contagio de un menor de seis años con difteria en Olot (Girona) que no había sido inmunizado ha puesto el foco de atención sobre el conocido movimiento antivacunas. Esta corriente de opinión, que se opone a la inmunización por causas principalmente naturalistas y creencias personales, encuentra su origen en el año 1998. Fue entonces cuando el doctor Andrew Wakefield, en la actualidad cesado, encendió la llama mediante un artículo publicado en la revista The Lancet, en el que acusaba a la vacuna Triple Vírica del sarampión, rubéola y paperas de provocar autismo en menores.
Años después, la teoría de Andrew Wakefield sobre las vacunas y el autismo ha quedado por completo desmentida, pero el bulo logró calar hondo en la mentalidad de miles de familias, en especial en Estados Unidos. Allí, rostros sobradamente conocidos como el actor Jim Carrey han mostrado su apoyo al movimiento. El último brote de sarampión con germen en el parque temático de Disneyland (California) ha acabado por llevar la aprobación en el Senado de una propuesta que busca prohibir al acceso a los jardines de infancia a todos aquellos niños no vacunados por «motivos personales» y admitiendo únicamente la exención por motivos médicos.
En España, La Liga para la Libertad de la Vacunación se presenta como la agrupación antivacuna más destacable. Se definen como «una asociación de ciudadanos preocupados por la rigidez e indiscriminación de los programas vacunales» y encabezan su manifiesto con un alegato según el cual las inoculaciones no son «la solución a todos los problemas de la humanidad».
La desconfianza ante las vacunas
Desde La Liga critican la imparcialidad de las autoridades, que «no respetan la autonomía, voluntad y libertad de elegir de los ciudadanos» a la hora de administrar la inoculación. Además, se ofrecen a realizar observaciones médicas urgentes a todas aquellas personas que «sospechen del efecto dañino de alguna vacuna» y animan a «abstenerse de inocularse las nuevas vacunas en el mercado» pues, defienden, «no existe información epidemiológica suficientemente contrastada sobre las mismas».
Entre el 3% y el 5% de las familias españolas rechazan vacunar a sus hijos
El conjunto defiende que «a pesar de las investigaciones realizadas, el sistema inmunitario sigue siendo un gran desconocido para la Medicina», por lo que califican de arriesgado «aplicar la vacunoprofilaxis masivamente, es decir, infectar de modo artificial a la población». En este sentido, definen los conservantes presentes en la composición de las vacunas como «agentes tóxicos» que acarrean «efectos adversos que suelen ser minimizados o ignorados».
Tras la reaparición 30 años después de una enfermedad como la difteria que se creía prácticamente extinguida, La Liga para la Libertad de la Vacunación ha emitido un comunicado defendiendo que la difteria ya había remitido un 90% en España «antes de que se introdujeran unas pocas dosis». Además, afirman que «en la composición de la vacuna de la difteria están presentes componentes tóxicos de alta capacidad lesiva para el organismo vacunado» pudiendo llevar a lesiones neurológicas y renales e incluso a la muerte.
Desde la agrupación llaman a los padres que no vacunan «a mantenerse en su decisión» y a las autoridades sanitarias «a que hagan un análisis correcto de la vacunación».
Vacunas personalizadas contra la masificación
Menos tajante resulta la Asociación de Afectados por las Vacunas, conformada por familiares de menores que han sufrido daños asociados a la inmunización. Sus objetivos previstos se centran en «ayudar a las personas afectadas por los daños que provocan las vacunas y abrir un debate sobre los aspectos de seguridad y eficacia de las mismas». Dejan claro no estar en contra de las vacunaciones, sino que las inoculaciones «sean personalizadas» y se apliquen únicamente «aquellas que sean verdaderamente necesarias, efectivas y seguras».
Este grupo ha decidido también pronunciarse tras la noticia: «La decisión de vacunar o no es muy personal. ¿Derecho de los padres o de los hijos? Creemos que antes habría que respetar el derecho a la salud y a la integridad de las personas, por lo que apelamos a la responsabilidad de los organismos oficiales, a fin de garantizar unos productos seguros», determinan.
Pasada una semana desde el contagio, pediatras, epidemiólogos y administraciones han denunciado el caso motivado por este posicionamiento que en España, calculan, cuenta con pocos apoyos; solo entre un 3 y un 5 por ciento de las familias eligen no vacunar a sus hijos.
