El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) del próximo lunes propondrá un crecimiento decisivo en los recursos destinados a los enfermos mentales y a sus familias. Además, insistirá en cuestiones tan relevantes como la prevención, el diagnóstico precoz, el tratamiento, la rehabilitación, la investigación o la reinserción.
Los trastornos mentales constituyen la causa más frecuente de enfermedad en Europa, por delante de las dolencias cardiovasculares y del cáncer. Se estima que su coste económico se sitúa entre el 3% y el 4% del Producto Nacional Bruto (PNB), por encima de los 182 millones de euros anuales.
En España, el 9% de la población padece al menos un trastorno mental. Algo más del 15% lo sufrirá a lo largo de su vida. Cabe destacar también que más de la mitad de las personas que necesitan tratamiento no lo reciben y de las tratadas un porcentaje significativo no lo es adecuadamente.
El plan de Sanidad apuesta por apoyar la llamada «psiquiatría comunitaria», un sistema que favorece la integración de los pacientes en las redes y dispositivos sociales y que es más rentable que la asistencia en hospitales psiquiátricos convencionales.
Sin embargo, la reforma se enfrenta a numerosos problemas: la insuficiencia de recursos humanos especializados en salud mental; la escasez de recursos de rehabilitación; la falta de reinserción social de calidad; el insuficiente desarrollo de la prevención, y la falta de una integración de la red de atención a las drogodependencias.
Estrategias
Para luchar contra estas deficiencias se proponen varias líneas estratégicas. La primera apuesta por impulsar la inclusión de acciones de prevención de riesgo psicosociales (estrés laboral) y de los trastornos mentales asociados con el trabajo en los planes de salud laboral. Asimismo, se estipula que el ingreso de las personas con trastornos mentales en fase aguda se realice en unidades de psiquiatría integradas en los hospitales generales, que deberán ser adaptados.
Una segunda estrategia consiste en la implantación de un protocolo de actuación que desvíe rápidamente a los enfermos mentales hacia los especialistas.
Asimismo, se apuesta por promover la cooperación y la corresponsabilidad de todos los departamentos y agencias involucradas en la salud mental y por la creación de áreas específicas que se dediquen a la psiquiatría y psicología en la infancia y la adolescencia, psicoterapia, psicogeriatría, psiquiatría forense y adicciones.
También se busca potenciar la investigación en salud mental mediante el establecimiento de un marco laboral estable para los investigadores, y la puesta en marcha de un sistema de información.