La Delegación Provincial de la Consejería de Salud de Huelva ha admitido, en un escrito remitido a los ayuntamientos, que desde mediados de agosto existían análisis en los que se habían detectado problemas de potabilidad en el agua que abastece a diez municipios de la comarca del Condado, con una población de unos 40.000 habitantes, si bien la orden de prohibir el consumo no se emitió hasta el pasado jueves.
En el mismo documento, el delegado provincial de Salud, José Ramón Pozuelo, apunta que la Mancomunidad de Agua del Condado, presidida por el alcalde de Bollullos, Carlos Sánchez (PSOE), responsable de la gestión de la Estación de Tratamiento donde al parecer ha surgido el problema, por una elevada concentración de trihalometanos y cloro residual, no cumplió con el protocolo que le obligaba a comunicar la situación en un plazo máximo de 24 horas.
Así lo aseguró el alcalde en funciones de La Palma del Condado, Manuel García (PP), que al mismo tiempo denunció una cadena de negligencias, en la que incluye a la Delegación de la Consejería de Salud, por la que nadie quiere asumir responsabilidades. Según Manuel García, los análisis de agosto los realizó un laboratorio externo a la Mancomunidad, y ésta argumenta que no les comunicaron los resultados. Pero se da la circunstancia de que la referida Planta Depuradora, señaló el alcalde en funciones de La Palma del Condado, tiene su propio plan de seguimiento de la calidad del agua, y sin embargo sostiene que no observó anomalía alguna. Fue ya el 25 de septiembre cuando Salud conoció que los trihalometanos y el cloro residual presentaban niveles superiores a los permitidos.
