El Ministerio de Sanidad salió ayer al paso de las declaraciones de dos médicos detenidos en la red de distribución de fármacos ilegales asegurando que tanto Bio-Bac como Inmunobiol -dos presentaciones diferentes del mismo preparado- no son medicamentos, sino productos clandestinos vendidos al margen de los canales habituales de distribución de fármacos. Asimismo, señaló que nunca estuvieron financiados por el sistema público de salud.
No obstante, la ministra de Sanidad, Ana Pastor, admitió que «parece que hubo algún reembolso de gastos por parte de alguna Dirección Provincial» del Insalud a pacientes que habían adquirido Bio-Bac, prescrito como una fórmula magistral. El director de la Agencia Española del Medicamento, Fernando García Alonso, precisó que estas situaciones aisladas se habían producido antes de existir la Ley del Medicamento, lo que permitió a los fabricantes del citado producto beneficiarse de un vacío legal. «Nunca estuvo autorizado, pero antes de la ley intentaron venderlo como fórmula magistral. Y sí, hubo reembolso en casos aislados, pero nunca estuvo financiado por el sistema público».
Según explicó Pastor, «el Ministerio actúa siempre que tiene conocimiento de que se está vendiendo como medicamento un producto que no lo es». En este caso, se refirió a denuncias procedentes de varias ciudades españolas que no quiso precisar por seguir en marcha la investigación. Además, indicó que «los profesionales sanitarios tienen conocimiento de todos los medicamentos autorizados, porque tienen información exhaustiva de lo que prescriben. Ningún profesional bien informado prescribe lo que no está autorizado».
El director de la Agencia Española del Medicamento, Fernando García Alonso, y el subdirector general de Seguridad de Medicamentos, Ramón Palop, insistieron en la dificultad de controlar este tipo de venta clandestina. El producto solía desaparecer de la escena cada vez que recibía una decisión contraria de las autoridades sanitarias o judiciales. «Desde 1993-94, cuando se le negó la categoría de medicamento y no se autorizaron ensayos clínicos, prácticamente había desaparecido», dijo García Alonso. Y las fórmulas magistrales también deben considerarse medicamentos, indicó Palop.
La ministra indicó que «presumiblemente, su composición parece inocua», sin embargo recomendó a los pacientes que visiten a su médico de cabecera o especialista y que no abandonen el tratamiento que éstos les hayan prescrito. Insistió en que los medicamentos deben adquirirse por los canales habituales de distribución, y que en todo fármaco debe figurar, obligatoriamente, un registro sanitario.
Sobre los posibles efectos beneficiosos de Bio-Bac, los representantes de Sanidad se mostraron tajantes: «No hay pruebas científicas, y nunca se aportó información suficiente para iniciar ensayos clínicos. Una ponencia o el testimonio de un paciente no resultan válidos» para avalar un fármaco, subrayó García Alonso.
En cualquier caso, una vez levantado por la juez el secreto sumarial, Ramón Palop informó de que se procederá al peritaje de todo lo confiscado. «Esto incluye el análisis del compuesto, con pruebas sobre su inocuidad, y el estudio de la documentación. Es difícil calcular el tiempo que nos llevará, posiblemente no más de dos semanas».
«Ha sido un montaje»
Esta fue la réplica de Sanidad al testimonio de los médicos Alberto Martín Bosch y Fermín Moriano, que actuaron como portavoces de los detenidos, quienes señalaron que la «Seguridad Social había prescrito durante algún tiempo Bio-Bac», que «todo ha sido un montaje», que «ninguno de los médicos implicados cobró por recomendarlo» y que «Sanidad jamás informó por los cauces pertinentes de que se trataba de un producto ilegal».
Ambos afirmaron que ninguno había recomendado a sus pacientes abandonar la medicación convencional porque Bio-Bac se considera un tratamiento complementario. «A los pacientes se les decía que se trataba de una terapia alternativa, un suplemento vitamínico, compatible con cualquier terapia», dijo Fermín Moriano. Tampoco les consta que ninguno de los pacientes abandonara el tratamiento convencional. Según Martín Bosch, el Ministerio de Sanidad nunca informó de que se tratara de un fármaco ilegal, a pesar de que cualquier producto anómalo se retira rápidamente.
Por su parte, la presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, Juliana Fariña, respaldó esta opinión: «No es un timo ni una estafa; es un producto que estaba a la venta y lo sabía Sanidad». Fariña añadió que este producto «había estado en la Seguridad Social hace muchos años y no había sido denunciado. Sanidad sabía de su existencia porque ha sido presentado en multitud de sitios. Otra cosa es que no haya pasado el registro. Considero que la sustancia estaba dándose en función de los resultados que se obtenían». Tras señalar que no tenía constancia de que Bio-Bac se estuviera anunciando en Internet, agregó que «la red no es el mejor sitio para comprar medicamentos».
Intereses ocultos
Tanto Moriano como Martín Bosch dejaron entrever que podría haber intereses económicos detrás de toda la polémica. Al parecer, Fernando Chacón, el supuesto «inventor» de Bio-Bac y de Inmunobiol, no habría querido vender la patente por 15.000 millones de pesetas a una multinacional farmacéutica. El temor de Chacón era que nunca saliera al mercado porque podría dejar sin negocio a otros laboratorios.
Ambos facultativos todavía defendieron ayer las bondades de Bio-Bac, una sustancia «que actúa como un inmunomodulador del sistema inmunitario y alivia poderosísimamente a los enfermos que reciben quimioterapia». A su juicio, su eficacia viene avalada por los testimonios de numerosos pacientes que llevan tomándolo durante años, algunos más de veinte.
Sin embargo, dijeron desconocer cómo se trabajaba en Farmacéutica Chacón, el laboratorio clandestino donde se fabricaban Bio-Bac e Inmunobiol y que fue desmantelado por la Guardia Civil. Tampoco pudieron explicar por qué en un laboratorio había cinco armas de fuego o algunos medicamentos aparecían mezclados en una nevera, junto a restos de comida.
